El triunfo de las víctimas

Todos los caminos por los que discurre la acción institucional del Estado son lentos para las víctimas. Especialmente cuando se trata de reconocer sus derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pero su esfuerzo frente a todas las adversidades, a veces cuando incluso son décadas y décadas de dolor las que median, finalmente obtiene el reconocimiento. Muchas ya no lo verán, pero su memoria sigue viva en aquellos que les sucedieron y en todas nosotras y nosotros.

El día 24 de septiembre de 2019 pasará a la historia de España como el día en el que uno de esos triunfos tuvo lugar. Los restos del dictador, Tribunal Supremo dixit, serán exhumados del lugar de la vergüenza construido para mayor gloria y honor de toda una ideología canalla y fascista que ha dominado hasta ahora, al menos en ese reducto de la sierra madrileña, en donde se ha obligado a las víctimas a compartir el lugar de reposo con los restos de quien las masacró. Sí, hoy al fin el Tribunal Supremo, da igual que se refiera a Francisco Franco como jefe del Estado, como don Francisco o como dictador, ha decidido que no debe ser lugar de inhumación del perpetrador el sitio que ha sido regado con sangre de inocentes que él ordenó aniquilar.

Además, el Supremo ha rechazado también que los restos de Franco reposen en lugar sagrado. Su sitio estará en una ubicación que no exalte ninguno de los postulados por los que se rigió para someter a España a una cruel dictadura de cuatro décadas. Este día será el primero, después de muchos otros en los que la justicia se les ha negado, el día de la victoria de las víctimas, que servirá para continuar construyendo memoria, y quizás conseguir, si la valentía perdura en las instituciones, verdad sobre los crímenes franquistas.

En el camino, han quedado ilusiones, esfuerzos y voluntades de muchos y también dolor a raudales en demasiadas víctimas. En mi caso la historia, como es notorio, ha tenido unas connotaciones muy particulares, que quiero compartir con todos los que pierdan un poco de su tiempo para leer este texto. El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar los crímenes del franquismo. Casi once años después, el Tribunal Supremo avala la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su enterramiento en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, cerca del palacio que durante tantos años albergó al dictador.

Un largo recorrido

Entre medias, ha sido preciso mantener numerosas iniciativas desde la sociedad civil, junto con múltiples organizaciones de víctimas y plataformas, fundaciones y organismos internacionales, y, por supuesto, responsables públicos, políticos y sindicales conscientes de que la memoria y los derechos de las víctimas son algo inalienable y que no debe ser negado como otros ignominiosamente han hecho. Entre todos, hemos generado el escenario propicio para que la lenta máquina de la justicia se exprese. Recuerdo aquí una de esas iniciativas, específicamente referida al Valle de los Caídos, compartida con otros abogados como Manuel Ollé, Eduardo Ranz y Pedro Javier Díaz, cuando el 19 de noviembre de 2015 solicitamos al Consejo de Ministros, haciendo uso del Derecho fundamental de Petición (art. 29 Constitución Española), la reconversión del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria de las Víctimas.

Solicitábamos la salida de los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de  Rivera, la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican allí, por entender que podían incitar al odio. Y también, que se arbitrase la exhumación e identificación de los restos de los que allí se encuentran y  la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pidiera perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.

También solicitamos la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, por contradecir la Constitución española y el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Tal y como están formuladas impiden, sin duda alguna, la reconciliación por mucho que la derecha más inflexible venda el sitio como un lugar de acuerdo y concordia.

Esa propaganda de que el monumento respondía al sentido de la unidad y hermandad de los españoles y que suponía una ofrenda a todos los caídos no respondía a la realidad. ¿Cómo lo iba a ser si en dicho monumento se encuentran las tumbas del propio dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange Española José Antonio Primo de Rivera? Y más aún, sabiendo que se erigió con el trabajo esclavo de miles de presos… No, la propia idea y construcción supuso una exaltación de la dictadura y del propio dictador, los símbolos que se exhiben son los de la dictadura, y la inhumación de las víctimas del franquismo se realizó sin conocimiento ni autorización de las mismas. Eso no era sino revictimizarlas y así lo expresamos. No he visto aún los argumentos de la sentencia, tiempo habrá de analizarla, pero lo importante es que ha cesado esta aberración sostenida falazmente por quienes añoran un tiempo pasado de infausta memoria.

Simbología inadmisible

Por eso, es inadmisible que continúe exhibiéndose la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura (“dos escudos preconstitucionales con el águila imperial; un escudo de Francisco Franco sobre la puerta de acceso a la sacristía; inscripción en letras de bronce 'Caídos por Dios y por España, 1936-1939, R.I.P.' o un mosaico que representa a un Cristo sedente al que se dirigen cuatro procesiones de mártires, dos de las cuales portan respectivamente los estandartes de Falange y de requetés… Todo ello en manifiesto incumplimiento de la denominada Ley de Memoria Histórica”). Con todo esto, destacábamos, se propiciaba la discriminación de las víctimas en el interior, auspiciando la práctica de homenajes en aniversarios mediante actos de naturaleza política o exaltadores de la Guerra Civil y la dictadura, o de los protagonistas de la época, bien de forma laica, o a través de la Misa por los “caídos de nuestra cruzada”, cuya denominación en sí misma ya implicaba incitación al odio al enaltecer la violencia y la represión franquista.

Es urgente que se apruebe un nuevo marco jurídico relativo a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, sus bienes y situaciones jurídicas en la idea de transformar el Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria. Se trata de que el derecho a la verdad y a la reparación pueda ser efectivo, en toda su extensión. Con cosas tan sencillas como la publicación oficial del nombre de todas las víctimas, o la creación de un centro de memoria. Y mediante algo fundamental como es el acceso a los archivos e información de la documentación que allí se encuentra.

No voy a dar cuenta aquí de lo largo y engorroso del proceso. Baste con decir que el Consejo de Ministros presidido por don Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno por el Partido Popular, no se dignó contestar en ese momento (lo hizo después extemporáneamente) y que a partir de ahí presentamos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo en los mismos términos. Sí menciono que en la demanda decíamos: “No existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000 víctimas), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria”.

Algo que creo es crucial en este asunto.

El cambio

Desde aquella fecha hasta hoy, se han sucedido los acontecimientos. El Congreso de los Diputados aprobó el 11 de mayo de 2017, sin ningún voto en contra, una proposición no de ley del PSOE sobre la exhumación del dictador y es a partir de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez cuando las cosas empiezan a cambiar. “España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrar heridas, y apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios", dijo el nuevo presidente ante el hemiciclo el 18 de junio de 2018. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha trabajado contra viento y marea para hacer posible el Decreto que daría pie, tras un largo y complicado camino, a la sentencia que este martes ha avalado la exhumación.

De toda esta historia me quedan imágenes. Las de las familias que acudían a mi despacho de la Audiencia Nacional presentando sus denuncias, encogidas aún por el silencio impuesto tantos años. Las de las personas que dieron su testimonio ante el Tribunal Supremo cuando me juzgaron por aquella declaración de competencia que dio pie a que el mundo supiera que había más de 130.000 desaparecidos de la dictadura en las cunetas y en fosas anónimas. La de la alegría intima de quienes recuperaron los restos de los suyos en combate desigual con la justicia o con alcaldes o alcaldesas que negaban tal posibilidad. Me acuerdo de los abrazos, de las lágrimas de emoción y de las manifestaciones semanales reclamando justicia.

Y me recuerdo a mí de niño y adolescente escuchando a mi tío Gabriel que, en voz baja, demasiado alta para inquietud de mi madre, me contaba otra historia de España que no figuraba en mis libros de texto. Les recuerdo a todos ellos y a todos los que no conoceré nunca, a los millares de españoles que hoy inician el camino de la verdad, de la justicia y de la reparación. De ellos es, por fin, el triunfo.

_______Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR

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