Fútbol
El Supremo da la razón a Mediapro en la guerra del fútbol con Prisa
El Tribunal Supremo ha declarado a Mediapro vencedor de la guerra del fútbol. En un fallo unánime, la Sala de lo Civil ha dictaminado que el acuerdo firmado en julio de 2006 por la empresa de Jaume Roures y Audiovisual Sports, propiedad del Grupo Prisa, contraviene las leyes de la competencia.
De esta forma, el Alto Tribunal exime a Mediapro de pagar a Prisa los 323,27 millones de euros que ésta le reclamaba por incumplir ese contrato que ahora se declara nulo en sentencia firme. La empresa de Roures sólo tendrá que abonar a la que que preside Juan Luis Cebrián un total de 32,33 millones más intereses por los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol correspondientes a la temporada 2006-2007, la única en que estuvo vigente el acuerdo.
El Supremo estima así el recurso y los argumentos esgrimidos por Mediapro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en noviembre de 2012 resolvió el contrato entre ambos grupos y condenó al de Roures a pagar a Prisa 62,16 millones de euros por facturas pendientes de pago. A su vez, la Audiencia había estimado parcialmente un recurso anterior de Mediapro contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid que en 2010 la condenó a abonar 97,32 millones de euros.
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Fueron las batallas judiciales de la guerra del fútbol, que se desató cuando Mediapro empezó a firmar contratos con los clubes de fútbol para adquirir sus derechos audiovisuales. Según Prisa, esas operaciones infringían el acuerdo que ambos grupos habían firmado en 2006 y que incluía en su cláusula quinta un pacto de no competencia: reservaba a Audiovisual Sports la compra y renovación de esos derechos.
El Supremo corrobora un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia que ya en abril de 2010 consideró contraria a las leyes de la competencia nacionales y europeas la citada cláusula. La sentencia deja claro que no sólo es nulo ese apartado sino también todo el acuerdo de 2006.
Y es así porque con él “se pretendía acabar con la competencia entre Audiovisual Sports y Mediapro en la obtención de los derechos audiovisuales de los clubes, para evitar su encarecimiento y ambas entidades se repartían su explotación”, explica el Alto Tribunal. Por tanto, no deja lugar a dudas, “el acuerdo en su conjunto tenía por objeto restringir la competencia”.
