órganos constitucionales
El Gobierno teme que un 'sorpasso' de Vox lleve al PP a consolidar su bloqueo del CGPJ
La presión desde el Gobierno al Partido Popular para que se avenga a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido una constante en los últimos meses. Pero, una vez convocadas las elecciones catalanas para el 14 de febrero, en la Moncloa y en el principal partido de la oposición coincidían en que cualquier gestión al respecto debería esperar al veredicto de las urnas. veredicto de las urnas.Sólo en ese momento, esgrimían en el Ejecutivo, con un panorama político despejado de citas electorales, Casado iba a atreverse a volver a las negociaciones en el punto en el quedaron en el mes de agosto, cuando la interlocución estalló por los aires coincidiendo con el momento en el que Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En su despedida, la diputada por Barcelona había alertado de un pacto inminente entre PP y PSOE para la renovación de los órganos constitucionales.
Con el paso del 14F, el panorama se despeja. Porque el jefe de los conservadores tendría vía libre para que sus rivales políticos de Ciudadanos y Vox no le echen en cara en campaña un entendimiento con los socialistas, algo que pudiese empañar el resultado. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez temen, en todo caso, que Casado siga sin volver al marco del acuerdo si el 14F hay sorpasso de Vox al PP, como vaticinan algunas encuestas.Con voluntad, mantienen, la renovación sería un hecho. Y de forma muy ágil. Porque todo quedó prácticamente cerrado a falta de pequeños flecos nada relevantes.
Además del contexto electoral, los conservadores han achacado su negativa a llegar al acuerdo a que no tenían garantías de que Unidas Podemos quedaba al margen del proceso. También pedían retirar la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para sortear bloqueos como el actual, cuya tramitación en el Congreso ha sido pausada por decisión del propio Pedro Sánchez, y la "despolitización" del órgano de gobierno de los jueces.
¿Hay mejor clima ahora? Los dirigentes del PP consultadas por infoLibre admiten que sus condiciones siguen siendo las mismas. Que no han cambiado. Que el hecho de que pasen las elecciones es un obstáculo menos. El problema es que están ante un contexto que "no ayuda". O "ayuda poco".
Bárcenas en los tribunales y el papel de Vox el 14F
¿Y cuál es el contexto? Dos palabras sirven para resumirlo: "Bárcenas" y "Vox". El juicio por la reforma de la sede nacional del partido, en el número 13 de la madrileña calle de Génova, y las acusaciones que el extesorero o su entorno lanzan casi a diario sobre el partido cuyas finanzas controló complican la ya tocada relación entre Pablo Casado y el Gobierno.
Desde la dirección nacional del principal partido de la oposición se ha llegado a acusar a la Fiscalía de estar detrás del escrito de confesión de Luis Bárcenas. Los conservadores siempre asocian al Ministerio Fiscal con el Ejecutivo apuntando a que está en manos de la "exministra socialista" Dolores Delgado.
El papel de Enrique López
Para que el escenario sea a un más complejo, el interlocutor del PP con el Gobierno, el responsable de Justicia y consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique López, está estos días en el punto de mira por haber facilitado contactos entre el abogado de los conservadores y un amigo del extesorero que hacía de interlocutor. El magistrado López mantiene una excelente relación con el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Los socialistas aseguran que en los últimos meses ambos han estado en varias ocasiones a punto de cerrar un acuerdo. Pero que Casado ha frenado el anuncio en el último momento.
Vox también aparece como problema para los conservadores. A la espera de lo que decidan las urnas este 14F, con las encuestas apuntando al sorpasso de la extrema derecha al PP, el hecho de que Santiago Abascal se abstuviera en el real decreto de fondos europeos enfadó sobremanera a Casado. No sólo porque Vox salió a rescatar a Sánchez en una votación complicada, sino porque los socialistas aprovecharon la coyuntura para afear al PP que Abascal hubiese tenido mayor "sentido de Estado".
En el Gobierno, al menos a día de hoy, evitan hablar de plazos o ultimátums al PP. Si no hay cambios de última hora, en el mes de marzo podría estar aprobada la proposición de ley de PSOE y UP para limitar los poderes de un CGPJ en funciones.
El mandato del CGPJ, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, socialistas y conservadores llegaron a pactar para su presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del dirigente conservadorIgnacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "por la puerta de atrás".
El pasado octubre, PSOE y Unidas Podemos dieron el primer paso para el desbloqueo del CGPJ con una iniciativa para cambiar el modelo de elección presentada por ambos grupos parlamentarios en el Congreso. El texto sigue en el registro del Congreso pero su tramitación está paralizada. Este fue el gesto que Pedro Sánchez tuvo con Pablo Casado durante la moción de censura que Abascal planteó al jefe de los socialistas y que sólo contó con el apoyo de la extrema derecha. Ellos no daban trámite a la proposición de ley a cambio de que el PP volviese a la mesa de negociaciones. Y en este escenario seguimos estando. Porque, hasta la fecha, al PP no le basta este gesto y recuerda sus tres condiciones: apartar a Unidas Podemos, retirar la iniciativa parlamentaria y "despolitizar" el CGPJ.
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Sortear los votos del PP
El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".
Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, los resultados del 14F también podrían suponer una revolución en las fuerzas políticas a las que la Moncloa ha considerado hasta ahora preferentes a la hora de negociar. Sirva el ejemplo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que acaba de firmar, junto al resto de fuerzas independentistas, el compromiso de no pactar con el PSC de Salvador Illa tras las catalanas de este domingo.