Corruptores y corrompidos, las dos caras de la corrupción

Hace ya algún tiempo escribí en este blog (ver aquí) sobre casos conocidos de corrupción en las instituciones, europeas y españolas, que afectaban tanto a políticos del entorno de la UE como de sus países miembros.

En ese post cité a varios responsables políticos que habían sido corrompidos por empresas o gobiernos, poniendo el foco en la falta de escrúpulos y la bajeza moral de los corruptos y dejando para otra ocasión escribir sobre el otro elemento indispensable de la corrupción: el corruptor.

Este puede ser un buen momento para ello. 

En términos generales, corrupción es un acto por el que una persona (corruptor) soborna, ofrece o promete a otra (corrompido), ostente un cargo público o no, beneficios contrarios a la legalidad o de naturaleza fraudulenta. Ambos protagonistas serían igualmente corruptos, aunque la percepción y preocupación de la ciudadanía pone el foco casi exclusivamente en la corrupción pública –léase política– por ser la más mediática y por ser utilizada como herramienta para cargar contra el adversario político en todos los niveles de la Administración. 

Curiosamente, en el código penal español no existe el delito de corrupción pública, sino que ese concepto engloba otros delitos específicos como el de prevaricación, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude, abusos en el ejercicio de funciones o corrupción en las transacciones comerciales. 

Pero el delito de corrupción entre particulares sí está tipificado en el código penal español (art. 286). Así, comete un ilícito penal quien “reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero...” a cambio de favorecer a alguna persona, colectivo o entidad con cualquier tipo de ventaja material o inmaterial (corrupción pasiva).

Igualmente comete ese delito quien “por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda (...) un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros...” como contraprestación para que le favorezca a él o a un tercero (corrupción activa). 

Muchos empresarios “de éxito” han rellenado su currículo a base de sustanciosas “mordidas” a lo largo de su vida profesional, viéndose además premiados con un reconocimiento social y buenas relaciones con el poder (público y económico) directamente proporcionales a la generosidad de sus “inversiones”. 

Pues parece que la sociedad es más tolerante con la corrupción entre particulares que cuando hay algún cargo público implicado, especialmente si ese cargo público es de naturaleza política, trátese de un ministro, un diputado o un concejal. Si el corrompido es un empleado público, funcionario de carrera o personal contractual, de nombramiento político o no, al supuesto delito ya se le añade socialmente –y sobre todo mediáticamente– un agravante.  

Corrupción en el ámbito público

Si además el corrompido es un cargo público nombrado como personal de confianza o directamente elegido en las urnas, entonces el agravante se acentúa y se pone en marcha automáticamente la llamada “pena de telediario”, a menudo alentada por medios de comunicación, sobre todo si son de una cuerda ideológica distinta a la del potencial delincuente. Y ello con independencia de que el acto delictivo haya sido probado o no y se demuestre al final que se trataba de una denuncia falsa.  

Esa supuesta mayor gravedad del delito deriva del sentimiento de “traición” del servidor público a los ciudadanos que le han dado su confianza para administrar los bienes y los caudales públicos, de la decepción por el comportamiento fraudulento de quien tiene que canalizar los impuestos en beneficio de todos.  

Pero ¿es realmente más grave la corrupción pública que la que opera entre particulares?

Veamos. 

Las consecuencias de un soborno a un responsable público pueden repercutir en un aumento del presupuesto presentado por una empresa a la administración de que se trate para la ejecución de unas obras o la prestación de servicios. Ese sobrecoste repercute directamente sobre todos los contribuyentes, quienes finalmente pagan esa corrupción.   

Un ciudadano solicita de una administración unas ayudas, prestaciones sociales, subvenciones o exenciones fiscales aportando pruebas, informes o declaraciones fraudulentas para obtener un beneficio al que no accedería en condiciones de veracidad. En detrimento de quienes, en base a la buena fe y la conciencia social, no incurren en esas prácticas y que finalmente pagan esa corrupción.  

Determinada empresa recurre a prácticas de presión ante una institución, parlamento, grupo político o centro de decisión para conseguir adaptar un proyecto de norma a los intereses particulares de su compañía. Es el famoso lobby que opera en todos los centros de poder mediante pagos ocultos a personas influyentes en efectivo o en especie. Según un estudio del Parlamento Europeo, la corrupción le cuesta a la Unión Europea cerca de un billón de euros al año. 

En Estados Unidos, la práctica del lobby está normalizada y, lo vemos en las campañas electorales, grandes firmas y multimillonarios financian copiosamente a los candidatos de los dos grandes partidos con el fin de obtener ventajas posteriores una vez el ganador esté en su poltrona, sea el despacho oval o el Capitolio. Es decir, la corrupción está socialmente aceptada en un país que dice ser la primera democracia del mundo...  

A cambio, el servidor público “comprado” tendrá asegurado un puesto en un consejo de administración cuando cese en su cargo, unas vacaciones a todo lujo para él o su familia, el disfrute de una mansión, de un yate o un puesto de trabajo para el yerno. O todo al mismo tiempo.

 

Las cifras de corrupción para España se situarían en unos 90.000 millones anuales (cerca de un 8% del PIB)

Parecen pequeñeces consideradas aisladamente o en comparación con el monto de los presupuestos generales o los grandes datos macroeconómicos pero, considerado en su conjunto, la corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial, según un reciente informe del Consejo Económico y Social de la ONU. De los alrededor de 13 billones de dólares de gasto público mundial, se pierde hasta el 25% en corrupción. Aunque naturalmente se trata de un promedio y las cuantías difieren bastante por países, las cifras de corrupción para España se situarían en unos 90.000 millones anuales (cerca de un 8% del PIB), según el citado informe del Europarlamento, es decir, prácticamente lo mismo que todo el presupuesto sanitario o cerca del coste total de las pensiones.  

En España se ha cuantificado, por ejemplo, la corrupción en el caso de las mascarillas durante la pandemia llevada a cabo por empresarios de todo pelo aprovechando la ausencia de controles, con el consiguiente pago de sobreprecios por las administraciones. Nombres como el de Tomás Díaz Ayuso, Luis Medina, Alberto Luceño o Koldo García se encuentran entre los muchos comisionistas y corruptores sin escrúpulos que inmoralmente aumentaron sus ganancias aprovechando una situación de emergencia. Si una situación de emergencia social como el Covid-19 propició la aparición de aves carroñeras (ojo a lo que se viene con la catástrofe de la dana en Valencia), también en tiempos de normalidad nadan al acecho todo tipo de pirañas y tiburones como los protagonistas de los conocidos casos ERE, Gürtel, Púnica, Bárcenas o Nóos, por citar sólo los más recientes. Todo ello lleva a España al puesto 60 del ranking de percepción de la corrupción (datos de Transparency International), siendo 0 el más corrupto y 100 el más limpio. En el gráfico que sigue, España se sitúa en la columna de la derecha, por debajo de la media europea. Tirando al (son)rojo.

    

En el ámbito de la UE, lo más reciente es la investigación que acaba de iniciar la fiscalía europea (EPPO) contra Manfred Weber, el político conservador alemán que disputó a Úrsula von der Leyen la candidatura para la presidencia de la Comisión Europea. Weber está acusado de fraude y malversación de fondos durante la campaña electoral europea de 2019, beneficiándose de dinero procedente del Partido Popular Europeo que él preside así como de su correspondiente grupo (EPP) en el Parlamento Europeo.  

Como hemos visto, la corrupción le sale cara al erario público. Opere ésta en el ámbito europeo o en el nacional, es siempre el bolsillo del contribuyente el que, directa o indirectamente, paga los platos rotos de la vajilla común. Según en estudio de la Fundación BBVA, España podría crecer económicamente más de un 1% sin la corrupción. Corrupción que, por cierto, es mejor tolerada por los electores cuando la economía va bien que en épocas de recortes, premiando incluso a los gobernantes, supuestos o probados corruptos, en las siguientes elecciones. 

Corrupción entre particulares

Pero no solo paga el ciudadano cuando se abusa de los fondos públicos, sino también cuando la corrupción se da entre particulares:

La empresa X soborna (delito de cohecho) con una cantidad de dinero o en especie al responsable de compras de la fábrica Z para que sea elegido su producto en lugar de otro, llevándose un contrato de suministros que le reportará pingües beneficios, excluyendo así a otros competidores que podrían ofrecer mejores precios o calidades. Aquí estaríamos ante un delito de naturaleza económica con consecuencias negativas que distorsionan la competencia en el mercado y lo convierten en disfuncional.

De ello se deriva la ineficacia económica, la desconfianza de los inversores y el encarecimiento de los precios, un sobrecoste que pagan no sólo los contribuyentes, sino todos los miembros de sus familias, es decir, todos los ciudadanos. 

Un pequeño empresario o un trabajador autónomo que, en función de quién sea el cliente, ofrece sus productos o servicios sin IVA y con pago en efectivo puede fácilmente ocultar su verdadera facturación, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponden. El cliente que acepta pagar sin IVA (sin factura) se beneficia de un mejor precio pero con ello pierde el derecho a posibles reclamaciones, además de quedar expuesto a posibles multas si el importe supera determinada cantidad. La consecuencia es que se favorece y fomenta la economía sumergida y el dinero negro fluye a espuertas, pese a los límites que ha impuesto el Estado para determinadas transacciones económicas.  

Corruptores y corrompidos coadyuvan a la degradación de la convivencia y atentan contra la caja común que debe pagar la sanidad, la educación, las carreteras y la seguridad

El pequeño o mediano empresario o el trabajador autónomo que desgrava, mediante artimañas de ingeniería financiera, gastos que en realidad poco o nada tienen que ver con su actividad económica o que presentan facturas falsas, comete un delito fiscal o una infracción tributaria en función de la cuantía defraudada. En uno u otro caso, está perjudicando al patrimonio de la Hacienda pública y por consiguiente a todos los ciudadanos.  

Para concluir, sin haber pretendido ser exhaustivo en la casuísticas infractoras que engloba la corrupción, en mi opinión es tan nefasta en el ámbito de lo público como de lo privado. Sus protagonistas, corruptores y corrompidos, coadyuvan a la degradación de la convivencia, atentan contra la caja común que debe pagar la sanidad, la educación, las carreteras y la seguridad y provocan la alienación cada vez mayor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.   

Que cada uno se tiente bien la ropa a la hora de criticar tal o tal caso de corrupción y haga un repaso personal de cómo procedería en casos como los citados más arriba y sobre su comportamiento respecto a las obligaciones tributarias. La hipocresía y la doble moral no son delitos, pero constituyen uno de los males centrales de la sociedad.

Hace ya algún tiempo escribí en este blog (ver aquí) sobre casos conocidos de corrupción en las instituciones, europeas y españolas, que afectaban tanto a políticos del entorno de la UE como de sus países miembros.

En ese post cité a varios responsables políticos que habían sido corrompidos por empresas o gobiernos, poniendo el foco en la falta de escrúpulos y la bajeza moral de los corruptos y dejando para otra ocasión escribir sobre el otro elemento indispensable de la corrupción: el corruptor.