Publicamos este artículo en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click
aquí. La información y el análisis que recibes dependen de ti.
La gestión de las residencias de mayores por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia fue el elemento clave del debate electoral en la campaña del 4M. En realidad, tendría que haber sido un tema de análisis permanente durante el último año por una sencilla razón: en los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico.
Lo que sucedió es algo que, simplemente escribirlo, duele: en apenas mes y medio, entre mediados de marzo y finales de abril de 2020, fallecieron 9.470 mayores que vivían en residencias de Madrid. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, sin recibir atención médica ni ser trasladados a un hospital. Ello supone que el 77% del total de decesos se produjo en el geriátrico, porcentaje que se incrementó hasta el 84% en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que impedía traslados de los ancianos enfermos al hospital (5.343 mayores murieron en esos veinte días en sus residencias). De las 9.470 personas fallecidas, 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles (el 61% del total) y el resto perdieron la vida por otras causas. Hay que recordar que la prohibición de derivar residentes al hospital no solo afectó a quienes estaban contagiados por el virus, sino a todos los que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Todas estas cifras son datos oficiales, aportados por la Consejería de Sanidad a infoLibre a través del Portal de Transparencia.
Lo que sucedió, y esto duele aún más escribirlo, es que muchos de los mayores murieron solos, ahogados en su propia tos, sin oxígeno, sin recibir la atención médica a la que tenían derecho. Derecho porque así lo determinan nuestra Constitución y nuestras leyes, y derecho por un sentido básico de humanidad.
Con estos hechos, escuchar en el debate a Ayuso mentir con descaro sobre los datos (dijo que el 70% de los mayores habían muerto en el hospital) o mentir con brutalidad sobre las posibilidades de sobrevivir de los ancianos (afirmó que el traslado al hospital no habría salvado a ninguna de las 7.291 personas que murieron en los geriátricos), provoca cierta rabia y cierta pena a cualquier persona con un mínimo de conciencia. Y la tentación de escribir un artículo desde las tripas. Pero eso no sería periodístico. Así que lo que sigue es una explicación fría, basada únicamente en hechos incontestables, sobre la responsabilidad política del Gobierno de Ayuso en la muerte de esos mayores y sobre la falsedad de los argumentos que utilizan quienes defienden su gestión en este tema. Es el relato periodístico que dicta la razón.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE AYUSO
El Gobierno de Ayuso realizó cuatro actuaciones que, conjuntamente, provocaron que miles de mayores muriesen en las residencias desatendidos, sin recibir atención médica. Esas cuatro medidas no pueden ser analizadas aisladamente –como hacen algunos por interés o por ignorancia– porque todas ellas se tomaron al mismo tiempo y todas ellas contribuyeron al resultado fatídico. Son las siguientes:
1. El Protocolo de no derivación hospitalaria
El 18 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero aprobó un Protocolo que impedía derivar a los hospitales a los residentes enfermos que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los días 20, 24 y 25 de marzo se aprobaron otras tres versiones del mismo Protocolo. Con un lenguaje más o menos crudo, todas ellas compartían el elemento esencial: la orden de no trasladar a los hospitales a las personas más dependientes. Cualquiera que conozca el perfil de los residentes sabe que esa orden afectaba potencialmente a miles de ancianos, ya que en los geriátricos son muy pocos los mayores con autonomía y muchos los que tienen un grado de dependencia alta.
En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, fallecieron en los centros 5.343 mayores sin ser trasladados a un hospital, un 84% del total de decesos. Para entender lo que significa este porcentaje es conveniente compararlo con lo que ocurre habitualmente: el número de muertes en los centros está claramente por debajo del 20%. Se trata de personas en estado terminal, a las que no tiene sentido alguno llevar a un hospital, y la decisión se toma con el acuerdo de sus familiares. Durante la primera ola de la pandemia en Madrid, en la práctica totalidad de los casos, la decisión de no trasladar a los mayores al hospital le fue impuesta a sus familiares en contra de su expresa voluntad.
2. La no medicalización de las residencias
La decisión de no trasladar a miles de mayores a los hospitales, siendo discriminatoria y grave, no dejaba al Gobierno autonómico sin alternativas para intentar salvar sus vidas. De hecho, tuvo en sus manos tres alternativas. La primera era medicalizar las residencias. El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, lo explicó perfectamente en una comparecencia en la Asamblea de Madrid: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó resoluciones ordenando que se medicalizasen las residencias de Alcorcón y Leganés, pero el Ejecutivo de Ayuso no se mostró conforme y recurrió las resoluciones judiciales, alegando que ya había aportado distinto material a los geriátricos. El TSJM determinó que “medicalizar” una residencia consiste en dotarla “del personal sanitario necesario” y “del material preciso para actuar sobre los residentes”. Y concluyó que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.
Ayuso y Escudero hicieron caso omiso al TSJM. Su plan para medicalizar las residencias fue la llamada Operación Bicho: un plan encargado a Encarnación Burgueño, la hija del ideólogo de la privatización hospitalaria de Madrid, Antonio Burgueño, a quien Ayuso había encomendado la coordinación del sector sanitario cuando empezó la pandemia. El plan duró doce días y fue un auténtico caos. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", confesó en la Asamblea de Madrid el dueño de la empresa de ambulancias subcontratada para visitar las residencias.
3. Número de traslados al hospital del Ifema: 23
Durante la primera ola de la pandemia, el Gobierno de Ayuso montó un hospital de campaña en las instalaciones de Ifema, que estuvo operativo entre el 21 de marzo y el 30 de abril. La Comunidad de Madrid aseguró que dicho centro tendría 5.000 camas.
La realidad es que, durante las seis semanas que estuvo abierto, en Ifema se atendió a 3.811 personas. De ellas, únicamente 23 eran mayores procedentes de dos residencias. Es decir, el 0,6% del total. En ese periodo, el 43,5% de los fallecidos en la región con covid o síntomas compatibles eran ancianos que vivían en residencias. En otras palabras: se creó un hospital al que no se trasladó a las personas que más lo necesitaban, aquellas que estaban muriendo en las residencias sin ningún tipo de cuidado médico.
Un segundo elemento inexplicable en relación con el Ifema es por qué se decidió cerrarlo cuando seguían muriendo muchas personas en los geriátricos sin ser trasladados a un hospital. La decisión de desmontar Ifema se adoptó una semana antes del cierre. Pues bien, en esos siete días, 549 mayores murieron en una residencia sin ser derivados a un hospital. La emergencia sanitaria no había pasado.
4. Número de traslados a hospitales privados: 0
El Gobierno de Ayuso, con buen criterio, decidió poner bajo un mando único tanto a los hospitales públicos como a los privados. La presidenta madrileña lo explicó así en la Asamblea: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].
La realidad es la siguiente: ese mando único “histórico” no consideró necesario que los 68 hospitales privados atendiesen a las personas que vivían en las residencias y caían enfermas. Los datos oficiales de derivaciones hospitalarias demuestran que todos los traslados de residentes enfermos se hicieron a centros de la red pública de hospitales. La Comunidad no trasladó ni a un solo residente a un hospital privado. Ni uno.
Los únicos residentes que fueron trasladados a los hospitales privados fueron aquellos que tenían un seguro privado. En otras palabras: tener un seguro privado se convirtió, en muchas ocasiones, en el único salvoconducto para recibir atención hospitalaria y salvar la vida.
Estos son los hechos. Y se resumen así: el Gobierno de Ayuso es responsable de haber aprobado un Protocolo que impidió trasladar a miles de mayores a los hospitales y de decidir además no utilizar las tres alternativas que tenía para intentar salvar sus vidas –medicalizar los centros, trasladar a los enfermos a Ifema o llevarles a los hospitales privados–, lo que provocó que muriesen desatendidos en los geriátricos.
LOS FALSOS ARGUMENTOS PARA TAPAR LO OCURRIDO
Para tapar la realidad de lo ocurrido, el Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha una serie de mentiras y manipulaciones. Algunas más bien burdas, como asegurar que un Protocolo firmado digitalmente por un alto cargo del Gobierno era en realidad un “borrador”, y otras más sofisticadas, como ofrecer cifras de derivaciones hospitalarias de amplios periodos de tiempo (entre marzo y junio) para enmascarar que el problema con la falta de traslados se produjo básicamente durante cuatro semanas al principio de la primera ola. Pero hay cinco grandes argumentos (falsos) que el PP madrileño y sus altavoces mediáticos repiten sin cesar. Son estos:
1. Las competencias eran de Pablo Iglesias
Las competencias tanto en materia sanitaria como de servicios sociales, lo que incluye las residencias, son de las comunidades autónomas. Y en ninguno de los decretos aprobados durante el estado de alarma se produjo ningún cambio competencial en este sentido. Saber la verdad sobre este asunto es sencillo: si alguien asegura que se produjo esa transferencia de competencias, basta con enseñar el BOE donde se aprobó tal cosa. Nadie lo ha enseñado, claro, porque no existe.
En el debate sobre el estado de la región, el 15 de septiembre de 2020, el portavoz del PP –Alfonso Serrano– afirmó literalmente lo siguiente sobre este tema:
Dice usted: "Tráigame aquí un boletín oficial que diga que Pablo Iglesias asume el mando"; vale, bueno, a ver, no es el boletín oficial, es una noticia de La Sexta, que para usted puede ser más o menos algo así como creíble (Risas): "Pablo Iglesias se pone al mando de los servicios sociales de toda España: vamos a construir un escudo social". Oiga, ¿está mintiendo La Sexta? ¿Lo está diciendo usted? ¡A ver si se están equivocando! (Aplausos.) ¿Esto qué es? ¿La caverna mediática? ¡Es La Sexta! "¡El ministro Illa ha puesto al mando de los servicios sociales de toda España al vicepresidente Pablo Iglesias!". ¡Oiga, eso lo dice La Sexta!, que ya sé que no es el BOE, pero usted le dará un poquito de credibilidad, pero bueno [Puedes consultar aquí el diario de sesiones].
¿Es posible ser más frívolo cuando se está hablando de miles de personas muertas en condiciones indignas? Sea cual sea la respuesta, la realidad es que España es un Estado mucho más serio del que dibujan algunos políticos, y las decisiones sobre el reparto de competencias se publican en el BOE.
Constatar la evidencia de que las competencias nunca fueron transferidas no equivale, por supuesto, a afirmar que el Gobierno central hizo todo bien. Durante la primera ola cometió un grave error: no otorgó a las residencias la misma prioridad que a los hospitales. Y tendría que haberlo hecho. Tuvo una clara responsabilidad por omisión, al no haber adoptado más medidas en esa línea, para lo que estaba facultado gracias a los poderes excepcionales del estado de alarma.
2. El triaje era necesario porque no había medios para atender a todos
Lo que se aplicó a los mayores madrileños no fue un triaje, fue una discriminación en razón del lugar de residencia. Médicos Sin Fronteras, en un excelente informe sobre lo ocurrido durante la pandemia, explica cuáles son las pautas que se deben seguir para realizar un triaje: “Cada caso debe ser valorado individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social. Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y transparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario”. Es evidente que ninguno de esos criterios se siguió con los residentes en Madrid durante la primera ola de la pandemia.
La excusa del triaje tiene, además, un problema mayor. La aplicación del triaje requiere como condición previa que exista una escasez de medios. Así que esconderse tras el supuesto triaje en los hospitales no sirve para responder a estas tres preguntas: ¿Y por qué no se medicalizaron las residencias como ordenó el TSJM? ¿Y por qué no se trasladaron enfermos al Ifema, que supuestamente podía tener operativas 5.000 camas y solo atendió a 23 mayores? ¿Y por qué no se llevaron pacientes desde los geriátricos a los hospitales privados, salvo que tuvieran seguro médico privado?
3. Lo mismo que ocurrió en Madrid sucedió en otras comunidades
Es cierto que Madrid no fue la única comunidad donde, en la primera ola de la pandemia, la mayoría de los mayores fallecieron en las residencias y no fueron trasladados al hospital. En Madrid ello ocurrió en el 77% de las muertes de residentes, mientras que en Cataluña ese porcentaje se situó en el 72% y en Castilla y León en el 71%. De Castilla-La Mancha no hay datos oficiales, pero otras estadísticas apuntan a que el porcentaje fue similar. En esas cuatro comunidades se concentraron el 75% de los fallecidos en la primavera de 2020.
Lo que no ocurrió en ninguna otra comunidad, y lo que configura por tanto la excepcionalidad de Madrid, es que el Gobierno autonómico incumpliese resoluciones judiciales que le ordenaban medicalizar las residencias y que además se negase a trasladar enfermos a los hospitales donde había plazas para atenderles (Ifema y hospitales privados).
Por supuesto, tampoco hay ninguna comunidad donde se aprobase un Protocolo como el de Madrid prohibiendo el traslado a los hospitales de los mayores de acuerdo con su nivel de dependencia. En Cataluña, eso sí, se aprobó también un Protocolo indigno que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años con determinadas patologías.
4. Otras comunidades tuvieron peores datos que Madrid
El Gobierno de Madrid, a mediados del pasado año, puso en circulación una estadística que indicaba que “Navarra, Aragón y Extremadura superan el 80% de fallecidos por covid que residían en geriátricos”. Un porcentaje que en Madrid se quedaba en aquel momento en el 41%. No hace falta ser un experto matemático para entender que, al comparar los decesos en las residencias con los producidos fuera de ellas, el porcentaje puede ser bajo por dos motivos: porque realmente hay pocos fallecimientos en las residencias o porque fuera de los geriátricos hay también una hecatombe importante. Esto último fue exactamente lo que sucedió en Madrid, triste líder en muertes en la primera ola en los geriátricos y fuera de ellos.
Para saber qué ocurrió realmente dentro de las residencias, hay dos estadísticas que sí son relevantes: el número de mayores fallecidos respecto al total de residentes y el exceso de mortalidad (que es precisamente la estadística que utiliza el PP para sostener, con razón, que el número de fallecidos totales por covid en España es mayor que el que recogen las cifras oficiales). En ambas cuestiones Madríd es la comunidad con peores datos: en la primera ola fallecieron el 12% del total de residentes de Madrid con covid o síntomas compatibles, por delante de Castilla-La Mancha, donde se superó ligeramente el 8%. En cuanto al exceso de mortalidad en los geriátricos, según un estudio recién publicado en Envejecimiento en Red, se disparó hasta el 52,9% en Madrid, casi el doble que la producida en la segunda comunidad peor parada, de nuevo Castilla-La Mancha con el 27,9%.
En todo caso, hay que tener presente que la responsabilidad política del Gobierno madrileño no deriva de que fuese la comunidad con más residentes fallecidos. Es importante conocer los datos reales, para evitar las manipulaciones interesadas. Pero la responsabilidad de Ayuso y Escudero nace de cómo gestionaron la pandemia, no del número de fallecidos. Su responsabilidad es producto de las cuatro decisiones mencionadas: el Protocolo de no derivación hospitalaria, la no medicalización de los centros incumpliendo resoluciones judiciales y la doble negativa a trasladar ancianos enfermos al Ifema y a los hospitales privados.
5. Los residentes no se habrían salvado aunque se les hubiese trasladado al hospital
Este argumento lo utilizó Ayuso por primera vez en el debate electoral y lo desmienten tanto la lógica como la realidad de lo ocurrido a partir de mayo. ¿Alguien puede sostener en serio que los 7.291 mayores que fallecieron en las residencias habrían perdido igual la vida si hubiesen recibido atención hospitalaria? ¿Todos? ¿Los 7.291? Es evidente que una parte de esas personas habría muerto y que la otra se habría salvado.
Por supuesto, en términos éticos, aunque todos hubiesen fallecido, la inmoralidad de privarles del derecho a recibir atención médica sería la misma. Pero es que la realidad demuestra que, además de inmoral, es un argumento falso. Las derivaciones hospitalarias de los residentes enfermos empezaron a recuperarse en la segunda mitad de abril y, especialmente, a partir de mayo. Y el número de mayores fallecidos se redujo drásticamente, por la sencilla razón de que la atención médica les salvó la vida a muchos de ellos.
Los encubridores
Hasta aquí los hechos. Pero no me gustaría terminar este artículo de opinión sin realizar una valoración subjetiva.
Muchísimos ciudadanos madrileños desconocen los hechos que acabo de exponer, por la sencilla razón de que hay algunos medios que jamás han informado sobre ellos. Sus directores son responsables de encubrir esa hecatombe. Si es por ignorancia, es una ignorancia culpable; si es por otras razones menos confesables, se califican solas.
La Fiscalía está teniendo, en general, un papel lamentable. Es asombroso que, con todas las pruebas documentales que existen sobre el Protocolo y su aplicación masiva en las residencias, no haya abierto una investigación de oficio. Una Fiscalía que actúa como abogada defensora se denigra a sí misma y ofende especialmente a los familiares de las víctimas. Es, también, una Fiscalía encubridora.
Hay una pregunta sin respuesta, pero creo que clarificadora: si quienes fallecieron en las residencias sin atención médica, fuesen la madre o el padre de los políticos que adoptaron esas decisiones, ¿habrían actuado igual? Si fuesen la madre o el padre de los encubridores, ¿actuarían estos como lo hacen?
En los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico. Jamás han existido, por tanto, más razones para ir a votar. Si tienen alguna duda a la hora de acercarse a las urnas o a la hora de escoger papeleta, quizá les ayude hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo me sentiría yo si fuesen mi madre o mi hermano las personas que murieron de forma indigna en una residencia, solos, sin atención médica, ahogados en su propia tos, sin oxígeno?
_______
P.D.-1: Este artículo se centra, a partir del debate electoral, en el análisis de la responsabilidad política como una de las causas de lo ocurrido en las residencias de Madrid. Pero no fue la única. Durante la primera ola de la pandemia, en toda España, se pueden identificar otras cuatro grandes causas: déficits estructurales previos del sistema residencial, errores producidos cuando llega el virus, responsabilidades empresariales y el hecho objetivo de que las residencias son lugares donde el virus se transmite con facilidad.
P.D.-2: El texto se apoya en datos oficiales y en documentos de la Comunidad de Madrid. Si quieres profundizar en alguno de los hechos que se narran, puedes hacerlo en las siguientes informaciones que fueron publicadas en infoLibre.
– 7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: Madrid registra la muerte de 913 residentes
La Consejería de Sanidad abre un expediente informativo por el mitin del PSOE en una zona confinada con Gabilondo y Marlaska
La gestión de las residencias de mayores por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia fue el elemento clave del debate electoral en la campaña del 4M. En realidad, tendría que haber sido un tema de análisis permanente durante el último año por una sencilla razón: en los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico.