Fabra cierra su radiotelevisión para no cumplir la orden judicial de readmitir a 1.000 empleados

El Gobierno de la Generalitat Valenciana anunció este martes su intención de liquidar la radiotelevisión pública autonómica (RTVV)RTVV. La decisión se conoció pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declarara nulo el ERE que afectaba a más de un millar de trabajadores. Ahora, previsiblemente, los 1.700 empleados de la corporación se irán a la calle.

La noticia se hizo pública a través de una nota colgada por la Generalitat en su página web. El documento fue fruto de una reunión de urgencia del presidente Alberto Fabra (PP) con su equipo de confianza. Ese comunicado oficial, que califica de inasumible el coste de readmitir a los trabajadores, pilló por sorpresa tanto al Comité de Empresa como a la propia directora de RTVV, Rosa Vidal. Todos ellos conocieron la decisión a través de los medios.

Pero el cierre de Canal Nou y Radio Nou no será inmediato: aún quedan incógnitas por resolver antes de que se haga efectivo. Así lo señaló el vicepresidente autonómico, José Ciscar: "No podemos adelantar fechas", admitió en la tarde del martes para, a renglón seguido, reconocer que el Govern aún no ha determinado la fórmula jurídica que se empleará.

De la "alegría total" a "pagar el pato"

Así, a las 20.30 horas del martes, la audiencia del informativo de Canal Nou se encontraró con una imagen insólita: los trabajadores de la cadena acompañaron a los presentadores en plató para mostrar su rechazo al cierre. Tras dar lectura a la versión del Govern, manifestaron su disconformidad: "Mostramos nuestro rechazo a una decisión unilateral. Ni los valencianos ni los trabajadores son responsables de la mala gestión de RTVV", aseguraron. Además, exigieron "responsabilidades políticas" en respuesta a la problemática situación económica de la cadena, que generó en los últimos años una deuda millonaria.

Hasta bien entrada la noche se sucedieron reuniones de la directora, Rosa Vidal, con el Comité de Empresa y el Consejo de Dirección. De ambos encuentros puede extraerse una misma conclusión: que la cadena continuará las emisiones con normalidad por el momento y que el actual equipo de dirección no será el que eche el cierre. Vidal acudirá a la Generalitat este miércoles con la intención de recibir una hoja de ruta para el fin de la actividad. Este martes a medianoche aún no había recibido ninguna comunicación oficial del Ejecutivo autonómico. En los próximos días, presentará su dimisión.

Mientras tanto, los trabajadores, organizados en una improvisada asamblea, reclamaron a Fabra que cumpla el fallo del TSJCV y readmita a los afectados por el ERE. "El cierre es el desacato de una sentencia, y eso no lo podemos aceptar. El Govern tiene que cumplir y aceptar el fallo", señaló Salut Alcober, presidenta del Comité de Empresa. "El gobierno valenciano tiene que aceptar la sentencia. Ejecutar el cierre es una doble vulneración y un doble incumplimiento", añadió.

Pocas horas después de celebrar aquella decisión judicial, el clima era bien diferente: "Hemos pasado de la alegría total esta mañana a pagar el pato... y al cierre". resumía la situación Manuel Camarosa, miembro del Comité de Empresa y del sindicato CGT. Camarosa también admitió que la empresa es deficitaria y que la plantilla está sobredimensionada, "pero no por culpa de los trabajadores, sino de los malos gestores". Además de la suya, otras voces también reclamaron una negociación con el Govern para plantear alternativas al cierre definitivo.

Priorizar en sanidad, educación y servicios sociales

Mientras tanto, desde el Govern el silencio es la respuesta. Y el argumento para justificar la decisión, la necesidad de "priorizar" en el gasto "los servicios básicos y una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad". A partir de ahora, señaló Manuel S. Jardí, periodista durante años en RTVV y actual consejero a propuesta de Esquerra Unida, "el Govern tratará de hacer responsable a la actual dirección". "El proceso de ejecución del ERE siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública", señala en ese mismo sentido la nota del Ejecutivo.

En cuanto a la fórmula legal para el cierre, explicó Jardí en declaraciones a este medio tras reunirse con la directora, el Ejecutivo de Fabra "tramitará por el procedimiento de urgencia una modificación legal que permita el cierre". Para que los plazos cuadren y todo se desarrolle según el plan diseñado por el presidente Fabra "RTVV se liquidará el mes que viene y no habrá partida presupuestaria en 2014. Entonces entrará en concurso de acreedores y se procederá a la liquidación", añadió. 

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Entre los grupos de la oposición, el rechazo a la decisión también es mayoritario. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, afirmó que el cierre representa la "puntilla definitiva" del "gobierno liquidador" del presidente Fabra. Puig añadió que el Govern valenciano de esta manera "se venga de los trabajadores", como si fueran "los culpables del monumental despropósito", cuando en este momento "el que sobra es el Gobierno del PP al frente de la Comunidad Valenciana".

Desde las filas de Compromís, su portavoz Enric Morera mostró su apoyo a la petición de dimisión de Fabra y lamentó el "gobierno de inútiles" que, a su juicio, tiene la Comunitat. "Tenemos un mensaje para Fabra: que deje de hacer daño a la Comunitat Valenciana. RTVV no se toca", añadió. En esta línea, exigió al jefe del Consell que aplique la sentencia y "admita a los trabajadores" de una cadena pública que señaló como "viable". Por su parte, el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró calificó lo ocurrido de "cacicada" y advirtió de que su grupo intentará llevar la decisión del cierre a los tribunal.

En la calle, trabajadores de RTVV se concentraron frente al Palau de la Generalitat de forma espontánea. Al filo de la medianoche del martes, la asamblea aún no había establecido un calendario de movilizaciones para los próximos días. Ocurra lo que ocurra, la consigna por parte de los empleados es clara: emitir con normalidad hasta que las circunstancias lo permitan y luchar para parar el cierre antes de que el PP apruebe las modificaciones legales necesarias para hacerlo viable.