Vaya por delante para que no haya dudas: si yo fuera Isabel Díaz Ayuso y hubiera tenido que elegir entre aceptar la donación del piso familiar o dejar en la calle a mis padres, desahuciados por las deudas empresariales acumuladas, probablemente estaría dispuesto a asumir la responsabilidad incluso del posible delito de alzamiento de bienes que esa acción llevaría aparejado. Es humanamente comprensible. Lo que también puedo asegurar es que no se me pasaría por la cabeza aspirar después a presidir la Comunidad de Madrid siendo consciente de las irregularidades cometidas. Es políticamente impresentable. Me explico:
- El 7 de octubre de 2011, Isabel Díaz Ayuso, actual candidata del PP a la presidencia de Madrid, aceptó la donación de una vivienda en el barrio madrileño de Chamberí propiedad de sus padres, que acumulaban importantes deudas (ver aquí).
- Con esa operación, se evitó que ese inmueble fuera embargado por los acreedores, que a día de hoy siguen sin cobrar mientras Díaz Ayuso mantiene la propiedad de la casa.
- El Código Penal, en su artículo 257, califica como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que el deudor practica con el objetivo de impedir que el acreedor cobre su deuda. Es autor de ese delito quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores, pero también delinque como “cooperador necesario” quien lo adquiere a sabiendas del propósito de tal operación. El alzamiento de bienes está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años (ver aquí).
- Como ha documentado mi compañero Manuel Rico, dos días antes de la citada donación el padre de Díaz Ayuso dimitió como administrador de sus empresas, hecho improbablamente casual que refuerza las sólidas sospechas de que se habría cometido un clamoroso alzamiento de bienes, según notarios y abogados consultados por infoLibre (ver aquí).
- Entre los sufridores de la deuda impagada figuramos usted y yo, contribuyentes al fisco en Madrid, puesto que uno de los acreedores del grupo empresarial de los progenitores de Díaz Ayuso y sus socios es Avalmadrid, sociedad semipública que unos meses antes de la sospechosa donación había otorgado un crédito de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, empresa clave de un entramado dedicado fundamentalmente al negocio de vender instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos a hospitales.
- Como ocurre de forma pertinaz en cualquier otro sector de la economía, esta actividad “emprendedora” depende en buena parte de los contratos públicos obtenidos (muchos de ellos sin publicidad ni concurso transparente). En el caso del grupo empresarial participado por los Díaz Ayuso, el Gobierno de Esperanza Aguirre le otorgó adjudicaciones públicas por cerca de un millón de euros entre 2008 y 2011, etapa en la que la Consejería de Sanidad estuvo encabezada por Juan José Güemes y por Javier Fernández-Lasquetty (ver aquí). El primero es uno de los ‘cerebros’ principales de la privatización de la gestión de hospitales de titularidad pública en Madrid, y el segundo ocupó puestos clave en la ‘charca de ranas’ aguirrista, hasta ser rescatado (y ascendido) hace unos meses por Pablo Casado como su Jefe de Gabinete, es decir el Iván Redondo del PP.
- Consultada Isabel Díaz Ayuso por infoLibre para recabar su versión, insiste a través de sus portavoces en sostener que “siempre ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”. Lo cual equivale a que uno pregunte “¿de dónde vienes?” y te respondan “manzanas traigo”. Porque la donación de una vivienda concreta en uno de los barrios más caros de Madrid para esquivar el pago a los acreedores afecta directa y personalmente a quien recibe esa donación, que es la candidata a la presidencia de la comunidad, al margen de todo el operativo empresarial de sus padres y otros socios endeudados. Los hechos no varían por mucho que se utilicen medios 'amigos' para difundir historias tan respetables como lacrimógenas de carácter familiar.
- Si Ayuso quiere hacer carrera política y tiene el más mínimo respeto a sus electores (y a todos los contribuyentes) haría bien en dar la cara, reconocer sus actos y asumir las consecuencias (que hasta podrían haber prescrito en el plano judicial). Y si es inocente sobre cualquier tipo de irregularidad, debería ser la primera interesada en aclarar estas imputaciones.
- ¿Y el Gobierno en funciones de la comunidad madrileña, regida por el PP desde 1995? ¿No tiene nada que decir ni hacer? Su obligación sería no sólo aportar toda la información solicitada por la oposición, los medios y cualquier ciudadano contribuyente, sino instar judicialmente la anulación de ese contrato de donación, con el fin de recuperar todo el dinero público presuntamente mal gestionado por Avalmadrid.
- El grupo Más Madrid ha solicitado (ver aquí) un pleno extraordinario de la Asamblea para el día 4 de julio con el fin de aclarar las oscuras operaciones de la citada entidad semipública, y también el PSOE y Podemos han presentado iniciativas parlamentarias exigiendo explicaciones y la asunción de las responsabilidades que procedan.
Ayuso se benefició de la donación de un segundo inmueble en Madrid en otra operación sospechosa de alzamiento de bienes
- Todo indica que los interpelados intentarán seguir aplicando la receta de la opacidad y de la impunidad. El PP se encastilla porque el asunto afecta a una de las principales apuestas personales del presidente del partido, Pablo Casado, y Ciudadanos, supuesto adalid de la “regeneración”, mira para otro lado, como si el ruido provocado por el ultimátum de Vox en la comunidad de Madrid permitiera hacer oídos sordos a unos hechos que descalifican a la candidata Díaz Ayuso como nueva presidenta.
Algún día, cuando miremos hacia atrás para examinar este periodo que supone un cambio de época en lo político y en lo social, nos sorprenderemos de la ceguera y la banalidad que caracterizan la gestión política (y mediática) de esta compleja realidad. No debería costarnos ya cinco minutos de discusión la certeza de que una sospecha documentada de la comisión de un delito inhabilita a cualquiera para un cargo público. Pero no: ahí seguimos, a vueltas con la declaracionitis y la intoxicación permanente sobre 'las investiduras'.
Vaya por delante para que no haya dudas: si yo fuera Isabel Díaz Ayuso y hubiera tenido que elegir entre aceptar la donación del piso familiar o dejar en la calle a mis padres, desahuciados por las deudas empresariales acumuladas, probablemente estaría dispuesto a asumir la responsabilidad incluso del posible delito de alzamiento de bienes que esa acción llevaría aparejado. Es humanamente comprensible. Lo que también puedo asegurar es que no se me pasaría por la cabeza aspirar después a presidir la Comunidad de Madrid siendo consciente de las irregularidades cometidas. Es políticamente impresentable. Me explico: