Los abogados de Atocha, García Caparrós o Yolanda González: las víctimas de la Transición pendientes de reconocimiento

La Ley de Memoria Histórica ha tratado, desde su aprobación en el año 2007, de "ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Pero esta acotación temporal no es suficiente. Al menos así lo entiende el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que presentó el pasado mes de octubre una proposición de ley –disponible en PDF en este enlace– que amplía el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo a otras víctimas, las de la Transición. 

"Resulta fundamental para la construcción democrática el reconocimiento de las personas represaliadas por oponerse al golpe de Estado de 1936 y el franquismo, así como el de las víctimas de violencia de origen institucional durante la Transición", recoge el texto. De este modo, el grupo crea una nueva figura: la de víctima de la Transición. La frontera temporal, en este caso, queda establecida en el 1 de enero de 1983, apenas un mes después de la llegada del PSOE de Felipe González a la Moncloa tras su victoria del 28 de octubre de 1982. 

"A partir del año 83 empieza a haber un descenso de esta violencia que nosotros atribuíamos a los legados autoritarios y las estructuras del franquismo", explican fuentes de Izquierda Unida a infoLibre. "No queremos decir que el franquismo se extienda hasta ese año, sino que hasta entonces se dio una violencia de origen institucional", añaden. 

Pero, ¿quiénes son estas víctimas? Todas aquellas que hayan sufrido, por parte del Estado, "ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones, cualquier perjuicio económico o patrimonial y cualquier otra forma de represión sufrida por personas físicas o jurídicas, o violación individual o colectiva de los derechos humanos fundamentales", explica la proposición, que amplía el concepto de víctima de robo de niños y niñas hasta 1999. 

¿Y qué quieren para ellas? El "reconocimiento como sujetos pasivos de todos los derechos recogidos en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima de delito". Es decir, "ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal", según explica esa normativa. 

Tal y como recogió Mariano Sánchez Soler en su obra La Transición sangrienta, al menos hay contabilizadas 188 víctimas mortales de la violencia política de origen institucional. Pero a esta cifra hay que sumar las muchas víctimas contabilizadas como heridas de esa violencia: según el autor, 1.072. 

Todas ellas fueron víctimas de grupos "incontrolados" de extrema derecha, de la guerra sucia contra el terrorismo de ETA y GRAPO, de la represión en la calle por las Fuerzas de Orden Público y de la violencia "bajo custodia" –aquella que sufrieron los detenidos por la Guardia Civil y la Policía y lo presos–. 

Yolanda González, los abogados víctimas de la matanza de Atocha, Arturo Ruiz o Manuel José García Caparrós son algunas de las personas de que ponen nombre y apellidos a estas cifras.

1. Manuel José García Caparrós

Su caso, según explican las fuentes de IU a este diario, fue el que impulsó el texto legislativo. "En IU nos hemos encontrado con un muro institucional de acceso a los archivos", lamentan. 

Manuel José García Caparrós, joven estudiante, fue asesinado de un disparo durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. "A todas luces, según un rumor ampliamente difundido, fue una bala de la Policía lo que originó su muerte", recuerdan en IU. Querían esclarecerlo, pero ese "muro institucional" no se lo puso fácil. Cuando al fin consiguieron el acceso a los archivos clasificados, confirmaron lo que durante años tan solo fue una sospecha generalizada: efectivamente, García Caparrós fue asesinado por la Policía. "Desde ese momento, empezamos a indagar la falta de verdad, justicia y reparación para otras muchas víctimas", añaden las mismas fuentes. 

Precisamente, este martes la familia consiguió que este caso llegara hasta Bruselas. El letrado de la familia, Luis Ocaña, aseguró que están "valorando poner en marcha una serie de medidas para darle un impulso al caso". "Han pasado más de 40 años desde que se cometió el asesinato y a día de hoy todavía en España no hemos encontrado ninguna satisfacción ni judicial ni extrajudicial ni administrativa ni política", criticó. 

2. Javier Fernández Quesada

Ocurrió tan sólo unos días después del asesinato de García Caparrós. Según recuerdan desde IU, el 12 de diciembre de 1977, la Guardia Civil, armada con metralletas, irrumpió en el campus de La Laguna, en Tenerife, y disparó "a diestro y siniestro" a los estudiantes, que se manifestaban en apoyo de la huelga general llevada a cabo por sectores obreros. Entre ellos se encontraba Javier Fernández Quesada, que fue asesinado por un agente del Instituto Armado. 

"Sobre este caso hubo un manto de silencio", lamentan en IU. Aun así, se convirtió en un símbolo tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero canario, que lleva a cabo homenajes al joven asesinado los días 1 de mayo y 12 de diciembre. Para la Intersindical Canaria, sus "directos responsables políticos" fueron Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior de la UCD, y Luis Mardones, gobernador civil de Tenerife y luego diputado por Coalición Canaria. 

No obstante, el caso fue archivado por la justicia militar. Tampoco en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados se apreció ninguna responsabilidad política. 

3. Arturo Ruiz y María Luz Nájera

Tal y como escribió Sánchez Soler, el 23 de enero de 1977 había una convocatoria de una manifestación por la amnistía total para los presos políticos. La protesta, en Madrid, había sido prohibida por el ministro del Interior, Martín Villa, que contaba con el apoyo de Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid, que estaba dispuesto a impedir que se llevara a cabo la marcha.

Aun así, se produjo. A ella asistió Arturo Ruiz, un estudiante que cayó abatido por disparos de un guerrillero de Cristo Rey. El crimen fue reivindicado por la Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista– y sus autores estaban relacionados con Fuerza Nueva –un partido de extrema derecha fundado en 1976 y liderado por Blas Piñar–. Según su propia confesión, los asesinos tenían relación (o colaboraban) con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil. 

Cesarsky Goldstein, argentino, fue el único condenado por el crimen a cinco años y seis meses de prisión por un delito de terrorismo y a seis meses por tenencia de armas. Ni siquiera cumplió la pena entera. El autor material del disparo que acabó con la vida de Ruiz, José Ignacio Fernández Guaza, huyó. Y lo hizo con total tranquilidad y con el conocimiento de las fuerzas de seguridad. De hecho, en su huida, pidió a su mujer que le enviara un giro de dinero a una dirección del País Vasco que pertenecía al domicilio de un guardia civil en activo. 

Tras su asesinato, se convocó otra protesta el 24 de enero. Esta vez, en repulsa al crimen cometido. Pero en esa cita asesinaron a otra joven, María Luz Nájera, fallecida tras recibir el impacto en la cabeza de un bote de humo lanzado a muy corta distancia por un agente antidisturbios. 

4. La matanza de Atocha

Ocurrió el mismo día del asesinato de Nájera. Horas después de su asesinato, un comando de pistoleros ultra irrumpió en un bufete de abogados laboralistas de CCOO situado en la calle Atocha, número 55. El resultado: cinco asesinados y cuatro heridos graves. 

Sus autores, según La transición sangrienta, estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos, además, colaboraban con la Brigada Político Social de la Policía. 

La sentencia llegó tres años después, en 1980. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas a cinco fascistas: Francisco Albadalejo Corredera, condenado a tres años; José Fernández Cerrá, condenado a 28 años; Carlos García Juliá, condenado a 28 años; Gloria Herguedas Herrando, condenada a un año; y Leocadio Jiménez Caravaca, condenado a cuatro años, dos meses y un día. 

No obstante, en el sumario quedó fuera la posible relación del asesinato con miembros de la Brigada Político Social. Stefano delle Chiaie, dirigente fascista, declaró de hecho al diario El País, según recoge Sánchez Soler: "Los hechos de Atocha fueron instigados por la Policía. Estoy convencido de que detrás de este asunto está el inspector de Policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño". 

No obstante, en 1979 es citado hasta en tres ocasiones por el juez que instruía el caso para aclarar su presunta amistad con uno de los procesados, José Fernández Cerrá. Aunque González Pacheco logró esquivar los dos primeros intentos del magistrado, finalmente prestó declaración, visiblemente nervioso, el 8 de junio de ese año. Pero el agente seguía teniendo un amplio respaldo y contaba con el beneplácito policial. A mediados de julio, González Pacheco fue sometido durante dos horas y media a un careo con dos de los imputados por la Matanza de Atocha para intentar aclarar ciertas contradicciones sobre su relación con los acusados. 

5. Yolanda González

El 1 de febrero de 1980, la joven Yolanda González, que por aquel entonces tenía 19 años, se convirtió en el símbolo que evidenció que la Transición española no fue tan modélica como se ha hecho creer. Ese día, un grupo de militantes de extrema derecha, vinculados a Fuerza Nueva, raptaron a la joven militante del recién creado Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el piso del madrileño barrio de Aluche en el que vivía, la llevaron hasta un descampado y le pegaron dos tiros en la cabeza. 

Por su asesinato fueron acusados Emilio Hellín e Ignacio Abad; mientras que Félix Pérez, José Ricardo Prieto, David Martínez Loza y el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo fueron juzgados por un delito de allanamiento de morada.

Siempre ha sobrevolado la duda de la vinculación del grupo con cuerpos y fuerzas del Estado. De hecho, en 2013, el periodista de El País José María Irujo descubrió que Hellín había cambiado su nombre al de Luis Enrique Hellín Moro y trabajaba como asesor de fuerzas de seguridad del Estado.

El pasado mes de septiembre se publicó el libro No te olvides de mí, de Carlos FonsecaNo te olvides de mí. En una entrevista con infoLibre, el autor aseguro que el caso "es un cúmulo de irregularidades". "El libro lo que pone de manifiesto es que se hizo una investigación absolutamente deficiente. Por ejemplo, las dos armas utilizadas en el asesinato tenían limado el número de guía, pero consiguieron reconstruir uno. A pesar de ello, el juez pidió información exclusivamente a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, donde sólo aparecen registradas las que están en poder de particulares. Se negó a la petición de las acusaciones para que se investigase si esas armas formaban parte de las dotaciones de Policía, Guardia Civil o Ejército".

6. Joxe Arregui Izaguirre

Joxe Arregi fue detenido pocos días después del asesinato de Yolanda González, el 4 de febrero de 1981 en Madrid. El motivo, su presunta militancia en el ala militar de la banda terrorista ETA. Tras su arresto durante el trascurso de un tiroteo, el joven de 30 años, camionero de profesión y natural de Gipuzkoa, fue trasladado a las dependencias de la Dirección de Seguridad del Estado. Allí permaneció durante nueve de los diez días que la legislación Antiterrorista fijaba para las detenciones. 

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Incomunicado y sometido a un interrogatorio constante, Arregi permaneció en el mismo despacho de la DGS hasta que, el día 13 de febrero, se le decidió trasladar al Hospital Penitenciario de Carabanchel. Según afirmó al diario El País un alto cargo del Ministerio de Justicia, el presunto miembro de ETA "llegó a Carabanchel destrozado". Veinticuatro horas después de su llegada al hospital penitenciario, y cuando iba a ser trasladado a otro centro sanitario, Arregi falleció en el ascensor.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, José Antonio de la Campa, dio a conocer días después el informe forense sobre la autopsia. En él se ratificaba la existencia de torturas en el cuerpo y "violencias físicas". Además, se aseguraba que la causa de la muerte fue "un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar". 

Al final, el caso llegó a los tribunales. El juicio arrancó en noviembre de 1983 con dos procesados: los policías Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales, instructor y secretario, respectivamente, del atestado policial contra el presunto militante de ETA. Y sólo un mes tardó la Audiencia Provincial de Madrid en dar a conocer su veredicto: absolución de los dos inspectores.