Las claves del porqué

El Ministerio de Defensa ha publicado recientemente un documento titulado como el que encabeza este artículo, “Las claves del porqué. Ante cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa y el ejército”, cuyo objetivo declarado (en el propio documento) es “contrarrestar juicios de valor o afirmaciones carentes de justificación, a menudo recurrentes, que girando en torno a las cuestiones de Seguridad y Defensa pretenden minimizar su importancia, cuando no cuestionar su necesidad.” 

Nada más legítimo y necesario que el Ministerio de Defensa informe y explique a los ciudadanos el porqué de sus actuaciones, pero también nada más legítimo que a los ciudadanos se nos permita discrepar de algunos de los razonamientos utilizados en el documento, especialmente en mi caso, que me considero avalado por cuarenta y siete años de servicio en las Fuerzas Armadas (1965-2012).  

En este sentido, tres serían mis objeciones al documento: 

La primera sería a la repetición del mantra de que España “necesita” pertenecer a la OTAN para poder defenderse de los “riesgos y amenazas” a los que tiene que enfrentarse en el mundo actual, como si ese “actual” no estuviese cambiando permanentemente y, a veces, a gran velocidad como en el momento presente. 

Nunca está de más pertenecer a una organización que si eres atacado, los demás están comprometidos a ayudarte, pero sin olvidar que ese mismo compromiso te obliga a ti a implicarte donde, a lo mejor, no te conviene. 

Porque, aunque el documento asegure que “actualmente, España no tiene amenazas directas que la pongan al borde de un conflicto”, España sí tiene contenciosos que aunque no estén al borde del conflicto, sí deberían ser de especial atención por parte del Ministerio de Defensa, como Ceuta y Melilla y su futuro, las aguas atlánticas en disputa con Marruecos, la resolución satisfactoria del Sáhara Occidental (del que España es incumplidora potencia administradora) o la olvidada (al parecer intencionadamente) soberanía sobre las aguas y espacio aéreo que rodean el peñón de Gibraltar, el istmo y ciertas partes del propio Peñón, según el Tratado de Utrecht. Tratado que sigue vigente para las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización o de los 24. ¿De qué nos sirve la OTAN en todo esto? ¿De freno? ¿De implicarnos en otros escenarios para que no nos acordemos de estos?  

Otros escenarios como Ucrania, en el que la OTAN (impulsada y liderada, que se dice ahora, por Estados Unidos) lleva desde principios del presente siglo empujando y provocando, hasta que le ha estallado en la cara una guerra que no se esperaba y que no sabe como resolver. Una guerra que está costándole muy cara a Europa (incluida, por tanto, España). Una guerra que a los españoles ni nos va ni nos viene, pero en la que, en cualquier momento, puede costar la vida de soldados españoles destacados en los países limítrofes. 

Soldados españoles (y presupuesto español y de Defensa en gran manera) como los que cayeron en los Balcanes, Irak o Afganistán. Un desastre, como los acontecimientos de hace algunos días en Kosovo (enclave de Mitrovica) nos están mostrando, y dos guerras perdidas.   

Si “las inversiones en Defensa van en detrimento de las correspondientes a sanidad y educación y del gasto social” o no, como trata de rebatir el documento, es, sin duda, un buen debate que se merece la sociedad española, pero la sociedad española, no la OTAN, que es la que está metiendo baza en el asunto, sin que le corresponda, al presionar a España a que “nuestro” presupuesto de Defensa sea del 2% del PIB. 

La segunda objeción está íntimamente relacionada con esta anterior. ¿Cuándo vamos a convencernos de que las llamadas “operaciones de estabilización” son, por una parte, un fracaso (raro es el territorio que se ha logrado estabilizar tras años y millones de euros a lo largo y ancho del mundo) y, por otra, han sido uno de los principales instrumentos que tan equivocadamente hemos utilizado para ponernos enfrente a eso que ahora se le llama el sur global?

 

Las operaciones de mantenimiento de la paz se han convertido, manu militari, en ‘operaciones de imposición de la paz’

El error procede de haber querido pedirle a las primitivas “operaciones de mantenimiento de la paz” (OMP) lo que no podían dar. Porque las OMP, como su propio nombre indica, se desplegaron inicialmente para “(ayudar a) mantener una paz” que ya se había acordado (en Chipre o en Centroamérica, por ejemplo). Pero a partir de Somalia (1992-1995) y Ruanda (1994) se quiso “llevar” la paz manu militari (no mantenerla porque todavía no la había), transformando desde entonces las OMP en “operaciones de imposición de la paz” (OIP), verdadero nombre de las eufemísticamente llamadas “operaciones de estabilización”, que inevitablemente tenían que decidir quién debía ser el bando vencedor, combatiendo contra el que “debía perder”: Yugoslavia, África (incontables), Afganistán, Irak, etc.   

De todas se ha salido escaldado y se sigue saliendo: las tropas francesas acaban de tener que salir de Níger, después de tener que hacerlo de Malí y Burkina Faso. Estados Unidos ya ha planteado la posibilidad de abandonar sus bases en Níger (Niamey y Agadez, 1.100 efectivos). E, incluso, la MINUSMA de las Naciones Unidas se está teniendo que retirar de Malí. Además, no se quedan solos, se quedan con China y Rusia. 

La OTAN, aunque ella y nuestro Ministerio de Defensa se lo crean, no es invencible, sino más bien perdedora. ¿Es fácil salirse? No. Lo que si es posible es tener criterio propio en ella (véase Turquía) y no sentir que le debemos “lealtad”. Un concepto inadecuado para las relaciones internacionales y la seguridad. Si se permanece en la OTAN, hay que hacerlo desde el interés propio, desde el egoísmo y al que no le convenga, que proteste. En las Juras de Bandera se jura proteger y defender a España, no a la OTAN. La vida de los soldados españoles sólo debería ponerse en peligro cuando estén en juego intereses auténticamente españoles.  

Y tercera objeción, la relativa a la participación de militares de uniforme y en formación militar en procesiones y otros actos de carácter religioso, que el documento justifica como una “tradición”, “intensamente demandada” por las asociaciones a las que se apoya (claro, si se las está apoyando), que sufragan gran parte de los posibles gastos, y que son “muy valoradas por la sociedad civil”. Remarcando que la participación de los militares en ellas es voluntaria. 

Pero elevar la tradición al rango de norma justificativa no es tradición, sino “tradicionalismo”, precisamente todo lo contrario al respeto a las tradiciones dándoles el valor y el lugar simbólicos que les corresponde. Celebramos, por tradición, el día del año en que nacimos (nuestro cumpleaños), pero no se nos ocurre comportarnos como recién nacidos. Las tradiciones se pueden (y se deben) mantener cuando no tienen repercusión social negativa o rechazo social significativo. En esto también consiste la democracia. 

La tradición no puede obviar que nuestra Constitución, que en su artículo 16.3, dice textualmente que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y si hay alguna institución que pueda considerarse estatal por sus especiales características, esa son las Fuerzas Armadas que, en consecuencia, deberían abstenerse de participar activa y públicamente en beneficio de cualquier confesión religiosa concreta, respetando, al mismo tiempo y de igual forma, a todas. Alguien puede imaginarse la participación de formaciones en uniforme reglamentario de militares españoles musulmanes (que haberlos, haylos) voluntarios en fiestas como la del Cordero (Eid al-Adha), que en ciertas ciudades españolas del norte de África es una “tradición religiosa”, que “se encuentra integrada en el conjunto del tejido social”. 

Se nos dice que la participación individual es “voluntaria” (¿y no remunerada?), pero no es lo mismo voluntariedad que conformidad. En una institución tan jerarquizada como las Fuerzas Armadas no es lo mismo “quiero ir porque mi fe me lo demanda” que “bueno, voy, no sea que haya consecuencias o me señale”. Recuérdese el caso de la bendición, en posición de “rindan armas” arrodillados, de un banderín de compañía en la escalinata de la Basílica del Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros) en junio del pasado año 2022, que el capitán de la misma obligó a realizar a todos los componentes de su unidad. ¿Alguien se negó? ¿Alguien pudo negarse? ¿Alguien se atrevió a negarse? ¿O todos eran católicos fervientes?  

En cualquier caso, el militar (o grupo de militares) que, por fe, quiera(n) participar activamente en un acto religioso católico (llevando a hombros un paso o acompañándolo), no tiene(n) por qué hacerlo de uniforme como unidad militar. Pueden hacerlo igualmente, individualmente o en grupo, sin signos externos de la institución a la que pertenecen. Los médicos van a las procesiones o llevan pasos sin bata, y los jueces, sin toga. La libertad religiosa es del individuo, no de las instituciones (obligadas constitucionalmente a ser aconfesionales, las Fuerzas Armadas en este caso). 

El Ministerio de Defensa ha publicado recientemente un documento titulado como el que encabeza este artículo, “Las claves del porqué. Ante cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa y el ejército”, cuyo objetivo declarado (en el propio documento) es “contrarrestar juicios de valor o afirmaciones carentes de justificación, a menudo recurrentes, que girando en torno a las cuestiones de Seguridad y Defensa pretenden minimizar su importancia, cuando no cuestionar su necesidad.” 

Nada más legítimo y necesario que el Ministerio de Defensa informe y explique a los ciudadanos el porqué de sus actuaciones, pero también nada más legítimo que a los ciudadanos se nos permita discrepar de algunos de los razonamientos utilizados en el documento, especialmente en mi caso, que me considero avalado por cuarenta y siete años de servicio en las Fuerzas Armadas (1965-2012).