Solo tres comunidades han creado la comisión de evaluación de la eutanasia a dos semanas de que entre en vigor la ley

Euskadi, Illes Balears y Extremadura. Esas son las tres únicas comunidades autónomas que han confirmado a infoLibre que ya aprobaron el decreto por el cual se hace efectiva la creación de la llamada Comisión de Garantía y Evaluación que contempla la Ley de eutanasia aprobada el pasado 18 de marzo. El resto informa de que se encuentra tramitando la normativa necesaria para crear este órgano, pero el tiempo se agota. La normativa que hace posible la muerte digna en España entra en vigor el próximo 25 de junio, en menos de dos semanas. Para entonces tienen que estar listas todas las comisiones, y eso esperan las autonomías consultadas. Todas, excepto Murcia, Canarias, Aragón, Cantabria y Galicia, que todavía no han respondido a este diario y, por tanto, no ha aclarado en qué punto se encuentra esta tramitación.

Las Comisiones de Garantía y Evaluación fueron establecidas en el propio texto de la ley. Concretamente en su artículo 17, que establece que "existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla". "En el caso de las comunidades autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá crearse y constituirse en el plazo de tres meses", es decir, el 25 de junio, señala la normativa. Sin embargo, en dos meses y medio, tan solo han sido tres las que han hecho los deberes. 

En el caso de Euskadi fue el pasado 25 de mayo, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que creaba la Comisión de Garantía y Evaluación para "proveer a las personas que soliciten este nuevo derecho, y a sus médicos responsables, de la autorización para que pueda realizarse". "A lo largo de los próximos días se designará nominalmente a las personas que integrarán la Comisión", especificó el Ejecutivo autonómico.

Ese paso ya lo dio Illes Balears, que un día antes, el 24 de mayo, nombró a los miembros del órgano. "La conforman nueve miembros, cinco sanitarios y cuatro juristas", informó el Govern, para "resolver todas las solicitudes, verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley, resolver las reclamaciones, detectar posibles problemas y resolver dudas". 

Extremadura, por su parte, respondió a preguntas de infoLibre que ya se ha efectuado "la elección de los componentes de la comisión, que está formada por profesionales de las ocho áreas de salud" de la autonomía, "de ámbitos diferentes como la neurología, medicina interna, salud mental, anestesia, oncología, cuidados paliativos, medicina familiar y comunitaria, juristas y representantes del comité de bioética". "En breve se celebrará la reunión de constitución de la comisión", informaron desde la Consejería de Sanidad. 

Lo que la ley de eutanasia determina sobre las Comisiones de Garantía y Evaluación.

Madrid, Cataluña o Comunitat Valenciana prevén tenerla lista a tiempo

El resto de comunidades —excepto Murcia, Canarias, Aragón, Cantabria y Galicia, que no han respondido a las peticiones de información de este diario— todavía se encuentra tramitando ese decreto, aunque todas esperan tenerlo todo listo para el próximo 25 de junio. Así ocurre por ejemplo en La Rioja, que asegura que ya ha "iniciado la tramitación para cumplir el plazo marcado por la ley"; en Madrid, que afirma que su decreto está "en fase de tramitación"; en la Comunitat Valenciana, que afirma que prevé aprobar el decreto de creación de la comisión "dentro del plazo establecido"; o en Cataluña, que asegura que "la comisión se está ultimando". 

Navarra, en una respuesta dada al Grupo Parlamentario Socialista remitida a este diario, reconoció haber "finalizado el proceso de consulta previa" del "Decreto Foral que crea la Comisión de Garantías" que, dice el Ejecutivo, publicará "en estos días". "Con todo esto podemos poder ofrecer una información y unos cauces claros a la ciudadanía navarra en el plazo previsto, organizando también lo que atañe al sistema sanitario para posibilitar este derecho legal", dijo el Departamento de Salud navarro.

Respuesta dada por el Gobierno de Navarra sobre la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación.

Andalucía, por su parte, informó a infoLibre de que "todo el procedimiento" de la comisión "está en proceso de tramitación normativa", que "próximamente" podrá consultarse. Un estado parecido al que se encuentra la creación del órgano en Castilla y León, donde "hace unos días", informaron fuentes de Sanidad autonómicas, terminó el plazo para presentar alegaciones al proyecto del decreto que creará la comisión, que ahora mismo "sigue su tramitación para poder estar a tiempo". 

En Castilla-La Mancha, según la Dirección de Gerencia de su Servicio de Salud, ya está listo el decreto, pero no aprobado. Según informaron sus fuentes, ahora el texto deberá pasar por el Consejo Consultivo para que, más tarde, sea aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que tendrá que aprobarlo. En Asturias, en cambio, según explicaron desde su departamento de Sanidad, el decreto está "en trámite de audiencia pública". No pueden concretar plazos, indicaron, pero el órgano "estará dispuesto en tiempo y forma". 

El Consejo Interterritorial también trabaja en varios documentos

Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, expresa su deseo de que la próxima semana todas las comunidades "den un empujón" a la creación de estas comisiones. "Todas las autonomías están trabajando, pero yo espero que se publiquen ya todos los decretos", dice. Le consta, asegura, que la previsión es que el próximo 25 de junio esté todo preparado para comenzar a recibir las primeras solicitudes para ejercer el derecho, aunque no cree que sean muchas. 

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El Consejo Interterritorial de Salud, según indica, también se encuentra ultimando la guía de buenas prácticas profesionales y los documentos relativos a la medicación a utilizar, al derecho a la objeción de conciencia y a la valoración de capacidad para poder estimar, explica Velasco, si la persona que solicita la eutanasia se encuentra en disposición de sus plenas facultades. 

Velasco, además, también admite que existen temores de cara a la entrada en vigor de la ley. Desde su organización, dice, se cree que las diferentes velocidades a las que avanzan las autonomías para preparar todo lo necesario para aplicar la eutanasia se trasladará a la hora de poder acceder a ella. Y en eso, indica, les preocupa especialmente la Región de Murcia, Madrid y Andalucía, las tres comunidades en las que la extrema derecha tiene más fuerza —en Murcia y Andalucía, de hecho, Vox está en el Gobierno—. Habrá que esperar de qué manera forman esas Comisiones de Garantía y Evaluación y quiénes las forman. Y, con el tiempo, evaluar sus actuaciones. 

España se convirtió el pasado 18 de marzo en el sexto país del mundo en regular el derecho a la muerte digna, junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. Ese día, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia. La Cámara le dio luz verde definitiva con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.