Impuestos y elecciones

Hay mucho ruido, ensordecedor. Los cantos de sirena que hemos estado escuchando durante los últimos meses, coincidiendo con un clima electoral que va a seguir extendiéndose en el tiempo, nos traen máximas sobre el sistema fiscal que, irresponsables e irreales, harían pensar al menos cauto de los oídos que “todo impuesto es malo” o que “la única decisión correcta en materia fiscal es bajar impuestos.”

Una melodía más compleja reconocería que mientras la presión fiscal media europea es del 41,4% del PIB, la española se queda en el 34,5%. Esto se traduce en unos 80.000 millones de euros que no estamos recaudando y que vendrían de perlas para pagar una deuda pública que ya llega al 97,1% del PIB y que solo puede reducirse o bien recortando servicios o bien aumentando la recaudación. Además, y aún más importante, las declaraciones públicas de los líderes políticos sobre los impuestos deberían reconocer su relevancia como garantes de los valores de una sociedad: ¿queremos ser un país del sálvese quien pueda, regido por la ley del más fuerte? ¿O bien disfrutar de un Estado que, como reza nuestra Constitución, nos haga libres e iguales?

No hay libertad ni igualdad en una sociedad donde no se combaten con ahínco las desigualdades extremas, y la mejor forma de hacerlo es a través del sistema fiscal.

La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor red de entidades del Estado en materia fiscal que engloba a grandes sindicatos (CC OO y UGT), al Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y organizaciones como Oxfam, Attac o EAPN, tiene dos grandes preocupaciones en este momento político. La primera tiene que ver con la urgencia de formar un Gobierno para tomar determinadas decisiones –demasiado tiempo postergadas– que aumenten nuestra capacidad recaudatoria y mejoren la progresividad de nuestro sistema fiscal. Urgencia que no sólo es debida a que hay que pagar una ingente deuda, sino también a que hay 30.400 personas dependientes esperando a ser atendidas, a que 50.000 niños y niñas han empezado este curso escolar en barracones o a que en nuestro país 4,2 millones de personas malviven en pobreza severa.

La segunda de las peticiones, especialmente pertinente al volver a entrar en campaña electoral, es que es necesaria una mayor responsabilidad cuando se habla de impuestos. Todos aquellos que han gestionado alguna administración saben que las decisiones se toman en función de los fondos disponibles y que no existe evidencia de ningún tipo que haga cierta la máxima de que bajar impuestos siempre activa la economía y acaba, por tanto, aumentando la recaudación. Los cantos de sirena que prometen que menos impuestos redundarán en familias trabajadoras con más ingresos suelen ser el bonito envoltorio de un regalo envenenado formado por recortes de gasto social y beneficios fiscales desproporcionados para quien más tiene.

Volviendo a la urgencia de reformar nuestro sistema fiscal, de entre todas las decisiones que hay que tomar, enmarcadas en una revisión ambiciosa y valiente de la fiscalidad en España, la Plataforma quiere destacar tres objetivos políticos que deberían articular la acción legislativa y ejecutiva en materia fiscal en la siguiente legislatura.

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El primero de ellos tiene que ver con incrementar la progresividad fiscal. El tramo máximo de impuesto de la renta en España está en el 45% cuando, por ejemplo, en Suecia está en el 57,1% y en Portugal en el 56,5%. Ocupamos el puesto 15 de la UE en este sentido, por detrás de las economías más desarrolladas. Se puede y se debe mejorar, y resulta decepcionante que este tema no esté incluido en las 370 medidas que el PSOE ha presentado en su último programa. La progresividad en el impuesto de sociedades también está en entredicho. No es de recibo que las pequeñas empresas paguen un mayor tipo efectivo mientras que las grandes dejan de contribuir con miles de millones que se pierden por los agujeros varios de la elusión fiscal.

El segundo de los objetivos debería ser acabar con la competencia fiscal entre comunidades autónomas en los impuestos de patrimonio y sucesiones. Nada menos que 1.000 millones de euros se pierden en Madrid por la bonificación total de un impuesto, el de patrimonio, que sólo afecta a las rentas más altas y del que se benefician especialmente las 4.000 personas que tienen más de 6 millones de euros. Es igualmente sorprendente que este tema, aunque estuviera incluido en el pacto presupuestario PSOE-Unidas Podemos, esté ausente del último programa presentado por los socialistas.

El último y gran objetivo ha de ser el de reducir el fraude fiscal. Todos los grandes partidos hacen referencias a este punto en sus programas electorales, por lo que tenemos la esperanza de llegar en ver pronto un Pacto de Estado contra el fraude que, entre otras cosas, conlleve un aumento considerable de los recursos de la inspección. Contar con la mitad de inspectores fiscales que la media europea es un absurdo económico en un país en el que la economía sumergida, el fraude fiscal y el laboral llegan a suponer, según algunas estimaciones, el 6% del PIB.