La crisis energética ha resucitado este año las tarifas reguladas del gas, las conocidas como TUR, que son alrededor de un 50% más baratas que las ofertas del mercado libre. La ley solo permite a las cuatro grandes compañías del sector –las comercializadoras de referencia– ofrecer estas tarifas, pero el resto de empresas reclaman ahora al Gobierno que reforme el mercado regulado para que todas puedan ofrecerlas.
En los últimos dos meses ha habido una fuga masiva de hogares hacia las tarifas de último recurso para evitar el encarecimiento del recibo del gas natural en invierno y eso ha alterado al mercado energético en España. Las cuatro empresas que ya controlaban más del 90% de la venta de gas a hogares han aumentado este año sus clientes TUR en más de 240.000, una cifra que crece día a día. Pero las otras 200 comercializadoras de gas que hay en España no están dispuestas a dejarse comer por las grandes.
La patronal gasista Sedigas se reunió la semana pasada con el Ministerio de Transición Ecológica para solicitar que se abra el mercado regulado al resto de empresas, una decisión que el Gobierno sopesa en este momento, como adelantó El Confidencial. La propuesta se basa en que todas las compañías que vendan gas a hogares puedan crear una tarifa que imite a la TUR sin darse de alta necesariamente como comercializadoras de referencia.
La gran ventaja de las tarifas de último recurso es que el precio del gas está controlado por el Gobierno, de manera que el recibo no sufre grandes subidas ni bajadas incluso aunque la materia prima se dispare, como ha ocurrido este año debido a la guerra de Ucrania. Las compañías deben absorber primero el coste económico de comprar gas a un precio libre en el mercado internacional y venderlo a uno regulado, pero el Gobierno se comprometió en octubre a asumir esa diferencia, una medida que costará a las arcas 3.000 millones y que no debería encarecerse aunque se modifique el mercado como pide Sedigas.
Fuentes de Transición Ecológica afirman que han recibido la propuesta y la están estudiando. Aunque no se pronuncian sobre el estado de las negociaciones, reconocen que la propuesta podría ser viable, al menos técnicamente. "Legalmente no hay tantas restricciones en el mercado gasista como en el eléctrico", argumentan.
Sin embargo, el Gobierno valora la oferta no tanto por la protección del mercado energético sino porque sería la mejor opción para desbloquear el cuello de botella que hay en la tarifa del mercado regulado. Las cuatro compañías líderes que pueden ofrecer la TUR –Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total– han tenido serios problemas desde octubre para gestionar las miles de solicitudes de clientes que han tratado de mover su contrato al mercado regulado. Si hasta ahora se han cambiado cerca de un cuarto de millón de clientes, aún quedan más de seis millones en el mercado libre y traspasar a todos ellos al ritmo actual llevaría más de un año.
José Luis Sancha, experto del mercado energético de la Universidad Comillas ICAI, ve poco futuro a la propuesta de la patronal. "El Gobierno quiere tener el control sobre la tarifa regulada y no creo que esté dispuesto a cambiar el esquema". Una alternativa más realista, según el experto, sería que aquellas energéticas que quieran aprovechar el tirón del mercado regulado se unan formalmente a él. Cualquier gasista puede desde 2007 solicitar al Gobierno ser considerada una comercializadora de referencia, pero acceder a ese millón y medio de clientes no era hasta ahora atractivo porque es un sector poco lucrativo.
El margen de beneficio está limitado por ley y es escaso. Además, las gasistas no pueden ofrecer servicios añadidos como seguros o asistencia técnica que inflan la factura a sus clientes TUR. Además de tener topados los beneficios, las compañías están sometidas a unas estrictas reglas. Por ejemplo, deben crear una nueva sociedad solo para sus negocios regulados, hacerse cargo de los consumidores que temporalmente se queden sin comercializadora o dar servicio a los hogares vulnerables con bono social.
Las cuatro grandes gasistas ganan 240.000 clientes por la tarifa regulada en plena crisis y afianzan su poder
Desde Sedigas ven con mejores ojos su propuesta, que permite a todas las compañías ofrecer la TUR de manera temporal sin comprometerlas a futuro. "Se trata de una solución a corto plazo para que todo aquel que tenga una tarifa en el mercado libre pueda cambiarse al regulado dentro de su propio comercializador y agilizar al máximo el proceso", comenta un portavoz.
José Luis Sancha entiende que con este cambio las gasistas no persiguen ganar dinero porque los márgenes son pequeños, si no mantener una base grande de clientes: "Lo que hay detrás es un intento de acceder a los datos que monopolizan los comercializadores de referencia. Cuánto gas consumen los españoles, a qué horas... Todo eso tiene mucho valor ahora".
Otro empleado del sector afirma que permitir vender tarifas reguladas a todos los actores es clave para tener un mercado saneado cuando pase la crisis energética. “El problema de todo esto es que si no se toman medidas, el mercado va a acabar limitado a cuatro compañías y se desharía todo el proceso de liberalización de los últimos años”.
La crisis energética ha resucitado este año las tarifas reguladas del gas, las conocidas como TUR, que son alrededor de un 50% más baratas que las ofertas del mercado libre. La ley solo permite a las cuatro grandes compañías del sector –las comercializadoras de referencia– ofrecer estas tarifas, pero el resto de empresas reclaman ahora al Gobierno que reforme el mercado regulado para que todas puedan ofrecerlas.