Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.
“Si estuviese a 30 kilómetros no estaríamos aquí”, afirma contundente Isabel Perianes, portavoz de la plataforma que lidera la oposición a la mina, mientras recorre la sierra donde se ubicaría, a solo dos kilómetros de Cáceres. La cercanía al casco urbano de la ciudad, patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental, concentra las críticas de quienes se oponen a la mina, que también alertan sobre la contaminación atmosférica, el gasto de agua y el impacto que la instalación tendría en la Sierra de Valdeflores, una zona de bosque mediterráneo habitada por aves protegidas. “Tendrán que cambiar los filtros para bacterias del hospital, porque cambiará el PH del aire”, señala Perianes como ejemplo. El hospital, la universidad y la prisión están a solo unos cientos de metros del terreno donde se situarían la planta transformadora de mineral y las bocas de los túneles.
"Un riesgo alto"
Juan Gil es hidrogeólogo y uno de los principales expertos en el Calerizo, un acuífero sobre el que se situarían buena parte de las infraestructuras de la mina. “Han elegido hacer la megaescombrera, la fábrica de procesado de litio y varias balsas de lodos tóxicos sobre las rocas calizas más vulnerables, que se disuelven con el agua de lluvia. Hay un riesgo alto de contaminación”, señala el experto. Si bien el agua del acuífero no se utiliza para el consumo humano, “es una reserva estratégica en caso de que hubiese una sequía prolongada”, advierte. En la misma línea se pronuncia Marco Hoya, vecino de la ciudad: “Cáceres es una ciudad con pocos recursos hídricos y no me parece sensato utilizarlos en una actividad minera”.
El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, salió al paso de las críticas, destacando los esfuerzos de la empresa para limitar el impacto ambiental. “Toda la maquinaria y la planta van a ser alimentadas por renovables, el agua será procedente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres y no vamos a afectar al acuífero”, argumenta, citando la declaración de impacto ambiental entregada a la Junta. Rechaza también la acusación de que construirán un macrovertedero de escombros que se verá desde la ciudad o que habrá balsas con residuos tóxicos: “Las posibilidades de que pase algo como Aznalcóllar son nulas”, afirma.
Fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del gobierno regional evitan pronunciarse por ahora sobre los argumentos de la empresa, a la espera de “una evaluación rigurosa del proyecto”, aunque esperan que “genere empleo y riqueza en la región”. Jiménez promete 1500 empleos directos durante los dos años de construcción (su intención es comenzar en 2025) y 700 durante los 26 años que la mina estaría operativa. Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña, desconfía de estas cifras y alerta de “la pérdida de 150 puestos de trabajo en la zona”, entre empleos agrícolas y turismo. La asociación Hispania Nostra de defensa del patrimonio ha iniciado una recogida de firmas contra el proyecto, por el riesgo de “la emisión de partículas tóxicas derivadas del proceso de tostación con azufre para la obtención del litio, caso del dióxido de azufre que podría provocar lluvia ácida” sobre el conjunto monumental, el principal atractivo turístico de la capital cacereña.
Un proceso conflictivo
En 2022, la multinacional australiana renunció a su idea inicial de excavar una mina a cielo abierto. Desde entonces, el nuevo proyecto ha vivido una tramitación accidentada. En 2023, el Ayuntamiento presentó a la Junta un informe donde afirmaba la compatibilidad del proyecto con el plan urbanístico de Cáceres, pero se descubrió que el informe original de los técnicos municipales afirmaba lo contrario, que la mina estaba demasiado cerca del casco urbano para ser admisible. Aun así, la Junta dio por bueno el informe remitido por el consistorio y aceleró los trámites mediante la declaración de Proyecto de Interés Autonómico.
La portavoz de Salvemos la Montaña denuncia además la falta de transparencia de la empresa, que les envió un informe “con páginas en negro; han velado [tachado] el 95% de los datos”. La compañía y la Junta lo justifican por el derecho a proteger información empresarial sensible, que podría dar pistas a competidores que pusieran en peligro el proyecto, entre los que el CEO de Extremadura New Energy señala directamente a China.
Jiménez justifica el proyecto por la necesidad de reducir la dependencia de Europa respecto al país asiático en producción y procesado de litio: “en Europa se extrae el 0,5% del litio que consumimos; el 80% de la transformación mundial se hace en China”. El gobierno central, que anunció en 2021 que destinaría fondos públicos a la primera planta de baterías en España, también ha subvencionado con más de 18 millones de euros el proyecto minero de Valdeflores. Es un ejemplo del apoyo estatal a un sector considerado estratégico por la necesidad de materias primas críticas para la transición energética. Sin embargo, el boom de la minería también está atrayendo inversores cuestionables, como desveló una investigación publicada por Infolibre.
A miles de kilómetros de la bolsa australiana donde cotiza la multinacional minera y bajo el vuelo de las aves rapaces que pueblan la Sierra de Valdeflores, Perianes subraya que la plataforma Salvemos la Montaña no se opone a la extracción de litio, pero insiste en que la cercanía a la ciudad hace inviable el proyecto. “Está en la ciudad, delante del hospital, del centro de ancianos, es una zona de uso”, concluye.
Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.