En una semana marcada por el ruido ensordecedor de unos pactos postelectorales en fase de gestación o de puro tanteo tacticista (según los casos), ha pasado quizás más inadvertido de lo que debiera el informe anual del Banco de España. Por unas cuantas razones:
1.- La fecha elegida por el gobernador Pablo Hernández de Cos no puede ser más inoportuna, dos días después de unas elecciones autonómicas, municipales y europeas que dejan la gobernabilidad abierta a pactos diversos y complejos, además directamente relacionados con la también abierta búsqueda de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. [Para conocer por dónde van las cosas conviene mirar al norte, concretamente a Navarra. Ver aquí].
2.- El Banco de España es un organismo público que tiene garantizada su independencia del poder político, algo tan lógico y deseable para el buen funcionamiento democrático como la absoluta independencia que el Ejecutivo y los partidos deben tener respecto al Banco de España. Por eso mismo todo responsable de un banco central es consciente (o debería serlo) de que pronunciarse sobre las pensiones, los salarios, la revolución tecnológica o los efectos de la globalización en mitad de un proceso postelectoral de negociaciones políticas y programáticas tiene unas consecuencias no técnicas ni neutras sino netamente políticas.
3.- No es algo, por desgracia, sorprendente. Pero alarma que se haya convertido en costumbre el desparpajo con el que los gobernadores sucesivos del Banco de España insisten en priorizar discursos cargados de ideología en lugar de vigilar con el máximo rigor el funcionamiento del sistema financiero y la prevención de riesgos para ciudadanos/clientes/contribuyentes. Y esa alarma roza la indignación cuando se repasan los datos sobre el hundimiento y rescate de las cajas, la impunidad en la actuación de centenares de ejecutivos financieros, la sospechosa impericia a la hora de permitir fusiones suicidas o de consentir negocios directamente piramidales como el de las preferentes… mientras el Banco de España miraba hacia otro lado, concretamente hacia el lado de los “salarios demasiado altos” o las “pensiones públicas insostenibles”.
4.- El gobernador Hernández de Cos ha considerado que este último martes era un momento oportuno para la presentación de su informe anual, prolijo y probablemente acertado en muchas de sus aseveraciones, pero todas ellas oscurecidas por dos apuntes inaceptables. Por un lado se lanza la voz de alarma ante la “falta de capacidad de ahorro de los hogares” y su “elevado recurso al crédito para financiar su consumo”, advirtiendo a los españoles que los tipos subirán y que pueden verse (de nuevo) con la soga al cuello. Por otro, se insiste en reclamar una reforma urgente de las pensiones (incluso aunque no haya consenso parlamentario) basada en retrasar aún más la jubilación y en recortar las prestaciones en función de la esperanza de vida. En un ataque de originalidad (y en una demostración de insensibilidad social alucinante) se sugiere por tanto que hay que ahorrar para compensar la merma de las futuras pensiones, y que quien no pueda hacerlo pero tenga vivienda en propiedad siempre puede usar la llamada hipoteca inversa para recibir del banco una paga mensual acorde con el valor de la casa.
5.- Que el Banco de España se queje de que en los hogares españoles se ahorra poco es ofensivo. Porque como sabe muy bien Hernández de Cos el sueldo más frecuente en España no llega a los 17.000 euros brutos anuales. Debería este señor explicar la fórmula cuántica bajo la que considera que con tales ingresos una familia puede no ya ahorrar, sino simplemente llegar a fin de mes.
6.- Conviene recordar que se trata del mismo gobernador que en noviembre pasado se pronunció contra la subida del salario mínimo a los 900 euros acordada por el Gobierno con Unidas Podemos y vaticinó que costaría la destrucción “de 150.000 empleos” (ver aquí). A principios de mayo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) certificó que esa mejora de los salarios no sólo no ha destruido empleo sino que ha contribuido a crearlo. (Ver aquí). Preguntado este martes por el asunto, Cos aduce que es aún pronto para valorar los efectos, y que esa labor la deja para “finales de 2020”.
7.- Que el señor Gobernador es perfectamente consciente de las implicaciones políticas de su discurso queda claro cuando propone, sin el menor disimulo, que la reforma (o recorte) de las pensiones se aborde antes de que el “votante mediano” (ahora situado en los 43 años) envejezca más (ver aquí). De cajón: a medida que vaya creciendo el porcentaje de población mayor de 65 años, más peso tendrán los pensionistas en las urnas y más complicado será que se hagan el harakiri. Por esa vía aún pueden tener recorrido propuestas más drásticas, como la de establecer que los miembros de la generación del baby boom (señalados siempre por la demografía como culpables de toda esta amenaza) hagamos coincidir exactamente nuestra edad de jubilación con la de defunción (en línea con aquella premonitoria viñeta de El Roto).
8.- La propia ministra de Economía ha reprochado al gobernador, con suavidad diplomática (ver aquí), la osadía de sus propuestas. “Si una familia no llega a final de mes, no puede ahorrar”, dice Nadia Calviño, mientras el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ponía el foco en la cuestión central: “Si España pretende competir en el mundo en los próximos 30 años a través de una productividad basada en la rebaja salarial, va otra vez a un desfiladero” (ver aquí). Exactamente, al precipicio al que ya caímos mientras el Banco de España impulsaba o aplaudía las reformas laborales y de pensiones y los recortes salariales que nos han clavado en una precariedad laboral indefinida.
9.- Curiosamente, el propio informe del Banco de España cita la consecuencia más grave de la gestión neoliberal de la crisis: la desigualdad. El problema es que no la sitúa como la prioridad que marque las políticas económicas necesarias para un progreso justo y equilibrado. Por citar también alguna luz en el análisis de Cos, al menos admite la necesidad de abordar políticas de inmigración inteligentes, abiertas y audaces, que son imprescindibles precisamente para afrontar nuestros problemas de envejecimiento y de escasa natalidad. (Falta insistir en que la inmigración no puede articularse para el esclavismo).
Andamos todos (políticos y periodistas especialmente) frenéticos intentando responder cada media hora a la pregunta de quién pactará con quién y a cambio de qué otro cargo o institución. Deberíamos poner mucho más esfuerzo en exigir y conocer no tanto el quién como el qué y el para qué. Las preferencias de los votantes sobre acuerdos o coaliciones de gobierno están más o menos claras cuando se les pregunta. (Ver aquí el último y polémico barómetro del CIS). Y cabe pensar que esas preferencias tienen que ver con sus prioridades sobre pensiones, salarios, empleo o derechos laborales. Difícilmente serán las mismas que plantea el Banco de España.
En una semana marcada por el ruido ensordecedor de unos pactos postelectorales en fase de gestación o de puro tanteo tacticista (según los casos), ha pasado quizás más inadvertido de lo que debiera el informe anual del Banco de España. Por unas cuantas razones: