Democracia sin atajos... para nadie

Dejemos para los juristas la explicación precisa del fallo dictado este jueves (ver aquí) por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a la “petición de decisión prejudicial planteada” el pasado 1 de julio por el Tribunal Supremo español sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario electo. Vayamos al análisis telegráfico de su significado y posibles efectos políticos, en un contexto de casi absoluta incertidumbre sobre las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y sobre las consecuencias que la sentencia puede tener en el pulso interno en el espacio independentista.

1.- La Justicia europea dictamina que Oriol Junqueras tenía (y tiene) inmunidad parlamentaria desde el momento en que la Junta Electoral española proclamó los resultados de las elecciones del 26 de mayo pasado. Para entendernos: el Tribunal Supremo, con la firma de Manuel Marchena, preguntó a Luxemburgo si había hecho bien o mal al negar a Junqueras “el levantamiento de la medida de prisión provisional” para recoger su acta de eurodiputado. Y el TJUE ha respondido al Supremo que lo ha hecho muy mal, que ha atropellado los derechos políticos fundamentales de Junqueras y de sus electores, y que si el Supremo consideraba que el europarlamentario Junqueras, acusado por graves delitos, debía seguir en prisión, tendría que haber solicitado al Parlamento Europeo que suspendiera esa inmunidad. Y esa injusticia sigue vigente: Junqueras tiene derecho a su acta de europarlamentario y el Supremo la obligación de permitirle acceder a ella y de pedir el suplicatorio al Europarlamento si considera pertinente mantenerlo en la cárcel.

2.- Suena a sarcasmo definir como “cuestión prejudicial” un dictamen que se produce en modo “postjudicial”, cuando el juicio al procés ha concluido y el afectado afronta una condena de 13 años de prisión. Aquí es donde encaja la argumentación tan escuchada este jueves de que “la inmunidad no significa impunidad”, en el sentido de que el fallo del TJUE no anula la sentencia del Supremo ni se refiere a su fondo. Pero también encaja aquí la pregunta de por qué el Supremo no esperó a resolver la duda que él mismo tramitó ante Luxemburgo antes de avanzar en un proceso que podía quedar contaminado, como mínimo en su credibilidad. De hecho no se entendería fácilmente que la sala presidida por Marchena siga impidiendo a Junqueras salir de prisión para acreditarse como eurodiputado. 

3.- Nadie puede hacerse el sorprendido por la decisión del TJUE, que viene derivada (como ocurre en el 80% de los casos) del dictamen emitido por uno de los once abogados generales del citado tribunal, y que ya hace más de un mes daba la razón a Junqueras (ver aquí). Como se la daban, en lo que se refiere al atropello de sus derechos políticos, tres magistrados del Tribunal Constitucional que hace unos días emitían un voto particular en el que defienden que mantener en prisión al líder de ERC cuando optaba como candidato a las elecciones autonómicas ya violó también sus “derechos de representación política” (ver aquí).

4.- Resulta vergonzante que un tribunal europeo, o miembros del propio Tribunal Constitucional español, se vean en la obligación de explicar a todo un Tribunal Supremo lo que significa la democracia representativa y el equilibrio de poderes, y las exigencias formales y administrativas que el respeto a ese equilibrio conlleva. La democracia no admite atajos. Para nadie. El independentismo desbordó la legalidad el 6 y el 7 de septiembre de 2017 cuando impuso en el Parlament la aprobación de leyes que desobedecían expresamente al TC. Los magistrados del Supremo, apoyados en la Fiscalía y en la acusación particular de Vox, han ignorado el derecho fundamental de representación política de candidatos electos, prolongando la prisión provisional hasta extremos difícilmente comprensibles.

5.- El origen de este mazazo al prestigio (por otra parte muy labrado) de la Justicia española en Europa hay que buscarlo en la decisión de los Gobiernos del PP de convertir el problema político y constitucional más grave desde 1978 en una cuestión exclusivamente judicial y concretamente penal, lo que condujo a una causa criminal puesta negro sobre blanco por el difunto fiscal general José Manuel Maza. Negar la realidad de un “conflicto político”, y utilizarlo además con objetivos electoralistas como durante años han hecho el PP y Ciudadanos, ha conducido por una parte al surgimiento de un nacionalpopulismo de extrema derecha y por otra a un laberinto judicial que este jueves ha cosechado en Europa un varapalo que muy probablemente no será el último.

6.- El hecho de que la decisión del TJUE fuera más o menos previsible podría hacernos pensar que no debería ser obstáculo en el diálogo iniciado entre el PSOE y ERC para lograr la investidura de Pedro Sánchez y para abrir vías políticas de entendimiento sobre la llamada cuestión catalana. Que los efectos de este fallo tendrían que estar poco menos que “descontados” por los equipos negociadores. Pero no nos cansamos de repetir que vivimos tiempos veloces, cargados de ruido y de furia, en los que nada en política puede descartarse al cien por cien y muy pocas miradas atienden al medio o el largo plazo. Desde ERC, ya soliviantados en días anteriores por algunos pronunciamientos poco afortunados desde el Gobierno (ver aquí), han reaccionado exigiendo la libertad inmediata de Junqueras como condición imprescindible para seguir hablando (ver aquí). La euforia nada disimulada de Puigdemont, verdadero y gran beneficiado de esta sentencia, condiciona ahora la posición de los republicanos, que este mismo fin de semana afrontan un congreso en el que sus cuadros y bases no estarán en la mejor predisposición para brindar apoyo a Sánchez sin condiciones que frenen el nuevo galope de su directo competidor en el espacio independentista.

7.- No sólo es vergonzosa sino muy preocupante la reacción desatada en la derecha política y mediática tras el fallo del TJUE. Que Vox ejerza su conocido nacionalpopulismo, claramente antieuropeísta y homologable al de otros grupos de ultraderecha (especialmente de países del Este) no puede sorprendernos. Lo grave es que líderes del PP y Ciudadanos lancen la proclama de que hay que "defender a la justicia española”, en palabras de Teodoro García Egea, por ejemplo (ver aquí). Si no entienden y asumen que la justicia europea es española y viceversa es que no han entendido nada sobre la construcción europea y, lo que es todavía más grave, sobre el respeto al funcionamiento democrático y a los compromisos de España con la comunidad internacional y concretamente por su adhesión a la UE. Si Pablo Casado sigue deslizándose a posiciones más propias de esas democracias iliberales que pretenden aprovechar el Brexit para poner en solfa el proyecto europeo hará un daño quizás irreversible a su propio partido y a su país.

Si ya sobraban motivos para llamar a la templanza y afrontar con inteligencia los múltiples obstáculos que desde ámbitos políticos, empresariales y mediáticos se lanzan contra la posibilidad de un gobierno progresista en España, el fallo (previsible) de Luxemburgo no debería convertirse en la puntilla de esa firme posibilidad, por otra parte la única que está dispuesta a abordar por vías políticas la crisis constitucional abierta desde Cataluña. No deben olvidar esa realidad los propios independentistas, por mucho que en sus filas más radicales haya quienes intentarán utilizar la pifia del Supremo para identificar aún más a Cataluña con Escocia. Tras el Brexit, el nacionalismo escocés se proclama más europeísta que los partidos estatales del Reino Unido, para alegría obviamente de todos los euroescépticos. De aquellos siempre dispuestos a encontrar atajos, por arriesgados o injustos que sean.