La huida hacia delante de la Junta de Castilla y León en su intento de suavizar los protocolos de prevención de la tuberculosis bovina terminó este lunes con un detenido y varios policías heridos por una protesta ganadera en la delegación territorial de la Junta en Salamanca. La Consejería de Agricultura y Ganadería de esta Comunidad, dirigida por Gerardo Dueñas (Vox), prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, pese a que las competencias sobre este asunto son de la Comisión Europea y del Gobierno central. Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó este lunes la resolución de la Junta y desató la protesta de un grupo de ganaderos afectados.
Desde la agrupación agrícola COAG achacan lo sucedido a que el Gobierno de la región, en manos de PP y Vox, trató de complacer a sus ganaderos con una solución irreal a un problema que tienen todos los países. "Esto obedece a una utilización política de un problema sanitario", opina Lorenzo Ribera, coordinador de COAG en Castilla y León. "Vox engañó a los ganaderos diciéndoles lo que querían oír porque hay muchos que están cansados y decepcionados porque tienen que sacrificar sus vacas", añade el representante ganadero.
La tuberculosis bovina es una infección muy contagiosa entre animales que tiene capacidad para saltar a los humanos, según explica Gonzalo Fernández, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela. España tiene un protocolo para su erradicación desde los años 80, y aunque no ha logrado eliminar la bacteria, su incidencia se ha reducido enormemente y eso ha permitido también reducir al mínimo los casos humanos de tuberculosis.
El problema es que cuando se detecta un caso de contagio el animal se sacrifica, y la medida se puede incluso ampliar a toda la explotación ganadera, lo que supone un duro golpe económico para los profesionales. "Cuando se desata un brote en un territorio se traduce en un malestar en los ganaderos, pero no puedes arriesgarte a dejar que esos animales se sigan moviendo porque pones en riesgo a otras campaña", relata Fernández.
Además, se corre el riesgo, según añade el experto, de que la Unión Europea bloquee las importaciones de carne de España si hay riesgo de contagio a gran escala, lo que sería una catástrofe económica para todo el sector teniendo en cuenta que la mitad de la carne que se produce en el país se vende en el extranjero. "No solo hablamos de perjudicar a los ganaderos leoneses, sino que afectaría a todo el país", señala el experto de la USC.
Pese a que los riesgos de la enfermedad son bien conocidos, el Gobierno de Castilla y León trató de suavizar este protocolo para minimizar las pérdidas económicas de los ganaderos. El 10 de mayo la Junta publicó una resolución que permitía mover el ganado a explotaciones sanas incluso con su certificación sanitaria suspendida o paralizada, lo que abría la puerta a extender la enfermedad a provincias donde está erradicada. En Castilla y León hay tres provincias con cero casos (León, Valladolid y Burgos) y en España siete comunidades.
La norma también incluía una liberalización del sector veterinario porque permitía la contratación de albéitares independientes, lo que fue visto por estos profesionales como un "debilitamiento, por no decir desmantelamiento, de la sanidad animal pública" que perjudicaría a los ganaderos, según un comunicado que publicó el Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) a comienzos de abril, cuando la Consejería se reunió con el sector para perfilar la nueva normativa y dejó fuera de las conversaciones a los veterinarios.
Tras conocerse la resolución de la Junta, la Comisión Europea envió el 23 de mayo al Ministerio de Agricultura una carta en la que señalaba que los cambios aprobados por la Junta "son extremadamente peligrosos y pueden facilitar que la enfermedad se expanda (…) a zonas libres de la infección en España y otros países de la UE", según Bernard Van Goethem, uno de los directores de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria.
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Como respuesta a la misiva, el Gobierno intervino las competencias ganaderas de Castilla y León el lunes pasado mediante una orden ministerial que prohibió sacar el ganado bovino fuera de esta Comunidad, salvo para ir a matadero, lo que bloqueó el comercio de vacas vivas en la región que más tiene del país. También interpuso un recurso ante el TSJ de Castilla y León para que anulase la resolución por invasión de competencias, lo que llevó este lunes a los tres jueces de la Sala de lo Contencioso de Valladolid a poner fin a la norma con la aplicación de medidas cautelares.
Una de las principales patronales ganaderas, la Unión de Pequeños Agricultores, cree que tanto el Gobierno regional como el Ministerio de Agricultura han ido demasiado lejos con sus intervenciones. "Había formas de flexibilizar el protocolo, pero la Junta no puede aspirar a contradecir a la Unión Europea, pero el Gobierno central también metió la pata con una orden que causó una alarma que no existe", comenta Aurelio González, líder de UPA en esta región. "No tenemos un problema de tuberculosis bovina en Castilla y León", zanja el representante.
Tras las medidas cautelares del TSJ, la normativa vuelve a su redacción original y el real decreto del Gobierno queda suspendido, pero González opina que el problema no está resuelto. Por ejemplo, se queja de que en Castilla y León faltan veterinarios y cuando se detecta un positivo necesitan que la Junta actúe más rápido a la hora hacer los llamados contraanálisis, las pruebas al resto de la cabaña para comprobar si la enfermedad se ha extendido. También pide que, si un positivo resulta ser falso, se devuelva inmediatamente la calificación sanitaria al ganadero para no interceder en su negocio. Y reclama mayores indemnizaciones en caso de que haya que sacrificar el ganado.
La huida hacia delante de la Junta de Castilla y León en su intento de suavizar los protocolos de prevención de la tuberculosis bovina terminó este lunes con un detenido y varios policías heridos por una protesta ganadera en la delegación territorial de la Junta en Salamanca. La Consejería de Agricultura y Ganadería de esta Comunidad, dirigida por Gerardo Dueñas (Vox), prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, pese a que las competencias sobre este asunto son de la Comisión Europea y del Gobierno central. Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó este lunes la resolución de la Junta y desató la protesta de un grupo de ganaderos afectados.