España da luz verde a 280 parques solares y eólicos que aumentarán un 50% la capacidad renovable
![Varios aerogeneradores en el parque eólico de Vilachá, a 15 de marzo de 2024, en Lugo, Galicia.](https://static.infolibre.es/clip/64bb79f1-5a51-456c-a559-b69842a1457e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La fiebre de las energías renovables está a punto de volver a despegar. Tras más de cuatro años de espera por el atasco administrativo, el Gobierno ha dado el visto bueno a la construcción de 283 macroplantas de generación renovable, que se dividen en 239 granjas solares, 42 parques eólicos y una central hidráulica de bombeo, que se levantarán por todo el país. Los promotores tienen ahora tres años para construir los proyectos, aunque no está garantizado que se terminen materializando todos, ya que algunas empresas podrían echarse atrás por falta de financiación o porque la inflación ha encarecido su proyecto original. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que, si todas las peticiones se materializan, la inversión total alcanzaría los 17.000 millones de euros y se necesitarían 300.000 trabajadores, una pequeña parte en forma de empleos permanentes.
La potencia total renovable que aportarían todas estas macroplantas sería de 28 gigavatios, lo que supondría un incremento del 48% sobre los 58,4 gigavatios de fotovoltaica y eólica instalados ahora en España (sin incluir el autoconsumo), un crecimiento enorme de producción de electricidad libre de emisiones en un periodo muy corto de tiempo. De hecho, en realidad se construirán muchas más renovables en los próximos años, ya que el Gobierno solo se encarga de dar luz verde a proyectos de gran tamaño (más de 50 megavatios de potencia), mientras que por debajo de esa cifra, la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas. Además habría que sumar los paneles solares que los particulares instalen en sus tejados en forma de autoconsumo, que no necesitan un permiso explícito de la administración.
Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la patronal española del sector, celebran la culminación de este proceso, aunque critican que la Administración se está volcando con los paneles solares y no con los aerogeneradores. "Nos preocupa el desequilibrio que se está produciendo en la adjudicación de proyectos, una tendencia que ya hemos denunciado en el pasado", afirma José María González, director de APPA. "El hecho de que el 88% de la potencia sea fotovoltaica y no tenga un desarrollo asociado de almacenamiento, llevará al sistema a sufrir aún mayores desequilibrios, tanto de mercado como de operación, en el futuro", añade.
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El tamaño que ocuparán estas plantas será considerable. De media, un megavatio de potencia fotovoltaica ocupa dos hectáreas de tierra. Si el Ejecutivo ha dado el visto bueno a 24.870 megavatios solares, su tamaño aproximado será de 50.000 hectáreas, unos 70.000 campos de fútbol. Sobre el impacto en empleo, el Gobierno cree que se concentrará en zonas rurales y se dividirá entre 41.000 empleos en eólica y 260.000 en fotovoltaica.
El Gobierno culmina así su primera hornada de proyectos renovables desde que implantó un sistema de hitos en julio de 2020. La avalancha de peticiones entre 2018 y 2020 para construir plantas solares y eólicas en España llevaron a Transición Ecológica a establecer una serie de fechas tope en las que la Administración debía dar el visto bueno o rechazar cada uno de los hitos obligatorios necesarios para construir estas plantas, como la declaración de impacto ambiental. El pasado 25 de julio terminó el plazo para conceder el permiso de construcción a cada uno de los proyectos que solicitaron un punto de conexión antes de julio de 2020, el último permiso necesario antes de proceder con su instalación.
Como consecuencia de estos cuatro años de examen, no todos los proyectos renovables han pasado con éxito el sistema de hitos. Según el Gobierno, se ha dado luz verde al 66% de los 428 proyectos que iniciaron la tramitación, por lo que 145 han caído en el proceso. Unos han caído por abandonar el proceso y no entregar la documentación a tiempo, y otros porque sus planos no cumplían con los estándares ambientales.