Pensionistas, residencias y covid-19

¿Cuál es la situación actual de las residencias de mayores? ¿Cómo se ha llegado a la situación que estamos viviendo y por qué? ¿Qué medidas debemos exigir para corregirla y dignificar las residencias?

Este texto intenta responder a esas tres preguntas. Pero, antes, es oportuno hacer dos aclaraciones previas.

La primera es que la existencia de residencias es imprescindible porque siempre habrá personas que precisan de cuidados para las Actividades de la Vida Diaria (AVD) básicas (higiene personal…) o instrumentales (prepararse la comida, hacer la compra…), pues por diversas razones no pueden realizarlas ellos mismos. Una parte de esas personas, por motivos personales-familiares, sociales o técnicos (aparataje…) no pueden recibir esos cuidados en sus propios domicilios, razón por la que deben ser ingresados de manera permanente en una institución (residencia) en la que existan las condiciones para que puedan recibir los cuidados que precisan.

Sin embargo, debe quedar claro que un modelo progresista de Servicios Sociales para los Mayores nunca debe tener a las residencias como elemento central, sino que debe basarse en la estrategia de ageing at home (envejecer en casa) y deberá tener como elemento nodal la existencia de unos Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) suficientes, de calidad y bien financiados, y de carácter totalmente público.

El modelo que defendemos en el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (MODEPÉN) se basa en el modelo sueco, quitándole los añadidos neoliberales, afortunadamente escasos, introducidos en los últimos 20 años. Se trata de un modelo de servicios plenamente públicos, bien financiados con cargo a los presupuestos del Estado. En ese modelo el derecho a una vejez digna es un derecho ciudadano, reclamable ante los tribunales, como la educación, la sanidad o las pensiones públicas.

La segunda aclaración previa es que el campo de las alternativas de convivencia compartida para los mayores es mucho más amplia que la existencia de las actuales residencias. Estas se encuentran dirigidas preferentemente a personas con dependencia, es decir, a personas que precisan de otras personas para la realización de las Actividades de la Vida Diaria. Existen en diversos países, un buen número de experiencias de convivencia cooperativa (cohousing) en las que grupos de personas, en general pensionistas, construyeron o modificaron viviendas o edificios, manteniendo en un espacio común sus propias viviendas individualizadas, a la vez que compartían espacios y servicios de uso común (comedores, limpieza, enfermería, …). Este tema no se abordará en este texto, centrado en las residencias de mayores y dependientes.

A. La situación actual de las Residencias de Mayores

Los elementos más relevantes que caracterizan la situación de las residencias son los siguientes:

A.1. La demanda de plazas de residencias es alta y su número escaso. En la base de la gran demanda existente, están los cambios sociales asociados a la denominada “crisis de los cuidados” que se produce cuando menos en todos los países más desarrollados: el modelo tradicional de cuidados (una de las muchas hijas cuidaba de los mayores que vivían muchos menos años) es, en la actualidad, inviable, sobre todo debido a que el fuerte envejecimiento de la población provoca un importante incremento de las personas mayores en comparación con otras épocas, y con él, un gran incremento del número de dependientes que precisan ingresar en una residencia.

A ese incremento de la demanda de plazas de residencias contribuyen también cambios sociales como la reducción en el número de hijos, el menor número de hogares multigeneracionales y el gran incremento de los hogares unipersonales. Además, la demanda de plaza en residencias también está asociada a cambios en el rol social femenino: incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral o negativa de muchas mujeres a aceptar que es solo suya (sino también de los varones de la familia) la tarea de cuidar a sus mayores.

A.2. Las residencias están enormemente privatizadas. Según el CSIC (Informe de Envejecimiento en Red nº 24 de octubre 2019), el 72,8% de las plazas residenciales en España son de titularidad privada. En el MODEPÉN sabemos que cuando menos 1/3 de las plazas de las residencias etiquetadas como públicas (de titularidad pública), en realidad son gestionadas por empresas privadas; como preferimos evitar eufemismos, no las denominamos como de “gestión indirecta” sino como “plazas de gestión privada y titularidad pública”. En Galicia el 85% de las plazas de las residencias son de gestión privada, y sabemos que también en otras CC.AA. sucede algo similar.

A.3. La escasez de personal cuidador y una alimentación muy mejorable son los principales problemas relacionados con la calidad de la atención prestada en las residencias que los usuarios y sus familiares denuncian con mayor frecuencia. Las ratios oficiales de personal cuidador son claramente insuficientes para unos cuidados de calidad: 0,20 y 0,35 gerocultor o TCAE (Técnico de Cuidados Auxiliares de enfermería) por cada usuario de Grado I o de Grado II-III, respectivamente.

La mala calidad de la alimentación es la otra queja recurrente de los usuarios y familiares de las residencias: denuncian que la comida es poco agradable y que son frecuentes los casos de residentes que tras su ingreso tienen una importante pérdida de peso.

Por cierto, los gastos en personal y en alimentación representan casi un 60% de los gastos de una residencia (44,2% y 13,6% respectivamente, en un estudio en la Comunidad Valenciana), y son los conceptos en los que es mayor la posibilidad de reducir gastos, para maximizar los beneficios de los propietarios de las residencias. La escasez de personal y la precariedad de su situación laboral, así como la generalización de los sistemas de catering, en general asociados a una pérdida de calidad de la alimentación de los residentes, encuentran ahí su explicación.

A.4. Algunos indicadores cuestionan la calidad de los cuidados de salud prestados en las residencias. Según el Informe Health at Glance 2019, España es el país de la OCDE en el que las personas que viven en Residencias (instituciones de Cuidados de Larga Duración, Long Term Care, LTC), presentan el mayor porcentaje (el 8,5%) de Infecciones Asociadas a los Cuidados de Salud, y uno de los países con mayor porcentaje de úlceras por presión (úlceras de decúbito), que se asocian a la ausencia de cambios posturales a los encamados.

A.5. Las plazas en las residencias son muy escasas y su precio carísimo y abusivo. Esto es evidente en Galicia, y creemos que lo es también en España. La política es de relegación de lo público y fomento de lo privado: van convirtiendo las residencias públicas en nuevos asilos, a los que solo tienen acceso los casos de necesidad social más acuciante, mientras ceden a empresas privadas la gestión (régimen de concesión) de cada vez más residencias de titularidad pública, y promueve de una manera descarada las residencias privadas tanto con ánimo de lucro (con DomusVi a la cabeza de manera muy destacada) como sin ánimo de lucro (con la Fundación San Rosendo, propiedad del obispado de Ourense, en posición también muy destacada en Galicia).

Los copagos son altísimos en todas las residencias, siempre por encima del 70% de la Capacidad Económica de los usuarios, llegando con facilidad hasta el 90%. Además, más del 35% de las plazas residenciales gallegas son privadas puras, y no tienen ningún tipo de financiación pública.

B. Cómo se ha llegado a esta situación

A la hora de explicar la actual situación del sector de las residencias, hay varios elementos explicativos fundamentales, entre ellos los siguientes:

B.1. Un marco legal neoliberal que tiene como elemento central a la Ley de Dependencia (LAPAD, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia), aprobada en diciembre de 2006, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. La LAPAD es una ley neoliberal que no establece un sector público de servicios sociales, sino que crea una “red de utilización pública” que incluye y equipara a los centros públicos con los privados concertados (con plazas financiadas públicamente), que puede ser tanto con o sin ánimo de lucro.

B.2. La infrafinanciación crónica de la dependencia por parte del Gobierno central, especialmente marcada desde la aprobación del RD-Ley 20/2012. En los 8 años transcurridos desde este último RDL, el recorte acumulado de la Administración General del Estado (AGE) asciende a 5.864 millones de euros.

B.3. La entrada masiva en el sector de la dependencia de los fondos buitre de inversión propietarios de la mayoría de las grandes empresas de la dependencia. La entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en enero de 2007, marcó el inicio de esa entrada masiva.

B.4. Las políticas públicas neoliberales desplegadas hasta ahora desde el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos. Los responsables políticos y de la gestión de los servicios sociales públicos renunciaron a crear unos auténticos servicios de dependencia plenamente públicos, y en esa renuncia está el origen de la gran debilidad y fragmentación que hoy caracteriza al sector público de los servicios sociales (SAAD: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).

El paradigma neoliberal, el axioma de que el carácter público o privado de los servicios no influye en su calidad, estuvo hasta ahora omnipresente entre casi todos los “expertos” del sector de la dependencia. Muchos de esos “expertos” solo ven el sector como uno más en el que obtener los beneficios económicos más amplios posibles, pero incluso entre los sectores más “progresistas”, con una preocupación más social y en general vinculados a la gestión de servicios sociales públicos o privados sin ánimo de lucro, el axioma mencionado no se cuestiona: no se quiere ver la contradicción evidente que existe entre el objetivo de maximizar los beneficios y el objetivo de prestar cuidados de calidad. Estas posiciones social-liberales pueden observarse incluso entre los críticos más incisivos de la situación actual del sistema de dependencia en España como es el caso de la “Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales”, autores de los interesantísimos informes anuales, “Dictámenes del Observatorio de la Dependencia”.

El “deslumbre social-liberal” también afectó a algún partido de izquierdas y a los grandes sindicatos estatales que nunca cuestionaron seriamente el carácter neoliberal de la LAPAD y de su aplicación.

B.5. Inexistencia hasta ahora de un movimiento social fuerte que reivindique Servicios Sociales Plenamente Públicos para mayores y dependientes (Residencias, Servicios de Atención Domiciliaria, Centros de Día, Teleasistencia…). Los que, antes de la Pandemia del covid-19 denunciábamos la enorme privatización del sector de la dependencia y las graves consecuencias que tenía en calidad de los cuidados prestados en ellas, lo hacíamos con muy poco eco entre la opinión pública, incluida la progresista.

La pandemia, con su secuela de muchísimos muertos en las residencias, ha hecho que la problemática del sector de la dependencia y de su enorme privatización aparezca como un problema importante para toda la opinión pública. Sobre esa base, tenemos que crear un fuerte movimiento social que reclame Servicios Sociales (Residencias, Centros de Día …) plenamente públicos para los mayores y dependientes.

C. Qué medidas debemos exigir para corregir la situación actual y dignificar las residencias

C.1. Es necesario que se realicen estudios epidemiológicos para saber por qué la mortalidad en las residencias fue tan alta, cuáles fueron los factores de riesgo de esa elevada mortalidad y por qué fue mucho más elevada en las Residencias Privadas, como se comprobó en el caso de Galicia.

La mortalidad por covid-19 está siendo terrible. En Galicia la enfermedad causó hasta ahora la muerte del 1,3% de las personas que vivían en las residencias de mayores. Una mortalidad importantísima, pero mucho menor que la que hubo en el conjunto del Estado (4,85,0%) y de la masacre ocurrida en Madrid, donde hasta ahora la enfermedad se asocia a la muerte del 12,2% de las personas que vivían en las residencias.

El MODEPÉN demostró que en Galicia la mortalidad en las residencias de gestión privada fue 24,18 veces superior a la existente en las residencias públicas.

C.2. La infrafinanciación del sistema público de dependencia debe terminar, y la Administración General del Estado debe saldar la deuda histórica que tiene con las CC.AA. por los recortes acumulados desde el RDL-20/2012 y debe cumplir con el compromiso acordado de asumir el 50% de la financiación pública de la dependencia, mientras que las CC.AA. deben asumir el otro 50%. En el momento actual la realidad es que las CC.AA. asumen el 80% de esa financiación pública de la dependencia mientras que la AGE solo asume el 20%.

C.3. Es precisa la aprobación de una nueva Ley de Dependencia que apueste por unos servicios Sociales plenamente públicos, así como la derogación de la actual ley.

C.4. Deben incrementarse desde ya los recursos plenamente públicos dedicados a la atención de mayores dependentes: apertura de nuevas residencias públicas, potenciación de los Servicios de Ayuda a Domicilio, …

C.5. Deben crearse verdaderos servicios sociales públicos de dependencia dotados de la estructura y los recursos adecuados, como sucede en la sanidad pública (aunque aquí habría que hacer muchas matizaciones), de manera que puedan superar su actual debilidad y fragmentación.

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Francisco L. Vázquez Vizoso fue durante muchos años jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Complexo Hospitalario de Pontevedra, miembro del Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas” (MODEPÉN) y es su portavoz en temas de covid-19.