La riada más mortífera del último medio siglo no ha evitado que el PP de Balares y Vox ratificasen este martes el permiso para construir nuevas promociones de vivienda en zonas inundables. A raíz de la experiencia de la dana de València, los populares intentaron corregir la ley a última hora, pero no lograron un acuerdo con la oposición para introducir las enmiendas necesarias. La norma ha causado una gran indignación en el archipiélago y demuestra que en muchos lugares, después de décadas de riadas, todavía se prioriza al sector de la construcción sobre la seguridad ciudadana.
Las competencias en ordenación urbana son de los ayuntamientos, con la supervisión de las comunidades autónomas, de manera que unas regiones son más laxas que otras que en otras a la hora de edificar junto a ramblas fluviales. En el caso del área metropolitana de València, donde más de 50 municipios fueron arrasados por el lodo, miles de viviendas estaban en zonas inundables porque se construyeron en el siglo pasado, pero casi un tercio de las casas dañadas se construyeron a partir del año 2000, según un análisis de Datadista, cuando ya se conocía de sobra las áreas de desbordamiento de los ríos.
Durante el boom inmobiliario se ignoraron por completo las normas de prevención de riadas, pero el problema se alarga hasta hoy. Los expertos señalan que, salvo que lo prohíba la comunidad autónoma, levantar una casa en una zona inundable es posible si el suelo está catalogado como urbanizable, y la competencia para elaborar estos mapas es del Gobierno autonómico. "Los planes urbanísticos los preparan los ayuntamientos, pero los aprueban las comunidades. La responsabilidad de construir en una zona inundable es siempre autonómica", afirma Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Como hay 17 normativas diferentes, saber dónde se puede construir y dónde no depende de múltiples factores. Hay planes de protección civil autonómicos, planes de riesgos de inundaciones de las cuencas hidrográficas, planes de acción contra inundaciones de las Consejerías de Medioambiente, y dependiendo de la región, las normativas son más modernas o están obsoletas. Por encima de todas estas normativas está la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que limita de una manera genérica la edificación en zonas inundables, pero "son de mínimos", explica Julia Martínez. "Es una normativa tímida que no está al nivel que debería, teniendo en cuenta la agresividad del cambio climático", añade.
El reglamento hidráulico, de hecho, permite construir nuevos edificios residenciales en zonas inundables siempre que las viviendas estén a una altura suficiente para no inundarse en un periodo de retorno de 500 años (expresado como T500). Este concepto del periodo de retorno es clave en la normativa e indica la probabilidad de que un área se inunde en lo siguientes x años. Un nivel de inundación T500 es un riesgo bajo, ya que hay una probabilidad del 0,002% de riada, pero con la dana de València del 29 de octubre se superó por mucho el escenario T500, puesto que el cambio climático produjo un episodio de lluvias muy por encima del que incluía la estadística.
De esta manera, las excepciones que tiene la legislación para construir en zonas inundables —los riesgos asumibles— abren la puerta a grandes catástrofes fluviales a medida que la gota fría es cada vez más potente. Según un análisis del Observatorio de Sostenibilidad, en España hay 957.561 personas que viven en una zona con una probabilidad de inundación cada 100 años (T100), y Murcia (319.000 personas), Cataluña (161.000), Andalucía (128.000) y Castilla y León (116.000) son las que aglutinan más población en peligro. Y estas cifras ya se han quedado obsoletas porque fueron calculadas la década pasada.
Fernando Prieto, investigador del Observatorio de Sostenibilidad, lleva años proponiendo crear una etiqueta para las viviendas que califique su riesgo de inundación de la A a la G, igual que existe una calificación energética. "Serviría para que la gente se lo piense dos veces a la hora de comprar la casa, especialmente si viene un extranjero o alguien que no conoce la zona y no sabe lo que está comprando", resume.
Los casos de Baleares y Valencia
Si el Reglamento del Dominio Público Hidráulico es una normativa de mínimos, es para que las comunidades autónomas amplíen esta protección para garantizar la seguridad. En Baleares, el anterior Gobierno del PSOE con Podemos y Més Mallorca prohibió la construcción en suelo rústico y la recalificación del suelo inundable como suelo urbanizable a raíz de las inundaciones de Sant Llorenç de 2018. Pero el PP y Vox decidieron en mayo tumbar las dos medidas a través del decreto de "medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas".
La dana de València desató una ola de críticas hacia la ley y el PP trató de aprobar a última hora una serie de enmiendas para corregir el decreto, para lo que necesitaba el apoyo de todos los partidos, pero la oposición rechazó el pacto porque los populares se negaban a amnistiar también a los que ya tienen una casa construida en zonas de riesgo, de manera que la ley se ratificó este martes en el Parlament. "Cuando publicaron el decreto en mayo les dijimos que era una barbaridad", señala Mercedes Garrido, diputada del PSOE balear. "Nosotros sacamos adelante esas protecciones porque en las inundaciones de 2018 murieron 13 personas. No han aprendido nada", añade.
El Colegio de Ingenieros Forestales de Baleares también salió a criticar la ley, con el pretexto de que da una falsa sensación de seguridad y la gente olvida el peligro de las riadas. "La cultura de la seguridad se tarda décadas en construir, y los pasos atrás en la protección frente a incendios e inundaciones no ayudan a tener una sociedad madura", opina Luis Berbelia, ingeniero de montes del colegio balear.
Así ha sido el primer mes de la dana en Valencia: claves para entender un desastre inédito
En la Comunitat Valenciana, uno de los puntos negros por inundaciones en España, la urbanización de zonas inundables depende del Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), de 2015. Allí se contempla que cualquier zona incluida en el cauce de un río (Dominio Público Hidráulico) o en una zona inundable pierde su clasificación como suelo urbano y urbanizable. Es decir, qu no se puede construir viviendas, granjas, gasolineras, edificios industriales, etc.
Sin embargo, ese mismo plan autoriza construir "viviendas y establecimientos hoteleros" en zonas de nivel de riesgo de inundación 6, que equivale a una probabilidad de escorrentía de entre 100 y 500 años (T100-T500), con un calado (profundidad del agua) de menos de 80 centímetros. Este punto tenía sentido cuando fue redactado, pero la dana del 29 de octubre superó por mucho el periodo de retorno de 500 años. Es decir, lo que antes tenía una probabilidad de 0,002%, ahora puede ocurrir de manera frecuente por el cambio climático.
El plan también incluye otra excepción que abre la puerta a viviendas en zonas elevado riesgo. Los municipios con "elevada peligrosidad de inundación" pueden recalificar terrenos inundables como "urbanos o urbanizables" si más del 66% de su territorio está en riesgo, porque se entiende que si no, no podrían expandirse. Según el registro de la conselleria, hay 32 municipios exentos, como Algemesí o Beniparrell, dos de los afectados por la dana del 29 de octubre. Eso sí, todas estas excepciones están ligadas a elaborar planes de peligrosidad, a que no modifiquen el cauce del río en caso de crecida, y a que las construcciones tengan medidas de protección especiales, como colectores y elementos de desagüe especiales.
La riada más mortífera del último medio siglo no ha evitado que el PP de Balares y Vox ratificasen este martes el permiso para construir nuevas promociones de vivienda en zonas inundables. A raíz de la experiencia de la dana de València, los populares intentaron corregir la ley a última hora, pero no lograron un acuerdo con la oposición para introducir las enmiendas necesarias. La norma ha causado una gran indignación en el archipiélago y demuestra que en muchos lugares, después de décadas de riadas, todavía se prioriza al sector de la construcción sobre la seguridad ciudadana.