La ofensiva de Ayuso para manipular las 7291 muertes en residencias se vuelve en contra del PP

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suele estar cómodo en la confrontación. Ayudada por su mediático jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta madrileña casi siempre logra desviar el foco sobre los asuntos más polémicos de su gestión utilizando todo los medios posibles a su alcance. Pero no siempre da resultados. En su intento de contrarrestar la emisión del documental 7291 en RTVE este jueves sobre su gestión en los centros de mayores, tanto su gobierno como el PP madrileño han provocado un efecto Streisand —como se conoce al fenómeno por el que una maniobra de censura acaba amplificando aquello que se quiere censurar— que demuestra el nerviosismo dentro de las filas del PP de Madrid, que busca su propio golpe de efecto.

Cinco años después de la pandemia de covid-19, el Gobierno madrileño está arremetiendo con más dureza que nunca contra la oposición a propósito de los 7291 mayores que murieron en las residencias de la región sin asistencia sanitaria, cifra que facilitó su propio Gobierno vía Transparencia en junio de 2020. Ese número, destapado por infoLibre, no es más que "un invento" del que fuera consejero de Políticas Sociales entonces, Alberto Reyero, según el Ejecutivo madrileño, que ahora habla de 4.100 defunciones en un ejercicio de manipulación fácilmente desmontable. De esta manera, Ayuso también busca protegerse antes de conocer cuántos de los 109 casos que conforman la macrodenuncia por discriminación presentada por familiares de las víctimas llegan finalmente a los juzgados, algo que ocurrirá la semana que viene.

La presidenta madrileña acusó este viernes a Pedro Sánchez de librar una "guerra sin cuartel contra Madrid" en una entrevista en la Cadena Cope. "Durante años hemos tenido que escuchar que nos llamen asesinos. Pero que TVE haga un despliegue sin precedentes para retorcer el dolor de las víctimas te da el tamaño de la dimensión. Mientras había un pueblo unido y solidario, había otro dedicado a hacer despliegues mediáticos y entorpeciendo", afirmó. Además, no solo negó la existencia de los protocolos de derivación en Madrid, sino que afirmó que en otras comunidades "sí" se aplicaron, sin citar cuales —y sin que nadie le preguntara—, pese a que la madrileña fue la única que negó el ingreso a los hospitales a los ancianos de las residencias.

Poco después el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, anunció una querella de la Comunidad de Madrid contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por decir, que "fueron 7.291 personas mayores asesinadas en residencias de la Comunidad de Madrid por no derivarlas a hospitales". A su vez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que rompía las "relaciones institucionales" con el PSOE en el consistorio por unas declaraciones que calificó de "inaceptables, nauseabundas e indecentes". Aunque inicialmente Maroto le respondió con otra pulla— "no se puede romper lo que nunca ha existido"— finalmente se retractó y pidió perdón por sus palabras en un comunicado publicado en X.

Además, el PP de Madrid también anunció este viernes que "todos sus representantes rompen relaciones" con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, "por sus acusaciones" contra el Ejecutivo de Ayuso. Así se lo trasladó a Martín el PP de Madrid una carta en la que los conservadores limitan su contacto con la Delegación "a los niveles técnicos imprescindibles". Todos estos movimientos, tanto por parte de las administraciones públicas como del partido, evidencian su incomodidad sobre un asunto que pensaban que ya había quedado enterrado.

El 'efecto Streisand' con el documental '7921': más de un millón de espectadores

El Ejecutivo madrileño ha tratado de desacreditar el documental emitido por RTVE con acusaciones graves de injerencia por parte del Gobierno de Sánchez. A última hora del miércoles, 24 horas antes de la retransmisión, pidió al ente público emitir también la declaración enlatada de Ayuso de ese mismo día. RTVE tachó la petición de  "intromisión indebida" y recordó que Ayuso rechazó la oferta de ser entrevistada por la televisión pública. La Comunidad de Madrid sigue negando a día de hoy que los residentes fallecidos lo hicieran porque no recibieron la atención médica necesaria. Al menos porque así lo señalara una orden "firmada por políticos", negando de nuevo la existencia y aplicación del Protocolo de la Vergüenza desvelado también por este periódico y confirmado por ex altos cargos del Gobierno y direcciones de residencias.

Justo antes de la emisión del documental, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, intervino en el programa de RTVE que emitió en el Canal 24 Horas y tachó de "error" la decisión de emitir el documental. "Ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en esta comunidad", le reprochó al conductor del espacio, el periodista Xabier Fortes, desde la puerta del polémico Hospital Zendal construido por el Gobierno de Ayuso en plena la pandemia. Además, Serrano afirmó que se trataba un "documental que a casi nadie interesa" y que partía "de una cifra absolutamente falsa". Dos mentiras fácilmente desmontables.

El documental arrasó al alcanzar más de 1,2 millones de espectadores en La 2 y el Canal 24 Horas, lo que supone un 15% de cuota de pantalla, una cifra muy por encima de la media habitual de estos canales —que se suele situar en el 4% de share—. En la Comunidad de Madrid, la emisión alcanzó una inédita cuota del 25.8%, según datos ofrecidos por el presidente de la corporación, José Pablo López, en su cuenta de X.

A juicio del Ejecutivo conservador, la cinta, dirigida por Juanjo Castro, tiene un "marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo". Serrano, por su parte, acusó directamente a la televisión pública de estar "al servicio de la izquierda" y en un "permanente ataque del Gobierno a una presidenta" como Ayuso. El número dos de Ayuso aseguró que en Telemadrid no se emitiría un documental "contra un alcalde socialista".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, le respondió a través de X: "Claro Alfonso. Lo correcto en días como este es poner un documental sobre ETA, como hicisteis el sábado de reflexión en las elecciones de marzo de 2004, mientras teníais ya a los yihadistas detenidos", escribió, en referencia al documental Las sombras del 11M emitido por la televisión autonómica madrileña en tiempos de Esperanza Aguirre. El documental, escrito por Luis del Pino, cuestionaba las versiones oficiales de los atentados del 11 de marzo en Madrid Del Pino era entonces colaborador del medio Libertad Digital, cuyo propietario es Federico Jiménez Losantos, que también dio alas a la teoría de la conspiración.

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Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de Serrano, el control del Ejecutivo madrileño a la televisión pública regional se hizo patente desde que Ayuso consiguió desprenderse de Ciudadanos en 2021. Fue, de hecho, la primera iniciativa que presentó en la Asamblea de Madrid y que se canalizó a través del Grupo Parlamentario Popular. Para ello diseñó un traje a medida para hacer caer al entonces director del ente, José Pablo López, actual presidente de RTVE, con el que se modificaba el texto alumbrado durante la etapa de Cristina Cifuentes, que la propia Ayuso se había encargado de defender en sede parlamentaria: "Es el momento de que, por fin, en una televisión pública en España no haya partidismo", decía entonces. Un cambio normativo que el PP logró con el apoyo de Vox. Su entonces portavoz, Rocío Monasterio, reprochó este jueves al secretario general PP que se queje de RTVE cuando ellos ejercen ese control en Telemadrid a la que "llama todos los días para decir lo que tienen que publicar y lo que no".

Desde julio de 2021, el director de Telemadrid es José Antonio Sánchez, un cargo que ya había ocupado entre 2011 y 2014. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera profesional estuvo muy vinculada a Luis María Anson. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas: “Yo voto al PP. Voto al PP y seguiré haciéndolo”, reveló en junio de 2015. Fue director general de RTVE de 2002 a 2004, uno de los períodos más oscuros de la cadena pública, en la que contribuyó a impulsar el bulo de que los atentados del 11M habían sido cometidos por ETA y no por un grupo yihadista. Mariano Rajoy le devolvió a ese puesto en 2014, aunque tuvo que abandonarlo en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Apenas dos meses antes, durante una comparecencia en la comisión mixta del Congreso y el Senado, reconoció estar “en los papeles de Bárcenas".

En los últimos años las quejas por parte de la oposición a la utilización por parte del PP del ente público madrileño han sido recurrentes con ejemplos ilustrativos como la retransmisión de la boda de Almeida o un arranque de los informativos autonómicos con las noticias sobre el trabajo de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El último ejemplo es el 'premio' al periodista Antonio Naranjo, colaborador de El Debate y La Cope, que desde el pasado lunes tiene su propio programa, El Análisis del Diario de la Noche, desde el cual carga sin tapujos contra el Ejecutivo central y sus aliados. Para la presidenta madrileña, sin embargo, solo tiene buenas palabras.