Israel ha vivido en los últimos meses dos procesos políticamente relevantes: las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2022, que han facilitado el Gobierno más extremo y ultranacionalista de su historia; y la movilización popular masiva contra la reforma de la Justicia con manifestaciones constantes de cientos de miles de israelíes desde este enero de 2023.
En ambos casos se podría encontrar una ausencia muy presente, utilizando un oxímoron, figura retórica de moda que define expresiones contradictorias como muerto viviente o silencio atronador: no hay palestinos; no fue un tema importante en la campaña electoral, en los programas políticos, ni está presente en el multitudinario movimiento de rechazo a Netanyahu. Siguiendo con otras expresiones, cabría pensar en el elefante en la habitación, como los anglosajones aluden a un tema omnipresente e incómodo al tiempo, que lleva a aparentar ignorarlo.
"Israel será un país judío o un país democrático, ambas opciones son incompatibles", vaticinaba recientemente un diplomático español destinado en Oriente Próximo. Por mucho que se utilice el carácter tecnológico innovador de Israel -Start up nation- o el paraíso gay de algunas zonas del territorio, la deriva política apunta hacia una concepción exclusivamente judía del país, una confesionalidad creciente del Estado al tiempo que se va reduciendo el marco democrático.
Los responsables políticos israelíes trabajan para fijar una situación de anexión de facto que sea irreversible, con varias categorías de ciudadanos y derechos, objetivo logrado ya hace años, un nivel de violencia soportable por los propios palestinos y la comunidad internacional, situación perfectamente posible aunque incompatible con las reglas de un Estado de derecho y la democracia: mismos derechos para toda la población, separación de poderes, y entre Iglesia y Estado.
El futuro en paz y de progreso de Israel-Palestina está condicionado a una salida democrática a la situación de discriminación colonial de los palestinos, hoy divididos dentro de las fronteras del Estado de Israel de 1948 -20% de la población-, en los llamados territorios ocupados en 1967 de Jerusalén, Gaza y Golán, donde ya se han instalado ilegalmente 600.000 colonos judíos en asentamientos; los palestinos de la diáspora, especialmente en Líbano y Jordania. La fragmentación geográfica y legal de los palestinos es otro objetivo largamente perseguido y también culminado.
Es una ficción desligar la iniciativa tecnológica israelí, la competencia militar (continuos ataques sobre suelo sirio desde hace una década; capacidad nuclear), es una ficción desligar un futuro prometedor para Israel de la ocupación colonial de los palestinos.
En el primer cuatrimestre de 2023, más de cien palestinos y una decena de israelíes judíos han sido asesinados o han fallecido en circunstancias violentas, un conflicto cuya desproporción de víctimas no ilustra convenientemente la desproporción de contendientes, que no son equiparables ni permiten equidistancia posible: existe una situación colonial de fuerza y una población colonizada.
Se cumplen este mes de mayo 75 años de la Nakba (catástrofe, en árabe), que son los transcurridos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la operación que se hubiera llamado entonces de limpieza étnica si hubiera existido la etiqueta, que desplazó 800.000 palestinos, muy bien estudiado incluso por la historiografía israelí; y se cumplen también 30 años de los acuerdos de Oslo que establecieron la solución de dos Estados vecinos.
Provocaciones, víctimas, violencia durante tres cuartos de siglo, podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble, y nada más lejos de la realidad, todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable, y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo aunque no eterno conflicto ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas, que pueden continuar o no. Al menos, el marco político y social está en permanente cambio, y acelerado en las últimas fechas, como lo pueden mostrar las referencias siguientes.
En gran parte del mundo se está produciendo últimamente una revisión del colonialismo, que afecta en lo simbólico a estatuas conmemorativas y a fondos de museos, lejos ya de visiones imperiales o fantasías civilizatorias. Existe ya el suficiente margen temporal para que colonizadores y colonizados realicen un nuevo acercamiento más científico que nacionalista al fenómeno. Y la excepción es el denominado por los especialistas 'colonialismo de asentamiento' que se sigue practicando en Israel en 2023. En este sentido cabría decir que los tiempos se mueven más hacia una relectura histórica del colonialismo pasado que a una práctica del colonialismo futuro.
Se puede aplicar además la máxima confirmada en gran parte de los países de Europa que la violencia colonial acaba pasando factura al colonizador, se vivió en España con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil que provocó y la dictadura de Franco; se vivió en Francia metrópoli con las soluciones militares varias y los golpes de Estado de los primeros 60. Se puede interpretar que la violencia colonial israelí acabará afectando, si no lo está haciendo ya, a los hoy ciudadanos israelíes, al discrepante, a los moderados, al cristiano, a los no ultraortodoxos ultranacionalistas (existen también ultraortodoxos no ultranacionalistas).
Shlomo Ben Ami, quien fuera ministro israelí de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, ha descrito en varias ocasiones la situación política y social de su país como sudafricana, sin llegar a abogar por una solución al conflicto también sudafricana, que sería un único Estado con ciudadanos iguales en derechos fundamentales, sociales y políticos.
Con los matices que impone historia y realidades diferentes, el sistema de discriminación institucional conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional (informe de febrero de 2022, El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad) o Human Rights Watch (Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución, informe de abril de 2021).
El movimiento de liberación de Palestina sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural
Cabría recordar que la hoy de actualidad, por la invasión de Ucrania, Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7).
La equiparación del supremacismo estilo apartheid con la situación en Israel-Palestina ha superado hace tiempo y con creces los círculos de kufiyya palestina y pipa de agua; así como es destacable el alcance internacional del movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), que trabaja para terminar con el apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar para que cumpla con el derecho internacional.
Otro cambio de escenario se refiere a los Acuerdos de Abraham, patrocinados en septiembre de 2020 por Donald Trump como presidente de EEUU, y por su yerno, que han permitido estrechar relaciones diplomáticas y políticas, o aflorar las que se mantenían en la discreción de las élites y la seguridad, entre Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Lejos de las declaraciones grandilocuentes de los comunicados, y del indudable logro de haber conseguido desligar el conflicto palestino de las relaciones de Israel con algunos países árabes, el proceso languidece desde la salida del Gobierno de Trump, ante la indiferencia de las opiniones públicas árabes (más allá de alguna bandera en el Mundial de fútbol de Qátar) y con Arabia Saudí más lejos cada día de firmar el comunicado.
Otro elemento novedoso afecta precisamente al segundo mayor importador de armas del mundo, Arabia Saudí, que anunció a comienzos de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, rotas desde 2016, acuerdo que para sorpresa generalizada se ha producido con la mediación de China.
El acuerdo desactiva el más poderoso pegamento de seguridad que ha unido durante años a socios de conveniencia en contra de Teherán; y los pasos posteriores al anuncio revelan la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una nueva situación, lo que tiene efectos directos sobre la guerra civil yemení, como el intercambio de un millar de prisioneros a mediados de abril.
Un último y no menor cambio de guion afecta a Estados Unidos, probablemente más a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la opinión pública y publicada que a su Gobierno, teniendo en cuenta además que la historia demuestra que Israel es un asunto de política interior norteamericana y se acentuará este carácter según se vayan acercando las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Se detectan cambios y así se puede interpretar un reciente y largo análisis publicado en la revista Foreign Affairs, con su siglo de historia a la espaldas y referencia internacional, titulado "La realidad de un solo estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de dos Estados" (enlace a original en inglés, publicado el 14 de abril).
Firmado por cuatro especialistas en Relaciones Internacionales de las universidades norteamericanas George Washington y Maryland, el texto señala que "el estatus temporal de 'ocupación' de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas".
Para los autores, el proceso de paz de Oslo "terminó hace mucho tiempo. Ya es hora de lidiar con lo que significa la realidad de un solo Estado para la política, la política y el análisis. Palestina no es un Estado en espera, e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino".
Añade el muy recomendable análisis de Foreign Affairs que "todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes, y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo".
Defienden estos analistas que "un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura; ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento"; sin embargo, añaden, "obligada a elegir entre la identidad judía de Israel y la democracia liberal, Israel ha elegido la primera. Se ha encerrado en un sistema de supremacía judía, en el que los no judíos son estructuralmente discriminados o excluidos en un esquema escalonado: algunos no judíos tienen la mayoría, pero no todos, los derechos que tienen los judíos, mientras que la mayoría de los no judíos viven bajo severa segregación, separación y dominación".
Recuerda el artículo que la ley aprobada en 2018 define a Israel como “el Estado-nación del pueblo judío” y sostiene que “el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”; no menciona la democracia o la igualdad para los ciudadanos no judíos.
Dejando aparte el análisis de Foreign Affairs, cabría concluir que en el último siglo la forma de afrontar el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el de la estatalidad, así se propuso por la Naciones Unidas en 1947 y en Oslo en 1993, un Estado para cada comunidad, lógico porque así funciona la comunidad internacional y es el Estado el que otorga nacionalidad y derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque podría estar cambiando.
Así lo apunta una ciudadanía palestina, israelí e internacional en transformación; una situación sobre el terreno que supone una anexión de hecho de toda la Palestina histórica, ya irreversible salvo nuevas limpiezas étnicas que no serían hoy admitidas por la comunidad internacional.
El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todo; como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población.
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