El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.
En las últimas semanas numerosos ayuntamientos ya han anunciado una subida en sus tasas de basuras. En Madrid capital, se anunció la semana pasada la recuperación de este tributo, que de media ascenderá a 140 euros anuales por hogar, en función del barrio y el tamaño de la casa, pero que irá acompañado de una rebaja del IBI del 0,02%. En Málaga y en Alicante se va a cuadruplicar la tasa de basuras respecto a 2024, mientras que en Zaragoza será suficiente con subirlo un 12,7% y en Vigo un 4%.
El Partido Popular ha intentado ligar la subida a una decisión del Gobierno, pero el cambio en la normativa está relacionado con la trasposición de la Directiva Marco de Residuos de la UE que se realizó en abril de 2022. Fue entonces cuando se aprobó en España la nueva Ley de Residuos en la que se dan tres años para implementar en los munipios dos grandes cambios fiscales. Primero, es obligatorio los impuestos destinados a cubrir la recogida y tratamiento de basuras se recojan a través de una tasa de basuras o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, pero nunca a través del IBI u otros impuestos. Y segundo, la recogida de basuras nunca puede ser deficitaria, es decir, el 100% de su coste anual tiene que ser cubierto con estas tasas.
Sin embargo, la situación actual está muy lejos de este objetivo. La Fundación ENT, dedicada a la mejora de los sistemas de residuos, elabora cada año un informe de fiscalidad donde estudian 130 ciudades españolas. Su conclusión del estudio de 2023 es que la recaudación total de los tributos de basuras apenas cubrió el 59% de los costes totales del servicio, que ascendieron a 3.828 millones de euros, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". Los autores también calculan que el 98% de los municipios de España tienen una tasa específica de basuras, pero está muy por debajo del coste real de la recogida y el tratamiento. Según el informe, el importe medio de la tasa de basuras es 92,80 euros.
El 78% de los residuos acaba en un vertedero
Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha gestionado la trasposición de la normativa europea, trasladan que "no se trata de una tasa nueva ni de que el ciudadano vaya a pagar más, solo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya". "Por ello, habrá que equilibrar los cobros. Si el ayuntamiento estaba cobrando este servicio dentro del IBI, habrá que bajar ahora el IBI al sacar del mismo los residuos", afirman desde este ministerio.
El objetivo de estos cambios es dar más visibilidad al coste real de los desechos, debido a que España es uno de los países de Europa con peores rendimientos en el tratamiento de basuras. Según la organización Retorna, el 78% de los residuos se recogen sin separar y acaban en un vertedero, de manera que se desaprovecha su potencial de reciclaje y donde además se generan vertidos muy contaminantes. La Comisión abrió un expediente a España en julio por incumplir la meta de reciclar el 50% de sus desechos en 2020.
Francisco Peula, consultor en gestión de residuos, explica que todo se resume en dar "transparencia" a un sector en que siempre se han hecho las cosas mal, salvo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco o Navarra. "Lo que hay que hacer ahora es bajar el IBI donde corresponda e intentar modular las nuevas tasas para que paguen menos los hogares que se molesten en separar la basura, es decir, premiar al que hace las cosas bien", resume.
El experto añade que es imprescindible que la tasa de basuras local traslade a los vecinos el coste real del tratamiento de los residuos porque hasta ahora la gestión de muchísimos ayuntamientos es nefasta, con costes inflados que se han financiado con recursos del ayuntamiento, sacrificando dinero que podría haber ido a actividades o a infraestructuras. Esta situación es mucho más grave desde que entraron en vigor otros cambios de la Ley de Residuos, como la obligatoriedad de recoger la materia orgánica por separado —ha encarecido alrededor de un 30% el presupuesto de basuras—, o el nuevo impuesto a vertederos, que grava con hasta 40 euros cada tonelada de basura que se vierte, casi el doble del coste anterior.
"Tirar la ropa o los residuos orgánicos a un vertedero supone un dineral para los municipios, y además es una pérdida ingente de materias primas, de abonos que se podrían recuperar para la agricultura o de energía que se podría producir atrapando el metano. Si hablamos de riqueza, reciclar y reutilizar la ropa genera 36 veces más puestos de trabajo que un vertedero", explica Peula.
Protección a familias vulnerables
¿Y si el problema del reciclaje son los contenedores de colores?
El nuevo sistema de financiación de recogida de basuras también quiere incentivar el mejor reciclaje de los hogares y los comercios, de manera que la nueva Ley de Residuos contempla modular el impuesto para beneficiar a familias con bajos ingresos o personas en paro. Otra opción es diferenciar la tasa de basuras por zonas, elevando el impuesto allí donde los vecinos tienen menos cuidado con sus residuos, aunque implementar esto en grandes ciudades no es sencillo, porque en cada barrio habrá gente más y menos responsable.
Dos sistemas muy extendidos en Cataluña, País Vasco, Navarra o Baleares son el de recogida de basura puerta a puerta o el del contenedor electrónico, que permiten diferenciar el nivel de separación de residuos de cada hogar. En el primero, los desechos se recogen casa por casa, y cada día de la semana se retira exclusivamente un tipo de basura —vidrio, plástico, papel, orgánico, etc.— de manera que los vecinos están obligados a separar los desechos. El contenedor electrónico consiste en que los cubos de las calles se abren mediante una tarjeta personal, de manera que es posible identificar en qué zonas se generan más residuos y quiénes contaminan más.
César Sánchez, portavoz de la organización Retorna, formada por ecologistas y consumidores, critica que con estos cambios se vuelve a poner la responsabilidad sobre los ciudadanos, mientras que las empresas que generan estos residuos se libran. "Estamos poniendo la responsabilidad al final de la cadena, pero son los supermercados y los fabricantes los que deberían ocuparse de que el sistema funcione, que son los que ponen en circulación ingentes cantidades de plásticos", afirma.
El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.