Ecologistas llevan a Bruselas a los tribunales por primera vez para endurecer la meta de emisiones de 2030
Cientos de organizaciones ecologistas se preparan para iniciar el mayor caso judicial sobre el clima hasta la fecha en Europa. Climate Action Network (CAN), una red de activistas que representa a 1.700 ONG, ha llevado a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque considera que los objetivos de reducción de emisiones fijados por Bruselas son insuficientes. El reglamento europeo considera que en 2030 deberá haberse reducido un 55% la contaminación del continente frente a las cifras de 1990, pero los ecologistas consideran que esa cifra es demasiado baja y no garantiza la protección de la salud y el medioambiente, por lo que reclaman que ese porcentaje aumente hasta el 65% de reducción de emisiones.
Se trata de la primera vez que una ONG —una agrupación de ellas, en este caso— lleva a la Comisión a los tribunales por un caso ambiental, y las implicaciones de una victoria ecologista tendrían profundas consecuencias sobre el medioambiente y la economía de los 27 países. La máxima que reclaman los activistas es incrementar en 10 puntos la reducción de gases de efecto invernadero frente al objetivo original del 55% –que va camino de incumplirse– y supondría acelerar la descarbonización de la industria, el transporte y el sector primario en apenas tres años, puesto que la sentencia no llegaría antes de 2026. Junto a CAN Europe, en la demanda también participa Global Legal Action Network (GLAN), una organización de juristas, periodistas y académicos que persigue crímenes contra los derechos humanos.
En una rueda de prensa, responsables de las ONG explicaron este martes que este caso es crucial para evitar que el cambio climático se descontrole. "Si todos los países europeos cumpliesen con los objetivos de 2030 que figuran en la legislación actual, el calentamiento global alcanzaría los 3 °C grados, e incluso rozaría los 4 °C a final de siglo. Sería catastrófico, pero es hacia donde vamos encaminados según las últimas proyecciones de Naciones Unidas", apuntó Gerry Liston, abogado de GLAN en el caso. "Además, como indican los informes del comité de asesoramiento científico de la UE, es posible hacer más de lo comprometido en 2030. Cuando la Comisión planteó por primera vez el objetivo de reducción del 55%, las ONG presentaron evidencias de que era posible llegar hasta el 65%, pero la Comisión rechazo explícitamente analizar si ese objetivo era factible", añadió el experto.
La red ecologista llegan a los tribunales con optimismo porque el presidente del Tribunal General del TJUE ha dado prioridad al caso sobre otras disputas, lo que podría acelerar su tramitación. Por ahora, esperan que las audiencias se celebren en el primer semestre de 2025 y que los magistrados dicten sentencia antes de febrero de 2026. Las organizaciones han llevado el caso a los tribunales porque consideran que el objetivo actual de reducción de emisiones es insuficiente para alcanzar la máxima pactada en el Acuerdo de París de 2015: limitar el calentamiento global idealmente en 1,5 °C respecto a la era preindustrial. Esto supone infringir lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 191 del los tratados de la UE, que contempla la protección del medioambiente y la salud de sus ciudadanos.
En concreto, las organizaciones cargan contra la ley que reparte la reducción de emisiones entre países (Effort Sharing Regulation), un reglamento que establece cuánto CO₂ debe dejar de emitir cada Estado miembro antes de 2030, en función de su tamaño. En la demanda alegan también que en esa norma la Unión fijó ese objetivo del 55% sin evaluar antes cuál debería ser la contribución justa de todo Europa en relación con el peso de su economía en el mundo; ni evaluó el impacto del cambio climático sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, pese a que estaba obligada.
Trabas para que las ONG puedan litigar
El caso supone una oportunidad histórica para el activismo europeo y es el capítulo final de un proceso que comenzó en agosto de 2023, cuando CAN y GLAN iniciaron su reclamación sobre la normativa de emisiones. Las ONG no tienen permitido litigar directamente en el TJUE, sino que deben reclamar primero por vía administrativa a través de un proceso interno de la Comisión. Sin embargo, en diciembre del año pasado Bruselas rechazó la revisión a través de ese procedimiento, y fue entonces cuando pudieron impugnar la respuesta ante el TJUE. En febrero de 2024 presentaron una demanda en este tribunal, y ahora que las partes han preparado su documentación, comienza el caso. Las ONG tampoco pudieron arrancar este proceso hasta agosto de 2023 –pese a que el objetivo de reducción de emisiones del 55% se propuso en julio de 2022– porque el reglamento no fue implementado hasta junio de 2023.
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Este retraso entre la propuesta de la ley y su impugnación complicará enormemente aplicar la sentencia si los ecologistas terminan ganando el caso, pese a que la sentencia sería "jurídicamente vinculante" para la Comisión. Supondría no solo rehacer la ley de reparto de emisiones, sino las innumerables legislaciones derivadas del Pacto Verde Europeo, el plan aprobado en 2020 para alcanzar la reducción de emisiones del 55%. También tendría implicaciones nacionales, ya que cada país tendría que endurecer sus planes de energía y cambio climático. En todo caso, la demanda recae sobre el Tribunal General del TJUE, una de las dos cámaras que componen el tribunal, por lo que la sentencia se podría recurrir ante el Tribunal de Justicia de ese mismo organismo, la segunda cámara del TJUE.
Los demandantes también creen que podrían verse beneficiados por la reciente sentencia de abril en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a un grupo de 2.000 mujeres que litigaron contra el Gobierno suizo por incumplir los objetivos de reducción de emisiones. Los magistrados determinaron que la falta de medidas efectivas pone en riesgo la vida de los suizos, y que los gobiernos deben establecer objetivos de contaminación alineados con la meta de los 1,5 °C y basados en la ciencia, lo mismo que reclaman ahora las ONG ante el TJUE.
Aunque es la primera vez que los ecologistas se personan contra la Comisión en el TJUE, CAN Europe ya participó en un caso parecido en 2018. Un grupo de diez familias europeas y de otros países afectados por el cambio climático llevaron tres normas ambientales de la UE ante el Tribunal de Justicia europeo, ya que se habían redactado a partir de un objetivo de reducción de emisiones del 40% en 2030 (luego se elevó al 55%), una cifra insuficiente según los jóvenes. CAN Europe coordinó la demanda, pero el TJUE la rechazó argumentando que esas personas no estaban directamente afectadas por las normativas que querían rebatir. En el caso ahora vigente, sin embargo, no hay ninguna persona involucrada a título personal.
