Periodismo
La FAPE irrita a la derecha mediática tras una cascada de condenas por la falta de ética de varias cabeceras
![Federico Jiménez Losantos y Bieito Rubido.](https://static.infolibre.es/clip/0d87ed47-0367-4a4c-8cd7-f68fc1a15f03_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Las últimas resoluciones de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ocho de ellas aprobadas solo en lo que va del mes de julio —cuando la actividad de este organismo suele ser mucho más reducida— han enfadado a buena parte de la derecha mediática. Algunos de los medios que han visto afeada su conducta critican estos días a la FAPE y la acusan de favorecer a la izquierda.
Es el caso de Bieito Rubido, director de El Debate, periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, que este lunes, en los micrófonos del locutor Federico Jiménez Losantos, se quejó de que “una parte de los medios” ha decidido, según él, “negar el derecho a discrepar y a informar”, acercando cada vez más la realidad de España a la de Venezuela. Rubido criticó expresamente a Miguel Ángel Noceda y a María Rey, presidentes de la FAPE y de su principal organización, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), por haberse puesto, dijo, “al servicio del poder”. En el mismo espacio, la subdirectora del programa, Rosana Laviada, se refirió a la FAPE como una organización que actúa como un “tribunal alternativo”.
Tampoco le han gustado los pronunciamientos a El Confidencial Digital, uno de los que, según la Comisión de Quejas, ha incumplido el Código Deontológico de la FAPE. Este medio sostiene que es una “exigencia imposible” de cumplir pedir que los periodistas que recojan una noticia, además de confirmar la fuente, tengan “que ‘comprobar’ que lo que dice la fuente es verdad”, lo que según ellos les autoriza a publicar cualquier cosa siempre que se atribuya a alguien, aunque sea sin ponerle nombre y apellidos.
La Comisión de Quejas nació impulsada por la FAPE en el año 2006 con el objetivo de conocer y resolver las cuestiones de deontología y ética periodísticas, conforme a su propio reglamento, por iniciativa propia o a petición de la propia Federación o de cualquier ciudadano. Sus integrantes son nombrados por la Asamblea General de la FAPE, a propuesta de la Junta Directiva, entre personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico o a otras actividades relevantes de la vida social. Su actual presidente es el periodista Fernando González-Urbaneja.
Medio centenar de medio, según la FAPE, han aceptado someterse voluntariamente a la autoridad de la Comisión, que cita a modo de ejemplo algunas cabeceras: las agencias de comunicación (Efe, Servimedia, Europa Press), pasando por el Grupo Prisa, revistas como Mundo Cristiano, El Progreso de Lugo, Onda Jaén Radio y Televisión o Canal Sur de Andalucía.
Las resoluciones que no han gustado a la derecha mediática se refieren a El Confidencial Digital, EdaTV, Federico Jiménez Losantos, El Debate y Libertad Digital. Sus máximos responsables se han limitado a ignorar su contenido o a criticar a los responsables de la FAPE.
El Confidencial Digital
La Comisión revisó una queja presentada por Ignacio Escolar, director de elDiario.es, contra este periódico por una posible vulneración del Código Deontológico. La queja se basaba en un artículo titulado “El Gobierno de Ayuso denuncia que dos periodistas encapuchados de elDiario.es intentan entrar en la casa de la presidenta”. La Comisión concluyó que existió una vulneración, aunque atenuada, ya que El Confidencial Digital rectificó y publicó la corrección solicitada por elDiario.es de manera inmediata y completa. La Comisión enfatizó la importancia de contrastar las fuentes y de fundamentar las informaciones más allá de la mera identificación de las mismas, en la búsqueda de la verdad como compromiso básico del periodista. Señaló que la rectificación posterior por parte de El Confidencial Digital, aunque mitiga la falta, no exime de responsabilidad por la vulneración original.
EdaTV
En este caso, la resolución concluye que EdaTV infringió el Código Deontológico al publicar un artículo sin ofrecer a la persona afectada la oportunidad de dar su versión de los hechos, violando el Principio de Actuación 1.a). Esta queja fue presentada por el Comité de Redacción de El País y dirigida a Javier Negre, responsable de la publicación. La resolución destaca la necesidad de que los periodistas fundamenten sus informaciones y mantengan la ética profesional.
Federico Jiménez Losantos
La Comisión emitió una resolución sobre una posible violación del Código Deontológico por parte del periodista Federico Jiménez Losantos, director de esRadio. La queja fue interpuesta por el Comité de Redacción de El País, refiriéndose a un comentario editorial de Jiménez Losantos en su programa de radio. La Comisión indicó que los hechos denunciados debían diferenciarse de casos muy distintos, haciendo énfasis en que la integridad personal y física de los individuos debe ser respetada. El dictamen señaló que Jiménez Losantos violó el Principio de Actuación 14 del Código Deontológico de la FAPE, que exige que las informaciones se fundamenten en pruebas concretas y se contrasten con la versión de los afectados. La Comisión resaltó que, aunque la crítica periodística es válida, no debe cruzar los límites del respeto y la integridad, sobre todo cuando se trata de opiniones editoriales. Esta resolución subraya la importancia de mantener una práctica profesional ética en el periodismo.
El Debate
Una resolución revisó la posible infracción de El Debate al publicar un artículo titulado "Sol denuncia el acoso de periodistas pro sanchistas a vecinos de Ayuso". Tras examinar los escritos de ambas partes, la Comisión declaró que el artículo en cuestión infringió los artículos 3, 4 y 5 de los Principios de Actuación al no identificar adecuadamente sus fuentes y no fundamentar suficientemente la información proporcionada. Además, la Comisión señaló que es deber del periodista contrastar las fuentes y proporcionar información verificada y precisa para asegurar la calidad del trabajo periodístico.
La Comisión también abordó la mención de dos periodistas, Fernando Peiró y Manuel Viejo, en el artículo, atribuyéndoles conductas no verificadas. Se destacó la necesidad de que las informaciones sean ofrecidas de forma veraz y objetiva, permitiendo a las personas afectadas presentar su versión de los hechos. Además, se resaltó la importancia de respetar la presunción de inocencia y el derecho a la propia versión de los implicados. Esta resolución subraya la importancia de que el ejercicio del periodismo se realice con independencia y rigor, garantizando la veracidad y la calidad de la información ofrecida al público.
En una segunda resolución y a instancias de otra queja de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, la Comisión también se pronunció contra el diario El Debate. La queja se centraba en la posible vulneración del Código Deontológico por un artículo titulado "Sol denuncia el acoso de periodistas pro sanchistas a vecinos de Ayuso". Tras revisar el expediente, la Comisión determinó que el artículo infringe el artículo 1 de los Principios de Actuación del Código Deontológico de la Profesión Periodística. La resolución resalta la importancia de contrastar y fundamentar adecuadamente las informaciones, como parte del deber del informador en la búsqueda de la verdad.
La Comisión enfatizó que el deber de contrastar fuentes no es un deber aislado, sino parte integral de un esfuerzo más amplio por asegurar la veracidad y la fundamentación de las informaciones publicadas. La resolución subrayaba que se exige que el informador sustente la información adecuadamente, cumpliendo con el compromiso básico del periodismo. Además, se mencionaba que la infracción fue atenuada por el desmentido posterior y la "despublicación" del contenido, lo cual constituyó una forma de reparación ex post.
Libertad Digital
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo emitió una resolución sobre una queja, de nuevo presentada por Ignacio Escolar, director de elDiario.es, contra Libertad Digital y esRadio. La queja se centraba en un artículo publicado en Libertad Digital, en el cual se denunciaba que dos periodistas de elDiario intentaron entrar en la casa de la presidenta de Madrid, y una intervención radiofónica de Federico Jiménez Losantos. La Comisión determinó que el artículo de Libertad Digital violaba el Código Deontológico al no contrastar adecuadamente la información, pero consideró que la intervención de Jiménez Losantos no infringía el código, ya que expresaba una opinión personal sin promover la violencia.
Además, la Comisión subrayó la importancia de que los periodistas contrasten la información y cumplan con la búsqueda de la verdad, independientemente de las fuentes utilizadas. La resolución también destacó la preocupación por la creciente hostilidad en el debate periodístico y la necesidad de evitar que las opiniones políticas escalen en violencia.
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Presentar una queja ante la Comisión de la FAPE está al alcance de cualquiera. Los requisitos, según su reglamento, son los siguientes: “El procedimiento se iniciará ordinariamente a instancia de parte legitimada”, salvo en casos excepcionales, “y mediante solicitud por escrito en la cual, en la forma que considere más adecuada su autor y sin sujeción a formulario, habrán de hacerse constar los datos y circunstancias que permitan la identificación y en su caso los documentos que acrediten la representación orgánica o voluntaria del firmante” y “los hechos que, a su parecer, sean constitutivos de la eventual infracción de normas deontológicas”.
También será necesario citar “la norma o normas del Código Deontológico de la FAPE que se consideren vulneradas” y aportar “los documentos que considere oportunos para apoyar la narración de hechos y, en su caso, la petición de que se reciba a prueba, indicando los medios que proponga”, así como señalar “la petición concreta que se deduzca con inclusión de aquellas medidas que considere adecuadas para reparar el derecho o interés legítimo lesionado”.
Esta normativa permite a cualquier ciudadano presentar una queja formal cuando considera que un medio de comunicación o un periodista ha vulnerado los principios éticos del ejercicio profesional del periodismo.