Asambleas ciudadanas contra la emergencia climática: ¿Lecciones aprendidas?

Hace ya más de un año que el Gobierno se comprometió en el mismo Consejo de Ministros que declaró la emergencia climática a convocar una Asamblea climática. Hoy ya está en el parlamento la Ley de cambio climático, con un exiguo objetivo de un 23% de reducción de emisiones y están ya en fase de reparto los generosos fondos de la Unión Europea Next Generation sin que se haya vuelto a hablar de la citada Asamblea. Mientras en el quinto aniversario de los Acuerdos de París, Europa acaba de aumentar su ambición climática comprometiéndose a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 55% con respecto al año 1990. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembro, en el caso de España este objetivo está muy lejos de poder alcanzarse. En efecto, mientras que en 2018 el Reino Unido ya había reducido sus emisiones un 52% y Francia un 19%, España las había aumentado un 15%, y a pesar de las reducciones de 2019 todavía estamos en un 9% más del valor de 1990 y las previsiones de 2020, con la covid19, nos llevarían a un valor parecido al de 1990. Ahora reduzcan un 55%.

Es indudable que la ventaja de Francia y el Reino Unido frente a España se justifica no solo por el hecho de que estos dos países hayan decidido descarbonizar sus economías muchos años antes de que España siquiera se lo planteara, sino también, y de forma muy determinante, por el papel singular que ha asumido la ciudadanía de ambos países en todo lo que atañe a la crisis climática y, en particular, en lo que respecta a las decisiones que deben adoptarse para que tenga lugar una verdadera transformación ecológica de nuestras sociedades. Las más recientes manifestaciones de esto último las vemos en las concurridas movilizaciones de la Juventud por el Clima, de los chalecos amarillos y de los nuevos movimientos internacionales de desobediencia civil pacífica como Extinction Rebellion, verdaderos inductores de las Asambleas Ciudadanas convocadas en 2019 y finalizadas en junio de 2020, en los países antes citados, hechos que no se han reproducido en España.

Deliberar y pronunciar resoluciones sobre la transformación ecológica profunda

En efecto, en estos países se han desarrollado Asambleas Ciudadanas por el clima. Entre 100 y 150 ciudadanos, seleccionados por sorteo, de forma tal que en su composición reproducen la estructura real de la población, estas dos primeras Asambleas Ciudadanas por el clima celebradas en Europa ya han hecho historia. Pese a sus limitaciones y a la falta evidente de compromiso de los gobiernos que tuvieron que convocarlas bajo la presión de la calle, han demostrado que otra democracia no sólo es posible, sino inmediatamente operativa. Es más, tanto la Climate Citizen assembly británica como la Convention Citoyenne gala han tenido un gran éxito mediático y fueron apoyadas masivamente por los actores sociales y las ONG como una nueva palanca para salir de décadas de inacción climática.

Es especialmente singular el caso francés, pues la creación de la Asamblea y sus deliberaciones tuvieron lugar antes de que el gobierno enviara al parlamento su borrador de ley (proyecto que sería comparable a nuestro anteproyecto de ley de cambio climático). Por este motivo se pudieron integrar en el borrador algunos temas aprobados por la Asamblea, a pesar de que el Presidente Macron no cumplió con su compromiso de trasladar la totalidad de las 146 propuestas que sí aceptó públicamente. Y esta es una primera lección aprendida en la que incidiremos después. El propósito de las Asambleas Ciudadanas sobre el cambio climático debe ser permitir a la ciudadanía que decida, tras llevar a cabo un profundo análisis y deliberar sobre sus hallazgos, las políticas que deben implementarse para solucionar la emergencia climática, tanto respecto a las reducciones de emisiones como a la adaptación obligatoria para mitigar al máximo los efectos de la crisis climática. Dicho de otra forma, se trata de desbloquear la inacción política y la actual inoperancia de las democracias representativas poniendo encima de la mesa soluciones reales a las preocupaciones reales de la ciudadanía, —soluciones que los políticos, en ocasiones, por falta de visión o directamente pensando en su propio interés, no se atreven a adoptar— haciendo partícipes directos de ello a la gente sin pasar por el "filtro" de los partidos políticos y lejos de las presiones de los grupos de interés.

¿España prepara una asamblea para 2021? ¿Qué tipo de Asamblea?

Todavía no está claro que se vaya a convocar una Asamblea en España pero, en cualquier caso, sería muy interesante aprender las lecciones que nos han enseñado las asambleas de Francia y el Reino Unido. En nuestro país el anteproyecto de ley de cambio climático se ha enviado al parlamento sin haberse convocado antes la Asamblea ciudadana y, consecuentemente, sin dar opción a la ciudadanía a deliberar sobre su contenido y decidir políticas coherentes con su sentir. Es evidente que esta Ley estaría mucho más respaldada si en ella se incorporan las resoluciones de una Asamblea Ciudadana en la que se dé cabida a la participación real de la gente. Pero conforme con las estrategias del Gobierno, incluso suponiendo que se convocara de forma urgente una Asamblea Ciudadana, las posibilidades de influir de forma decisiva en el contenido de la Ley ya son muy remotas.

Y no es esta la única lección que no hemos aprendido. Otra lección crucial es los asuntos que deben tratarse en la Asamblea. Que los temas a tratar sean unos u otros, o que se formulen de una u otra forma, condiciona absolutamente la capacidad de acción de la Asamblea. Piénsese en la lección que nos proporciona el caso francés. Allí, en el país más nuclearizado del mundo, se evitó que la Asamblea ciudadana deliberara democrática y abiertamente sobre la cuestión de la energía nuclear. El informe recientemente publicado por la Fundación CONAMA Asambleas ciudadanas: el poder de la participación social en la acción climática,Asambleas ciudadanas: el poder de la participación social en la acción climática, en el que se formulan diversas recomendaciones para la organización de la Asamblea climática de 2021, demuestra que nos quedan muchas más. En efecto, a lo largo del informe los autores analizan el funcionamiento de las asambleas climáticas que han tenido lugar más recientemente en Europa (Francia, Reino Unido, Suecia, Irlanda, Escocia), completando este análisis con las conclusiones que se derivan de una amplia consulta realizada a diferentes organizaciones ambientalistas españolas sobre la organización y relevancia de las Asambleas Ciudadanas. Pero tal como ocurre en la vida misma, en los informes técnicos los silencios son más elocuentes que muchas palabras dichas. Algo que calla este informe, y que nos llama poderosamente la atención, tiene que ver con la definición de los temas a debatir, siendo un tema fundamental para las AC.

La tercera lección aprendida, además de la vinculación de los temas a tratar y su reflejo en leyes, es la necesidad de vincular la Asamblea Ciudadana con los fondos estructurales. Parece que interesa sustraer de la discusión democrática todo lo que puede afectar a la repartición y gestión de los fondos adscritos al plan europeo Next Generation EU (Próxima Generación UE), un plan de ayudas que ofrece la Unión para que los países dejen atrás la crisis del covid y se modernicen en el proceso. Las razones son claras: no es conveniente que la ciudadanía delibere y decida sobre esos fondos de manera libre e independiente, es decir fuera del alcance de los actores económicos, principales interesados en su captación masiva. No en vano 140.000 millones de euros de los que 72.700 millones podrían ser transferencias directas, están en juego.

Si a esto le unimos la existencia de un proyecto de Ley en fase de elaboración muy avanzada, ¿de qué servirá la Asamblea Ciudadana que reclamamos? ¿Se pretende limitar la discusión a cuestiones ligadas con los comportamientos individuales y personales? ¿Simplificar la transición ecológica hasta el punto de que el debate consista en saber si es mejor bañarse o ducharse, usar el transporte público o la bicicleta, el coche o el avión? La Asamblea Climática no debe verse reducida a un foro de "conversación climática", por muy divulgativo que se piense que esto puede llegar a ser.

También olvida el informe de CONAMA el necesario carácter vinculante que deben tener los acuerdos que adopte la Asamblea Ciudadana. En efecto, nada se dice en el informe sobre los mecanismos legales e institucionales que podrían ponerse en marcha para garantizar que las políticas resultantes de las resoluciones de la Asamblea Ciudadana serán efectivamente consideradas en el posterior desarrollo legislativo. La participación ciudadana no puede minusvalorarse concediendo sólo a la asamblea ciudadana un carácter "moralmente vinculante". El gran reto al que como sociedad democrática nos enfrentamos en el siglo XXI consiste en transformar la electocracia actual a modelos de democracia más robustos electocraciay comprometidos con la justicia climática, la igualdad y la supervivencia colectiva.

La Asamblea Ciudadana: una fábrica de fuerza política democrática.

Las acciones que permitirán acometer con éxito al ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (un 55% en 2030) y proteger los ecosistemas requerirán cambios muy profundos en nuestra forma de hacer, de pensar y en los modos como nos organizamos como sociedad. Por ello es más que recomendable, es obligatorio, aceptar el carácter vinculante de las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana y además tratar los temas relevantes que influyen en la emergencia climática, como son ahora el destino final delos fondos Next Generation. Haciendo suyas estas recomendaciones, tanto el Gobierno como el poder legislativo estarán más legitimados para reflejar en ley las difíciles medidas que se deben adoptar en reducción de emisiones y adaptación a la emergencia climática, y más fácil será para la propia sociedad aceptarlas como suyas.

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Como señala el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, IDSRI, del que fue directora nuestra actual ministra Teresa Ribera: "El proceso deliberativo de Francia ha producido mensajes de gran fuerza política, ligados a la inteligencia colectiva de un grupo de ciudadanos cuya misión es acordar la definición y formulación de las opciones políticas clave que enfrenta la sociedad y proponer su respuesta colectiva a tales opciones". Hagámoslo en España. Fabriquemos fuerza política con la ciudadanía y para la defensa de la vida de las generaciones futuras. El cambio climático no espera.

_________________Agnès Delage es miembro de

Agnès Delage Extinction Rebellion Europa, Pepe Campana es ingeniero industrial, Fernando Prieto forma parte del Observatorio de la Sostenibilidad y Alejandro Sacristán es miembro del Comité directivo del Club Nuevo Mundo.Pepe CampanaFernando PrietoObservatorio de la SostenibilidadAlejandro Sacristán