La agricultura y las energías renovables llevan en conflicto permanente más de una década. En algunos lugares han logrado convivir, pero en algunas comunidades autónomas como Valencia o Cataluña el debate ha sido realmente caliente, hasta el punto de que la instalación de paneles solares se ha congelado durante años. Ahora, el Ministerio de Agricultura ha arrojado luz en el asunto con los primeros datos sobre cuál es el impacto real de las energías verdes en el sector primario, donde muchos profesionales prefieren deshacerse de sus tierras de cultivo a cambio de una buena suma de dinero. El Gobierno calcula que en este momento el 0,2% de las tierras fértiles de España han sido ocupadas por placas solares, y que todas las que están por llegar en los próximos años duplicarán ese porcentaje.
Agricultura calcula que en este momento los parques fotovoltaicos ocupan 47.298 hectáreas en España, el 0,2% de la Superficie Agraria Útil (SAU) del país, entendida como el terreno labrado total y los pastos permanentes. Equivale a algo menos que la superficie de la ciudad de Madrid, al territorio que ocupa el cultivo de patata en el país, o a la extensión total del limonero. Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades donde más han proliferado los paneles solares, que abarcan 11.460 y 11.349 hectáreas en cada una, respectivamente. Por provincias, Badajoz, Cáceres, Sevilla, Zaragoza, Ciudad Real, Cuenca, Murcia y Albacete son las que tienen una mayor concentración. Estas 8 regiones tienen el 63% de la superficie fotovoltaica instalada.
A futuro, si se consideran todos los proyectos que tienen el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, se instalarán en los próximos dos o tres años el equivalente a 49.500 hectáreas más de paneles solares, duplicando su ocupación actual. Ese cálculo solo incluye las plantas de más de 50 megavatios de potencia —las tramitadas por la Administración central—, pero se construirán muchas más con el permiso de las comunidades autónomas. En total, el Gobierno espera que en 2030 haya 76 gigavatios de potencia fotovoltaica, el triple que en este momento —incluyendo 19 gigavatios de autoconsumo—, por lo que en ningún caso se debería superar el 1% de la superficie agrícola disponible.
El porcentaje de ocupación de tierras agrícolas es realmente pequeño comparado con el total de la superficie agrícola, pero aun así en algunas zonas rurales hay movimientos de oposición muy fuertes contra estas instalaciones. El problema está en que las granjas solares necesitan situarse lo más cerca posible de puntos de conexión eléctrica, los nudos que conectan la planta con el sistema eléctrico nacional, que a menudo se ubican junto a núcleos urbanos, y eso hace que compitan con terrenos muy demandados. Además, para transportar la energía a esos nodos hay que levantar líneas de conexión que precisan de la expropiación de tierras, generando más malestar en la zona. Otro inconveniente es que esa ocupación del 0,2% de la superficie agraria es mayor en algunas comunidades. En Castilla-La Mancha y Extremadura representan las placas solares suponen entre el 0,3% y el 0,4% de la SAU.
En todo caso, el impacto total de la energía solar es muy limitado sobre un territorio tan grande, según sus defensores. Pedro Fresco, experto en renovables y director de la patronal energética valenciana Avaesen, opina que hay que poner el debate en contexto, puesto que hay grandes extensiones de tierras fértiles abandonadas aprovechables por el sector eléctrico. "Porcentajes tan pequeños no generan ningún conflicto real con la producción de alimentos. Solo las hectáreas abandonadas son mucho mayores de lo que puede llegar a ocupar la solar", afirma. La organización agraria Asaja calculó en enero que hay 1,03 millones de hectáreas de cultivos abandonados en España.
En el sector agrícola, sin embargo, enfada mucho que lleguen grandes fondos de inversión a comprar tierras a dedo, incluso las que están cosechadas. Portavoces de los agricultores y organizaciones vecinales denuncian que no pueden competir contra ellos porque los ayuntamientos no tienen capacidad para tumbar los proyectos y la rentabilidad de los cultivos es tan baja que cuando algún propietario recibe una oferta, es difícil que la rechace. Lo normal es que la promotora de la planta solar alquile el terreno por 25 o 30 años, la vida útil de los paneles, por unos 1.000 euros al año por hectárea, mientras que trabajar una hectárea de cereal puede suponer un beneficio de 300 euros al año, tres veces menos que simplemente alquilarla. De hecho, el alquiler puede superar los 1.500 euros si son tierras de regadío, que son más rentables para el agricultor. Que la tierra sea de alta calidad o no, es indiferente para la empresa energética, pero si la parcela se encuentra cerca del punto de conexión estará dispuesta a pagar más por ella porque luego será más barato construir la línea de evacuación.
Es por eso que la gran mayoría de las tierras fértiles ocupadas por paneles solares son hectáreas de poco valor, las más baratas. Según los datos publicados por Agricultura este viernes, el 81,8% de los paneles solares instalados entre 2012 y 2022 se levantaron en tierras de secano, frente al 10,6% de regadío y el 7,5% en terrenos forestales no agrarios. Por cultivos, los que más se han sustituido por placas solares son cereales, barbechos, cultivos industriales (principalmente girasol) y olivos.
Esta situación varía por comunidades autónomas, puesto que unas restringen las instalaciones energéticas en suelos fértiles y otras tienen barra libre para la entrada de promotoras. Por ejemplo, en Cataluña solo es posible instalar eólica y paneles solares en el 10% del territorio y las tierras de cultivo valiosas están protegidas, mientras que en Comunidad Valenciana está prohibido su construcción en tierras de muy alto valor agroecológico.
El olivar andaluz, en pie de guerra
El sector olivar es uno de los que libran una lucha más intensa contra los promotores solares, porque además de reducir las hectáreas de cultivo, arrancan árboles productivos que han tardado décadas en crecer. En concreto, entre 2012 y 2022 el sector fotovoltaico ha tomado 2.636 hectáreas de olivos, el equivalente a 3.700 campos de fútbol. Córdoba es uno de los epicentros de esta lucha porque tiene una de las mayores tasas de radiación solar de España, y los fondos de inversión están aterrizando dispuestos a comprar todas las fincas que puedan.
Paco Moreno, secretario general de UPA en Córdoba, una organización agraria defensora de los pequeños tenedores, se muestra muy enfadado por cómo están aterrizando allí las empresas. "No tenemos nada en contra de las energías renovables, pero no las queremos de esta manera. Están construyendo macroplantas en terrenos fértiles con el único objetivo de reducir sus costes, sin tener en cuenta el sitio en el que están", afirma. UPA se ha opuesto recientemente a la construcción de una mega planta de 619 hectáreas (860 campos de fútbol) partida en varios proyectos que abarca ocho municipios en la alta campiña del Guadalquivir. Además, acusan a los promotores de haber troceado a posta los planos para evitar que el Ministerio de Transición Ecológica tenga que dar su visto bueno, y solo dependan de el de la Junta. También se opusieron en junio a la construcción de tres plantas en Granada de 155 hectáreas.
La oposición no llega solo desde el sector primario. También desde los vecinos. Miriam Pérez forma parte de la Plataforma Stop Megaplantas Solares del Alto Guadalquivir y trata de frenar la instalación de placas en los ocho municipios cordobenses. Explica que la gran mayoría de las 619 hectáreas donde se proyectan está poblada de olivos que llegan a superar el siglo de vida, y también hay tierras de trigo. "Ambientalmente y visualmente tienen un impacto, pero el daño se lo hacen sobre todo a la agricultura. Aquí no hay industria, solo tenemos eso, y estamos hablando de que hay gente que se dedica a vender semillas, los que trabajan en la almazara, el que arregla la maquinaria, los temporeros... Una vez más, es el mundo rural el que tiene que sacrificarse por los demás", termina.
La agricultura y las energías renovables llevan en conflicto permanente más de una década. En algunos lugares han logrado convivir, pero en algunas comunidades autónomas como Valencia o Cataluña el debate ha sido realmente caliente, hasta el punto de que la instalación de paneles solares se ha congelado durante años. Ahora, el Ministerio de Agricultura ha arrojado luz en el asunto con los primeros datos sobre cuál es el impacto real de las energías verdes en el sector primario, donde muchos profesionales prefieren deshacerse de sus tierras de cultivo a cambio de una buena suma de dinero. El Gobierno calcula que en este momento el 0,2% de las tierras fértiles de España han sido ocupadas por placas solares, y que todas las que están por llegar en los próximos años duplicarán ese porcentaje.