La ciencia española al borde del colapso: menos recursos que antes de la crisis y los que hay no se ejecutan

"La pasividad e indiferencia política y la ineficiencia en la gestión de la actividad científica han llevado a la ciencia española al borde del colapso". Es el rotundo análisis de situación que hace la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, en el informe Cosce-Decides 2017 presentado este miércoles, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego.

Aunque advierten de que el largo periodo de crisis económica fue la "disculpa" para reducir la financiación pública de la investigación científica a "unos niveles muy inferiores a los de 2008", los autores del documento insisten en que esta no es la única causa de la "situación de debilidad preocupante" que atraviesa el sistema de ciencia en España. Y apuntan a "la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social del país". 

Ante este escenario, el resultado no puede ser más demoledor: "Un sistema científico carente de recursos financieros y humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados". El documento, que recoge una evaluación exhaustiva del conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España e incluye propuestas de mejora, analiza también el impulso presupuestario que se ha dado a los programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en los últimos años. 

Y ahí el panorama también deja pocos resquicios para el optimismo, pues la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo inferior a la de antes de los grandes recortes. En 2009, el año en el que la financiación llegó a su cota más alta, se consignaron más de 9.600 millones euros para estas políticas y para 2018 hay presupuestados 7.050. En todo caso, eso no quiere decir que se gaste todo lo previsto. 

De hecho, el informe se centra en analizar la evolución de los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a fondo perdido que están más dirigidas a la ciencia y la investigación. De los fondos financieros (créditos) resaltan que su transcendencia es menor tanto por su "baja ejecución" en los últimos diez años como porque las cantidades que se asignan tienen un menor nivel de firmeza porque no se incluyen en el techo de gasto ni en las cantidades enviadas a la UE como nivel de déficit público. Además, el texto subraya que "los importes consignados con los fondos financieros pueden dar lugar a una valoración distorsionada del nivel real de la apuesta por la I+D". 

Precisamente esa estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas ha propiciado que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– buena parte del dinero presupuestado para invertir en investigación científica. Según datos de diferentes informes de la COSCE esta cantidad superaría los 18.000 millones de euros entre 2011 y 2017. 

Respecto a los recursos no financieros, que según los autores del informe "permiten tener una visión más precisa de la dedicación presupuestaria a la I+D en los años recientes", muestran una "recuperación titubeante" desde 2013 hasta 2018, cuando se han alcanzado los 2.844 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando lejos de los valores registrados antes de los recortes. Por ejemplo, el 2008 los recursos no financieros alcanzaron los 4.238 millones de euros. En una década, por tanto, la caída ha sido del 33%. 

Excesiva burocracia 

El documento también hace alusión a la "rigidez" de la gestión administrativa, que hace que pierdan significación las cantidades globales asignadas. E instan a "eliminar las excesivas trabas burocráticas", pues aseguran que el sistema español de investigación "no puede permitirse el lujo de que los investigadores tengan que dedicar tantos esfuerzos a cumplir con unos controles meramente administrativos y contables, supuestamente garantes de unos resultados de calidad que en realidad no se evalúan".

En los últimos meses miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) han empezado a organizarse para exigir cambios administrativos que les permitan sacar adelante sus proyectos, pues aseguran que la excesiva burocracia paraliza sus investigaciones y les resta competitividad. Este mismo viernes van a celebrar una reunión en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid bajo el lema Salvemos la Ciencia. A este respecto, la COSCE subraya que "la excesiva burocratización ha llegado a hacer casi imposible la ejecución de los menguados recursos asignados". 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas piden acabar con la "insensibilidad presupuestaria" que ha impedido la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación que, a su juicio, es necesario para hacer una planificación a medio y largo plazo de la investigación y la innovación tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en las empresas. En este sentido, reclaman una programación cierta y duradera de las convocatorias que sea "lo menos variable posible". 

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Asimismo, demandan que se reconsideren los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o del nuevo instrumento que la sustituya. Y demandan que deje de ser una unidad meramente administrativa centrada en la tramitación de solicitudes y en el cierre contable de las previamente adjudicadas y que se adapte a las necesidades del sistema español teniendo en cuenta las experiencias internacionales. 

Por otro lado, requieren que se consolide un sistema de información que permita a los investigadores conocer la programación y ejecución de los fondos asignados a la investigación; que estimule la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de la actividad investigadora, priorizando la valoración y evaluación de resultados, tanto en el ámbito público como en el privado; y que facilite la toma de decisiones de científicos, empresarios, políticos y agentes que con el objetivo de que puedan contribuir a introducir cambios en el modelo español de desarrollo económico y social. 

Por último piden que, con carácter de urgencia, se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos para propiciar acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas que !provean de estabilidad a la política científica" e impulsen "un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente". También reclaman la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.