Las eléctricas piden al Gobierno que el bono social lo paguen los contribuyentes para ahorrarse 880 millones
Las eléctricas que operan en España quieren que las ayudas a familias vulnerables para pagar la electricidad corran a cuenta del Estado en lugar de que las cubran las compañías y los consumidores, una factura que se estima en 880 millones de euros para 2023. Para ello, la patronal de las grandes eléctricas Aelēc –formada por Endesa, EdP e Iberdrola– ha pedido este miércoles al Gobierno que aproveche la reforma del mercado regulado para cambiar el método de financiación del bono eléctrico: "Por tratarse de políticas públicas, debería financiarse a través de instrumentos también públicos, al igual que el bono térmico", propone la asociación.
El sector quiere desprenderse por fin de una factura que les ha costado a las empresas miles de millones desde que el bono social eléctrico fue creado en 2009 y contra el que llevan litigando años para deshacerse de su coste. Según fuentes del ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno descarta aceptar la propuesta de las compañías.
La CNMC calculó el coste del bono social eléctrico en 678 millones para 2022, y en diciembre estimó que en el coste de esta ayuda se aumentará en 2023 hasta los 880 millones. El bono social eléctrico llegaba en noviembre a 1,29 millones de españoles, a quienes se costea entre el 40% y el 80% de la factura eléctrica, en función del grado de riesgo del hogar. La ayuda era menor en el pasado –entre el 25% y el 40% del recibo– pero el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania llevó al Ejecutivo a reforzar esta cobertura, incrementando drásticamente su coste, que solía ser de entre 150 y 200 millones al año.
En octubre de 2022, el Gobierno también creó otra categoría de beneficiarios del bono eléctrico destinado a familias con bajo poder adquisitivo que cubre el 40% de la factura para hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el IPREM. Esta ayuda funcionará en principio hasta el 31 de diciembre de 2023 y esperaba alcanzar a 1,5 millones de hogares, aunque a mediados de enero solo tenía 2.300 beneficiarios, por lo que en principio no debería disparar el coste del escudo social este año.
La factura millonaria del bono social la cubren todos los actores del mercado eléctrico, aunque los ciudadanos soportan la mayor parte de la carga. Las compañías que producen la luz y las que la comercializan –las grandes hacen ambas cosas–costean el 94% (un 47% cada una) de la ayuda, aunque las comercializadoras terminan traspasando su parte a los clientes en la factura de la luz.
La patronal quiere ahora terminar con este sistema y lo compara con el bono térmico, que fue ideado mucho después –en 2018– y que desde el principio corre a cuenta de los contribuyentes: en 2022 tuvo un presupuesto de 453 millones de euros.
La petición de las grandes empresas es en realidad un capítulo más de una batalla que se remonta una década para acabar con la financiación privada del bono eléctrico. Las compañías han recurrido en tres ocasiones al Supremo y el Alto Tribunal les ha dado la razón siempre, obligando al Gobierno reformar en varias ocasiones el mecanismo.
La patronal ve “positivamente” la reforma del PVPC
La propuesta ha sido planteada este miércoles por la patronal, que agrupa a tres de las cuatro mayores eléctricas que dan luz a casi el 60% de los hogares españoles, en un comunicado en el que valoran "positivamente" la reforma del mercado eléctrico regulado que prepara el Gobierno para que empiece a funcionar el 1 de enero de 2024.
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Transición Ecológica quiere abaratar el precio de la luz para los clientes acogidos a la tarifa PVPC durante los próximos años y ya ha enviado al consejo de Estado el texto que tendrá que aprobar previsiblemente en mayo el Consejo de Ministros. El Real Decreto, publicado por Cinco Días, contempla reformar el sistema que fija el precio diario de la luz del mercado regulado para evitar grandes picos de precios como los que se han producido en los dos últimos años.
Para ello, el precio diario se conformará mediante la subasta diaria e intradiaria –como se hacía hasta ahora desde su creación en 2013–, pero también se incorporará una cesta de productos eléctricos a largo que plazo que darán estabilidad al coste de la luz.
La reforma también impedirá que empresas de tamaño medio con poco consumo de luz accedan a la tarifa PVPC, que solo podrán disfrutar los "hogares y microempresas" que tengan una potencia contratada como máximo de 10 kW. Las empresas de más de 10 trabajadores sujetas a la tarifa PVPC tendrán que darse de baja y pasarse al mercado libre.
