El CGPJ avala la reforma del Gobierno que busca reducir el sesgo de clase en la judicatura y la fiscalía

Pese a las críticas de su presidenta, Isabel Perelló, que defendió el actual modelo de oposición memorística, y las pegas de las asociaciones judiciales conservadoras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido avalar la reforma del Gobierno que democratiza el acceso a las carreras judicial y fiscal duplicando las cuantías de las becas para los opositores y creando un centro público para la preparación de las pruebas de acceso. El nuevo sistema busca facilitar la entrada a las clases menos favorecidas que no se pueden permitir el pago de una academia o un preparador. La modificación legal implica, además una nueva prueba práctica escrita para comprobar la capacidad de redacción y argumentación de cada candidato. El Ejecutivo considera que el aval del Consejo al texto es un paso fundamental para conseguir el objetivo de reducir la endogamia, introducir pluralidad y acabar con el "sesgo de clase" en ambos cuerpos, muy escorados a la derecha.

El acuerdo se ha alcanzado este viernes en la comisión de estudios e informes del órgano de gobierno de los jueces. Conservadores y progresistas han pactado un documento muy técnico en el que se introducen algunos matices a las propuestas del anteproyecto del Ejecutivo, pero sin encontrar tachas de inconstitucionalidad. Fuentes de esa comisión explican que el objetivo ha sido aportar mejoras para solventar posibles defectos durante la tramitación parlamentaria, pero sin hacer una enmienda a la totalidad. La aprobación definitiva del informe y su remisión al Gobierno se acordará previsiblemente en el próximo Pleno, fijado para el próximo 19 marzo. El Ministerio de Presidencia y Justicia cree que la propuesta legislativa servirá para acercar las distintas sensibilidades políticas presentes a la sociedad a dos cuerpos –judicatura y Fiscalía– de marcada extracción conservadora.

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado enero, establece la creación de un centro público de capacitación de los candidatos, una novedad en un sistema de entrada que hasta ahora permanecía en manos de preparadores y academias privadas. También mediante la institucionalización de las becas ya existentes que, de salir adelante la reforma, duplicarán su cuantía hasta alcanzar, como mínimo, el salario mínimo interprofesional (1.184 euros mensuales) para que todos, y no solo los más pudientes (los que cuentan con ingresos para estudiar cinco años más tras la licenciatura sin cobrar), puedan permitirse opositar. La reforma también introduce cambios en el modelo tradicional oral y memorístico para establecer criterios prácticos que permitan conocer no solo la capacidad de retención, sino "las competencias técnicas y analíticas" de los aspirantes.

El nuevo centro público de capacitación de candidatos será el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), perteneciente al Ministerio de Presidencia y Justicia. Hasta ahora, esa institución se ocupaba de la formación inicial de los fiscales, abogados del Estado y letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) que acababan de sacarse la oposición. También se encarga de la formación continua de esos cuerpos y organiza para ellos cursos sobre igualdad, violencia machista y tutela judicial de niños y adolescentes.

Si el texto bendecido este viernes por el CGPJ con algunos matices sale adelante en el Parlamento, esa institución ofrecerá también la posibilidad de preparar los exámenes de ingreso, no solo a esos cuerpos, sino también a la judicatura. "El reconocimiento del Centro de Estudios Jurídicos como centro público y oficial de preparación complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", dice el anteproyecto en su exposición de motivos.

El anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto supuestos que se sometan a su valoración. Numerosos expertos han criticado el sistema actual consistente en memorizar más de 300 temas para recitarlos de carrerilla ante el tribunal.

La reforma también pone orden en la actividad de los preparadores, en la que, tradicionalmente se han dado muchas corruptelas. Muchos jueces (también fiscales y miembros de otros cuerpos) recurren a ella como una segunda fuente de ingresos, muchas veces no declarada. El texto obliga a los magistrados que quieran dedicarse a esta actividad a reclamar del Consejo la correspondiente licencia de compatibilidad. Además, los jueces-preparadores que la obtengan deberán ser inscritos en un registro oficial publicado por el órgano de gobierno de los jueces.

El anteproyecto reforma además la comisión de ética del Consejo General del Poder Judicial, el único órgano que eligen directamente los jueces y magistrados. Sus seis miembros, dos magistrados del Supremo, tres magistrados y un juez, una vez elegidos por sus compañeros, seleccionan a un profesional de reconocido prestigio en el mundo académico. Su sistema de elección hace que todos sus integrantes procedan de la derecha judicial lo que, en los últimos años ha provocado dictámenes sorprendentes, como el que avaló las concentraciones de jueces con toga ante las sedes de los órganos judiciales contra la ley de amnistía.

La modificación que propone el Gobierno reforma la comisión limitando sus miembros procedentes de la carrera a cinco. Los cuatro restantes, catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral, serán designados por el Congreso y el Senado. La modificación busca introducir pluralidad en el órgano para que sus decisiones sean menos corporativas.