Unas radios y televisiones públicas que estén realmente al servicio de los ciudadanos es la propuesta esencial de la plataforma TeleDeTodos, contenida en un muy amplio informe que acaba de ser dado a conocer. Al servicio de esa idea, postula la participación social para regenerar los medios, con presencia ciudadana en organismos como el Consejo Audiovisual, Consejos Sociales, o la despolitización de los Consejos de Administración. También pone especial énfasis en la importancia de los Consejos de Redacción, a los que otorga la capacidad de que sus informes sean vinculantes para la dirección. Diez años después del informe del Comité de Sabios –del que algunos de los ponentes formaron parte– considera imprescindible la adaptación a una realidad multimedia y digital.
Firman el documento Enrique Bustamante, Rafael Díaz Arias, Pedro Soler Rojas, Manuel Aguilar Gutiérrez y Marcel Camacho Samper; la mayoría profesores de universidad en el terreno de la comunicación, varios han trabajado o trabajan en RTVE, y todos parten de una reprobación total del actual modelo. En esa línea, proponen una refundación para "ir más allá" de las reformas introducidas en 2006. Tras constatar "el grave deterioro, en términos de calidad, de pluralismo y de audiencias del servicio público en nuestro país", fija como objetivo "la Independencia, estabilidad, responsabilidad y, sobre todo, la participación (apertura) a la sociedad civil."
1. Integración en TVE de las autonómicas
Una de las propuestas más audaces del estudio propone la integración de las televisiones autonómicas en TVE por medio de "un proceso paulatino de constitución de abajo a arriba de una estructura federal del servicio público (al estilo de la ZDF alemana), con un progresivo camino de integración voluntaria entre las RTVAA y RTVE, en condiciones de cogestión, o de asociación y coordinación". La televisión pública estatal se conformaría en consecuencia con "La 1 como canal generalista y la 2 en tanto cadena cultural plena (emitidos en HD), apostando por la ficción y el cine nacional y europeo y por la innovación de formatos y servicios; creación de un nuevo canal estatal-autonómico, cuya programación central estaría alimentada conjuntamente con las televisiones autonómicas; un Canal 24 Horas centrado en la información en directo y un Canal Internacional dotado de los mejores recursos y los mejores programas".
En paralelo, afirma que "el servicio público de radiotelevisión debe trasponer al mundo on line las funciones clásicas del servicio público y facilitar el acceso universal a contenidos digitales, con un auténtico Plan Estratégico para la Era Digital, concretado en los mandatos-marco y los contratos programa; y proyectarse a todas las plataformas interactivas presentes y futuras, con creación de una comunidad de espectadores y usuarios comprometidos con los valores del servicio público ( denominada “Ciudadanos por el Servicio Público Multimedia”), con influencia real y directa en la orientación de sus contenidos y servicios".
2. Los ciudadanos, en los órganos de control
Tras afirmar que "la gestión del servicio público ha sido endémicamente marcada en España por los partidos en el gobierno, que han lastrado su calidad, impedido su gestión eficaz y desnaturalizado sus misiones fundamentales" apunta a un "Contrato con la Ciudadanía, centrado en la definición de las misiones del servicio público, al servicio de los ciudadanos y de sus asociaciones civiles, garantizado por su participación sistemática". Para ello apuesta por:
- Un Consejo Audiovisual como gran regulador y vigilante del sistema audiovisual entero, independientes orgánicamente de los departamentos estatales, competente en los servicios lineales y no lineales. Compuesto por 7 miembros, propuestos cada uno al menos por tres grupos parlamentarios, elegidos por el Parlamento por seis años por mayoría reforzada de dos tercios, de entre profesionales que acrediten al menos cinco años de experiencia en el campo audiovisual, tras una audiencia de evaluación parlamentaria.
- Un nuevo Consejo Social, "que debe constituir una pieza clave de la estructura del servicio público, como cauce de participación sistemática de la sociedad civil y garante de la legitimidad y adecuación del servicio público a sus necesidades y demandas. Su base de partida serán las asociaciones representativas de la sociedad española, no estatales y sin afán de lucro, inscritas previamente en un registro del Consejo Audiovisual de España, que propondrán y votarán a 9 de sus 11 miembros. El Consejo Social tendría entre sus funciones la de proponer al parlamento cinco de los miembros del Consejo de Administración.
- Un registro que agrupe a los “Ciudadanos por el Servicio Público”, regulado y controlado por el Consejo Audiovisual y el Consejo Social, caracterizado por permitir una participación intensiva y sistemática a través de las redes interactivas. Elegirá otros dos miembros del Consejo Social.
- Un Consejo de Administración que se constituye como un auténtico consejo de control externo del servicio público, de sus presupuestos y programaciones, de los nombramientos de sus directivos y de la totalidad de la gestión. Compuesto por un mínimo de nueve y un máximo de doce miembros, con reconocida experiencia profesional acreditada de, al menos, cinco años en el campo audiovisual, con mandato general de seis años, renovados por mitades cada tres años. Propuesto por: cuatro consejeros, y sus respectivos suplentes, por los grupos parlamentarios; cinco por el Consejo Social y tres como máximo por las RTVAA que se integren plenamente en la Corporación estatal, refrendados todos ellos en el Parlamento por mayoría reforzada de dos tercios, tras una audiencia pública; con dedicación exclusiva y estrictas incompatibilidades profesionales políticas y empresariales. Sus miembros eligen a la persona que ocupe la Dirección General; supervisan y dan el visto bueno al mandato marco y al contrato programa; y aprueban el informe semestral del servicio público. La persona que ocupe la Dirección General, como máxima figura de gestión del servicio público, será elegida por el Consejo de Administración tras un concurso público; deberá tener experiencia de al menos diez años en el campo audiovisual, y presentar un proyecto estratégico para el servicio público. Será nombrada por cinco años, irrevocable y no reelegible. Con la función de dirigir la gestión del servicio público, con control estricto del Consejo de Administración, en presupuestos, programación y nombramientos principales, y ante el Consejo Social.
- Consejos de Informativos. Los ponentes proponen recuperar y reforzar a los Consejos de Informativos como instrumento esencial de la independencia informativa del servicio público, de su pluralismo político y social, y de su defensa respecto a toda presión externa, gubernamental o privada. Elegidos por un censo estricto de profesionales de la información audiovisual, con voto vinculante de su dictamen sobre la designación de los directores de informativos y con capacidad de denuncia pública de las violaciones del Estatuto de Informativos. Para garantizar el cumplimiento de las misiones de independencia editorial y calidad de las misiones de servicio público, será imprescindible una carrera profesional interna, plasmada en un Estatuto de la Carrera Profesional del servicio público, pactado por el Consejo de Administración con los sindicatos representativos y con los consejos de informativos en su campo de competencia. Que incluya criterios exclusivos de mérito y capacidad, con una clasificación profesional clara aunque basada en la polivalencia y la multifuncionalidad, remuneraciones proporcionales y transparentes, y criterios de promoción objetivables por concursos abiertos y baremos públicos, incluyendo los puestos de especial responsabilidad y corresponsalías. Así como un reforzamiento de la participación de los trabajadores, con poderes reales de control interno.
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3. Financiación estable y responsable
El estudio afirma que "frente a los recortes sustanciales experimentados por el servicio público en los últimos cinco años, que han deteriorado gravemente la capacidad y el peso social del servicio público, es preciso aplicar estrictamente las recomendaciones europeas sobre una financiación suficiente, estable y responsable, ceñida al coste neto de las misiones del servicio público". Estas son las principales sugerencias:
- Una financiación pública plurianual, establecida en los contratos programa trienales, con compromisos fehacientes del Estado, con prohibición de endeudamientos a medio y largo plazo.
- Una parte sustancial de esos recursos públicos proceda de la totalidad de las tasas pagadas por los operadores comerciales por el uso de un bien público como es el espectro radioeléctrico. Los ingresos estatales por el llamado “dividendo digital” deben ser destinados también a ese fin, así como a eliminar progresivamente la fractura digital en nuestra sociedad.
- Ante la crisis europea del canon tradicional, y ante la imposibilidad de aplicarlo en España, recomendamos una solución imaginativa como la establecida en Finlandia, que refuerce la conciencia ciudadana del servicio público eliminando al tiempo su regresividad fiscal, y sin aumento de la presión fiscal: una casilla informativa en el borrador de la declaración del IRPF anual, especificando la cantidad que se destina de cada contribuyente al servicio público de comunicación en proporción a sus ingresos anuales.
- Que las tasas actualmente abonadas por los operadores como compensación a la eliminación total de la publicidad en RTVE, imprevisibles y en descenso acelerado, de los operadores, alimenten un fondo de capitalización y reserva del servicio público que permita el fortalecimiento de sus fondos y la inversión en capital destinada fundamentalmente a su despliegue en las redes digitales.
- Las radiotelevisiones públicas autonómicas puedan seguir acudiendo a fuentes comerciales subsidiarias, cuyos ingresos se detraerán del coste neto de la programación, manteniendo en cambio la exclusión de anuncios en RTVE, con mantenimiento del patrocinio compatible con sus misiones de servicio público; todo ello sin perjuicio de una apertura a la financiación comercial de sus canales internacionales y de la posibilidad abierta de su aceptación limitada en los servicios interactivos, aunque con prohibición total de servicios que conduzcan a la venta de productos y servicios. En todo caso, la financiación del servicio público y su liquidación debe seguir estrictos informes y controles del Consejo Audiovisual y del Parlamento, medido sobre los costes netos de las misiones legales, y dotado de amplia transparencia pública.
- La transparencia debe ejercerse no solo respecto a los organismos de control internos y externos del servicio público, sino también frente a los ciudadanos que constituyen sus auténticos propietarios. Y debe incluir los aspectos financieros (fuentes, costes…) las retribuciones y las contrataciones externas, y ser garantizada por auditorías sistemáticas y rigurosas.
El amplio informe se refiere también a aspectos como la producción para resaltar que "es necesario mantener en el servicio público un equilibrio permanente, planificado y controlado entre los niveles de producción propia interna con su papel dinamizador de la industria audiovisual independiente: un alto nivel de producción interna como garantía de calidad y fiabilidad en sus misiones centrales de servicio público, combinado con su papel como motor de la industria audiovisual independiente española".
Unas radios y televisiones públicas que estén realmente al servicio de los ciudadanos es la propuesta esencial de la plataforma TeleDeTodos, contenida en un muy amplio informe que acaba de ser dado a conocer. Al servicio de esa idea, postula la participación social para regenerar los medios, con presencia ciudadana en organismos como el Consejo Audiovisual, Consejos Sociales, o la despolitización de los Consejos de Administración. También pone especial énfasis en la importancia de los Consejos de Redacción, a los que otorga la capacidad de que sus informes sean vinculantes para la dirección. Diez años después del informe del Comité de Sabios –del que algunos de los ponentes formaron parte– considera imprescindible la adaptación a una realidad multimedia y digital.