El presidente del Gobierno se ha comprometido a presentar la próxima semana un paquete de iniciativas para la “regeneración democrática”, empezando por medidas que contribuyan a la defensa del derecho a la información (que es de los ciudadanos, no de los periodistas ni de ningún poder económico o político) y a distinguir la llamada “máquina del fango” del periodismo digno y fiable (tenga la línea editorial que tenga). Es positivo y necesario que se haya abierto ese debate, como lo es el de los casos clamorosos de politización de la justicia (llámalo lawfare). Resulta llamativo el estado de nervios en el que andan un montón de medios o pseudomedios e ilustres predicadores que se lanzan cada mañana desde emisoras de radio y televisión o digitales a denunciar el supuesto “ataque a la libertad de expresión” que se avecina.
A ver si me explico (o al menos lo intento).
- Lo que va a hacer el Gobierno (hasta donde sabemos) es aplicar el Reglamento sobre Libertad de Prensa aprobado recientemente por el Parlamento Europeo (ver aquí). Es de obligado cumplimiento. Exige a los medios de información que pretendan definirse como tales ser transparentes respecto a su accionariado y sus ingresos. ¿Consideran estos valientes guerreros que es un ataque a su libertad la obligación de contarnos quiénes son sus dueños y cuál es el origen de sus ingresos? En infoLibre venimos ejerciendo una transparencia absoluta sobre accionariado, ingresos, gastos, sueldos, deudas, derechos de los becarios… desde el primer minuto de nuestra existencia (ver aquí). Me parece insultante que alguien argumente que cumplir lo que desde los medios exigimos (con razón) a las instituciones sea un ataque a la libertad de prensa o una amenaza a la libertad de expresión.
- Cada vez que escucho la cantinela de que “la mejor ley es la que no existe” me entran picores de corazón y cabeza (por no hablar del bolsillo). Ese mantra neoliberal debería producir sonrojo después de lo comprobado con la megacrisis de 2008 y, sobre todo, con la pandemia. Por supuesto que hacen falta regulaciones, leyes que amparen los derechos de la ciudadanía ante la voracidad de especuladores, oligopolios y rentistas, siempre dispuestos a engordar sus beneficios y a recurrir al Estado —eso sí— cuando sus negocios piramidales revientan.
- Creo tan necesaria cierta regulación para luchar contra la desinformación y los bulos como una autorregulación de los medios que sirva para señalar y avergonzar a quienes incumplen permanentemente los códigos de un periodismo decente y fiable. Hay varias fórmulas posibles para crear un Consejo de la Información (o como diablos se quiera llamar) que regule de forma independiente un servicio público como es el ejercicio del periodismo (ver aquí).
- Y claro que es posible establecer criterios objetivos a la hora de regular la percepción de dinero público que vayan más allá del volumen de audiencia de cada cual: la caja de todos no puede contribuir a la ‘guerra del clic’, en la que se prima el sensacionalismo, el periodismo-espectáculo o el simple bulo para captar lectores. El propio Reglamento europeo ya establece algunos criterios: quien incumpla la transparencia exigida no debe recibir un euro público. Pero además sería perfectamente democrático exigir a cualquier medio digno de tal nombre que tenga una plantilla, una sede física, unos responsables jurídicos, el cumplimiento de la legislación fiscal o laboral o del derecho de rectificación. Y pregunto: ¿debe recibir dinero público una cabecera condenada reiteradamente por incumplir su obligación de veracidad? ¿O un medio cuyos contenidos se elaboren en más de un 50%, por ejemplo, por Inteligencia Artificial?
Desde 'infoLibre' nos conformamos con seguir sembrando entre las generaciones más jóvenes la necesidad democrática de un periodismo fiable, para tomar decisiones desde el conocimiento, y no desde el sectarismo
- Hace bien el Gobierno de coalición en plantear medidas que contribuyan al menos a distinguir lo que es periodismo como servicio público imprescindible en una democracia de lo que son negocios de comunicación perfectamente legales, pero cuya prioridad no es informar con un compromiso de veracidad, sino otros intereses económicos, propagandísticos o de puro entretenimiento. Y en cualquier caso, la propia ciudadanía tiene también una responsabilidad a la hora de ejercer ese derecho constitucional a la información. Si en su sucursal bancaria le engañan una o dos veces, usted cambia de banco y/o denuncia al cajero. Si usted sigue confiando en un medio o un periodista que claramente le ha engañado y no ha rectificado cuando ha cometido un error, también es responsabilidad suya. No todos los medios hemos publicados las falsedades de la guerra sucia política y judicial contra Podemos y sus dirigentes, sino que las hemos denunciado siempre. No todos los medios dieron verosimilitud a las teorías conspiranoicas sobre los atentados del 11M, y sin embargo los que sí las publicaron e hicieron negocio con ellas jamás han rectificado. Y se permiten seguir dando lecciones y advertir ahora que se avecina no sé qué atropello a la libertad de expresión.
Ya basta de hipocresías. Los principales responsables del descrédito del periodismo somos los propios medios y periodistas cuando permitimos que todos los comportamientos se metan en la misma coctelera. Como si esto fuera un juego en el que todos participamos: hoy por ti, mañana por mí. Ni tampoco aceptamos que esto sea un choque infinito entre derecha e izquierda, entre los ultras y los zurdos. No presumimos aquí de estar libres de toda mancha, pero nos negamos a que se nos confunda como si todos chapoteáramos en el fango. Ábrase el debate y desnúdense los condicionamientos de cada cual. Y dejen de gritar que “¡esto es una dictadura!”, porque resulta ridículo en un país que sufrió 38 años de franquismo, sobre todo cuando los mismos que gritan ese despropósito no publican, por ejemplo, un solo dato de los que se van documentando sobre la policía política de la etapa Rajoy (ver aquí).
P.D. Este jueves hemos celebrado la entrega de los primeros Premios Jóvenes infoLibre (ver aquí), con el objetivo de reconocer méritos de las nuevas generaciones en ámbitos como la cultura, la igualdad, la innovación o el compromiso social. Ha sido una experiencia gozosa, porque permite confirmar una obviedad: estamos cargados de mitos y tópicos respecto a la juventud (ver aquí). Bienvenido sea, aunque no debería hacernos falta, el descubrimiento de que España es un país plural y diverso en el que Lamine Yamal es un verdadero héroe, y que la realidad está muy alejada del patrioterismo casposo que ahora simula ser bandera de la rebeldía. Desde infoLibre nos conformamos con seguir sembrando entre las generaciones más jóvenes la necesidad democrática de un periodismo fiable, para tomar decisiones desde el conocimiento, y no desde el sectarismo.
El presidente del Gobierno se ha comprometido a presentar la próxima semana un paquete de iniciativas para la “regeneración democrática”, empezando por medidas que contribuyan a la defensa del derecho a la información (que es de los ciudadanos, no de los periodistas ni de ningún poder económico o político) y a distinguir la llamada “máquina del fango” del periodismo digno y fiable (tenga la línea editorial que tenga). Es positivo y necesario que se haya abierto ese debate, como lo es el de los casos clamorosos de politización de la justicia (llámalo lawfare). Resulta llamativo el estado de nervios en el que andan un montón de medios o pseudomedios e ilustres predicadores que se lanzan cada mañana desde emisoras de radio y televisión o digitales a denunciar el supuesto “ataque a la libertad de expresión” que se avecina.