Los extrabajadores de Telemadrid culpan de su despido a la corrupción del PP

Este sábado 9 de abril, cientos de personas se concentraron en Madrid para manifestarse contra la corrupción en los entes públicos audiovisuales, en concreto, en Telemadrid. Tres años después de que se dictase la sentencia del ERE que dejó en el paro a 861 trabajadores; perjudicados, compañeros y simpatizantes, salieron a la calle para dejar clara su postura a favor del servicio público de un medio donde la corrupción y la manipulación han supuesto su descrédito y crisis más profunda de su historia.

“La manipulación informativa también es corrupción”, afirmaron los manifestantes convocados por las Secciones Sindicales de CCOO, CGT, UGT y Comités de Empresa de Telemadrid, reiterando mediante un comunicado que “durante años” han estado denunciando las irregularidades que se vivían dentro del ente audiovisual. Anomalías como “el trasvase de dinero público a manos privadas con el consentimiento y complicidad de los políticos que han gobernado nuestra comunidad desde el año 2004”, entre otros.

Más de 100 millones en derechos del fútbol, más de 16 millones para José Luis Garci, casi un millón para Buruaga como presentador, 3,5 para Sánchez Dragó… las cifras se acumulan en la cabeza de unos trabajadores que ven como el despilfarro de estas cantidades se podría haber traducido en conservar sus puestos de trabajo.

“La situación es verdaderamente dramática porque además de las dificultades que todos nos encontramos por el sector, los trabajadores del ente público que fueron despedidos con el ERE les resulta mucho más complicado encontrar trabajo”, afirmó el presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo. “Para más inri, toda la parte técnica de la producción que se está haciendo estos días en Telemadrid está externalizada y ningún trabajador despedido está participando en estas productoras”, añadió Lombardo para su disgusto.

Así lo recalcó Javier Hernida, un operador de cámara que ganó el juicio a Telemadrid pero que no ha vuelto a trabajar pese a tener la sentencia a su favor. “Gané el juicio en diciembre y han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, comentó este trabajador; señalando, que está cobrando un sueldo pero por un trabajo que no le dejan ejercer: “Yo no puedo ir a trabajar, de hecho me han dicho que mi trabajo ya no existe”.

Su labor como operador de cámara se encuentra dentro del global que el ente público externalizó y dio su gestión a una subcontrata de Telefónica. Una medida que supuso el despido de decenas de trabajadores contratados mediante oposiciones públicas y que, a cambio, derivó en la contratación de otros por un menor salario con carácter privado.

“Nos echaron prácticamente a todos y dejaron a unos 70 redactores contratados a dedo por la dirección”, denunció a este diario Antonio García, un redactor de la cadena pública que se quedó en el paro tras el ERE. “Nuestro director general [José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE] era un alto cargo de Telefónica en excedencia, y lo hizo para que se llevasen el dinero los gestores de la compañía”, proclamó tras recalcar que el momento actual del ente es "una agonía perpetua".

El problema es que la externacionalización de los medios técnicos de la cadena derivó, en sus palabras, en una calidad que “ha empeorado mucho en estos años”. “A los que nos negamos a actuar bajo sus intereses nos despidieron, imagínese usted qué harán con los que no tienen el respaldo de un concurso público de empleo”, sentenció.

Nueva ley, misma situación

El pasado 23 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobó la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid con los votos a favor del PP y de Ciudadanos y el rechazo de PSOE-M y Podemos.

El principal cambio de la Ley radicaba en que el director general del ente público debía ser aprobado por dos tercios del parlamento y su mandato sería de seis años. Asimismo, la composición del Consejo de Administración pasaba de tener siete a nueve miembros: cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales, y los otros cuatro a propuesta de los grupos de la Asamblea madrileña.

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El problema es que lejos de revitalizar y despolitizar Telemadrid –tal como prometió la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tras su nombramiento–, el bloqueo y desacuerdo entre las diferentes formaciones de la Asamblea deja pocas esperanzas a unos propósitos que, en palabras del presidente del Comité de Empresa, Luis Lombardo, son “meros mensajes mediáticos”.

“Lejos de tomar medidas concretas, la práctica política nos dice que no se está haciendo nada”, afirmó éste recordando que el próximo día 14 se debe aprobar el nombre de los miembros que formarán parte del Consejo Administrativo de Telemadrid pese a que “el PP ya ha advertido que vetará los nombres propuestos por el PSOE y Podemos”.

“No es una propuesta de un partido u otro, es una propuesta de conjunto”, denunció Lombardo para recalcar que las cuatro formaciones políticas aceptaron las propuestas y que deben cumpliralas. Por ello, sentencia con contundencia: “No puede ser que utilicen estos vetos para decidir qué consejero es mejor o peor”, “lo que queremos es que con ley o sin ella –la cual cataloga como “muy mejorable”–, se dejen de poner excusas y se relance la radio televisión pública madrileña”.