La Justicia rechaza la maniobra del Gobierno de Madrid para privatizar ya la sanidad

Los 50 jueces que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, reunidos este jueves para deliberar sobre los distintos recursos contra la privatización de seis hospitales madrileños que se estaban tramitando en diferentes instancias del tribunal madrileño, han decidido devolver estos recursos a las respectivas secciones del tribunal que los venían analizando. La decisión la adoptó tras apenas dos horas de debate y pone fin a las maniobras capitaneadas por el anterior presidente de esta Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP–, que decidió acumularlos bajo una instancia entonces controlada por él mismo. Según fuentes del TSJM, varios magistrados han anunciado la formulación de votos particulares que se darán a conocer una vez estén dictados.

Martínez Tristán llegó a admitir que el Gobierno de Madrid le había pedido que llevase el asunto al pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, aunque según su versión rechazó inicialmente esta idea y sólo la adoptó cuando creyó que había razones jurídicas para ello. Tanto el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, se felicitaron por la decisión con el argumento de que un acuerdo adoptado por 50 magistrados (los que componen el pleno) tendría más garantías que otro decidido por los tres jueces que componen cada Sala.

La entrega de la gestión de estos centros sanitarios a las empresas Hima San Pablo, que pretendía gestionar el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo; a una UTE en la que participa Ribera Salud, que aspiraba al Infanta Leonor y al Hospital del Sureste; y Sanitas, que optaba al Hospital del Henares, no se hará efectiva por el momento al seguir teniendo validez las suspensiones cautelares del proceso de adjudicación que dictó tanto la Sección Tercera de este tribunal como el  juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid tras las impugnaciones de Afem, la organización de médicos impulsora de la marea blanca. 

Esta decisión hará que el proceso se alargue algo más en el tiempo. Pues ante el citado recurso de Afem por el que quedó suspendido de forma temporal el concurso –en el que los médicos argumentaron que, cinco días antes de expirar el plazo, la Comunidad rebajó de 200 millones a 28 la garantía que debían depositar las empresas aspirantes– el Gobierno interpuso otro en el que alegó que el auto de suspensión no contenía "la precisión que requiere una medida cautelar". Según cálculos de Afem, el TSJM podría tardar un mes en someter a estudio este recurso del Gobierno de Madrid. Si la Sección Tercera no lo estima y mantiene la suspensión, la Comunidad podría presentar un recurso de casación ante el Supremo que, según los abogados de la asociación, este tribunal podría tardar entre seis meses y un año.

La asociación de facultativos, que ve "positiva" la decisión de la Sala, estudia la preparación de un nuevo recurso después de que los datos del informe económico que acompañaba a los pliegos del concurso demuestren, según este colectivo, que la Consejería de Sanidad utilizó dos métodos diferentes para calcular el coste por habitante de la asistencia sanitaria y, por tanto, el cálculo del dinero que recibirían las empresas de la sanidad privatizada. Afem considera "motivo de nulidad de los contratos" el hecho de que los precios no estén bien calculados. 

Además, está por ver si serán los tres magistrados de la Sección Tercera o los de la Octava los que decidan sobre el otro auto por el que está suspendido temporalmente el concurso. Se trata del escrito del juez Carlos Gómez Iglesias, del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que acordó también la paralización cautelar del procedimiento al estimar que el ahorro que pretendía la Comunidad con la privatización resultaba "una incógnita en el momento actual".

Lasquetty quiere que los recursos "se resuelvan con rapidez"

Tras conocer esta decisión, el consejero Lasquetty ha dicho en rueda de prensa que el deseo del Gobierno regional es que los recursos "se resuelvan con rapidez" para "disipar la incertidumbre", informa Europa Press. Asimismo, ha expresado su "respeto por la decisión del pleno de la sala" y ha señalado su interés por conocer "cuáles son las consideraciones y el acuerdo del pleno de la sala". Por el momento, las empresas adjudicatarias dicen mantener su compromiso con el proceso, aunque todas depositaron fianzas millonarias –Ribera Salud aportó un depósito de 11,7 millones de euros; Sanitas entregó 4 millones e HIMA San Pablo ,11,2 millones– y por eso su reacción será determinante en los próximos días. Fuentes de Ribera Salud sí aseguran lamentar que "continúe una situación de incertidumbre" que, a su juicio, "no favorece a nadie", si bien mantiene "por el momento" su voluntad de seguir en el proceso. Desde Sanitas, por su parte, señalan que esta decisión "no cambia nada" y que están a la espera de conocer los detalles del escrito judicial. 

El presidente de Madrid llama irresponsables a los jueces por no decidir ya sobre la privatización sanitaria

Ver más

Otros recursos pendientes de resolución 

No obstante, además de la suspensión dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, otras instancias del tribunal madrileño tienen por delante la tarea de analizar otros recursos contra el proceso de adjudicación de la gestión de estos hospitales. Así, esta misma Sección también tendrá que examinar otro texto presentado por el PSM tras ser expulsado del proceso al estimar los jueces que que los seis diputados socialistas que lo imugnaron alegando que Sanidad intentó mejorar las condiciones de la licitación ante la falta de ofertas no ostentaban "un interés legítimo".

Asimismo, la Sección Octava tendrá que abordar el recurso de reposición del sindicato CCOO contra el auto que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación y lo expulsaba por tanto del proceso. . Otras decisiones pendientes son la petición de medidas cautelares presentadas por los colectivos médicos Afem y Amyts.