Conceptos básicos: "jurista", "reconocido", "prestigio".
Sin acritud: ¿Es o no “jurista” un o una licenciada en Derecho con cuatro décadas de experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social? ¿Qué significa “reconocido”: por quién o quiénes, por qué porcentaje, sector o sectores de la población? ¿Se puede tener “prestigio” sin que este sea “reconocido”? ¿Se puede ser “prestigioso” sin haber salido de casa, sin ser “reconocido”? ¿Quién y cómo decide si la trayectoria de un o una jurista merece ese reconocimiento y prestigio? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido que Magdalena Valerio Cordero, licenciada en Derecho, profesora, exministra de Trabajo, ex presidenta de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, ex consejera autonómica de distintas áreas, casi cuatro décadas dedicada al servicio público (incluso resistiendo una durísima enfermedad sin abandonar sus responsabilidades)… no es acreedora del “reconocido prestigio” exigible para el cargo de presidenta del Consejo de Estado. Queda anulado su nombramiento, como solicitaba en su demanda la fundación Hay Derecho.
Esta decisión (sin precedentes) coincide en el tiempo con otras decisiones que tampoco tienen precedente en las cuatro décadas largas de democracia: un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace ¡cinco años! que considera “no idóneo” al Fiscal General nombrado por el Gobierno (ver aquí); un juez de la Audiencia Nacional que, después de cuatro años de dilaciones, acusa ¡de terrorismo! (contra el criterio de la fiscalía) a Puigdemont y a otros encausados como responsables de disturbios violentos en el aeropuerto barcelonés (ver aquí); 800 jueces que se plantan con sus togas a las puertas de sus juzgados para manifestarse contra la Ley de amnistía pendiente de tramitarse en el Congreso (ver aquí)… Y todo ello ocurre mientras las derechas intentan convencer al resto de Europa de que en España se ha quebrado el Estado de derecho y está a punto de naufragar la democracia (ver aquí). Lo milagroso es que suban las bolsas, funcionen los trenes, los empleados cobren sus nóminas y los parados y pensionistas sus pagas. Poco nos pasa.
Cualquier interferencia o injerencia desde el Poder Judicial en decisiones del Ejecutivo o el Legislativo es exactamente eso que se denuncia: una violación de la separación de poderes
Es imposible no unir la línea de puntos y, por tanto, no concluir que desde el ámbito judicial se están sumando acciones que pretenden frenar la aprobación y ejecución de la Proposición de ley de amnistía imprescindible para el acuerdo que permite sostener un gobierno de coalición PSOE-Sumar que ha evitado la repetición de elecciones y la posibilidad de un ejecutivo PP-Vox. Y debería ser obvio cuando escuchamos cada media hora reivindicar la “separación de poderes” que este concepto, básico en democracia, exige un respeto inmaculado en la doble dirección. Más claro: cualquier interferencia o injerencia desde el Poder Judicial en decisiones del Ejecutivo o el Legislativo es exactamente eso que se denuncia: una violación de la separación de poderes.
Reconozco que lo primero que se me vino a la mente cuando leí el fallo del Supremo que tumba el nombramiento de Magdalena Valerio fue la imagen de Enrique Arnaldo, miembro del Tribunal Constitucional cuya trayectoria, biografía y contratos ligados a las esferas más corruptas del PP no le impidieron en su día superar ese listón de “jurista de reconocido prestigio” (ver aquí). Lástima que la Fundación Hay Derecho no haya dedicado tiempo y recursos a la denuncia de perfiles cuyo “desprestigio” es amplísimamente “reconocido”, y contamina aún más el ya deteriorado crédito de altas instituciones del Estado.
El fallo sobre Magdalena Valerio resulta tan sorprendente como preocupante por algunas otras razones. ¿Acaso la mencionada sala del Supremo considera que el prestigio jurídico sólo puede adquirirse en tribunales y bufetes? ¿Es imposible alcanzar “reconocido prestigio” si alguien dedica su carrera a la actividad funcionarial, por ejemplo en la Seguridad Social, o a las políticas de inclusión? ¿Ese ámbito del servicio público tiene acaso menos mérito que el de togados que dictan sentencias o el de letrados que (como el señor Arnaldo) compaginaron su condición de funcionarios con cargos en empresas que obtenían contratos públicos? (Ver aquí).
Resulta casi obsceno ese derroche de energía por parte de una fundación y de una sala del Supremo cuando en este país hemos tolerado sin grandes aspavientos a un presidente del Tribunal Constitucional que directamente militaba en el PP (ver aquí) o incluso a un presidente (por dos veces) del Consejo de Estado que era la mano derecha e izquierda primero de Manuel Fraga, después de José María Aznar y susurraba al oído de Mariano Rajoy. Pero oiga, ni un solo reproche al “requeterreconocido prestigio” del entonces todopoderoso José Manuel Romay Beccaría.
Podríamos continuar aportando nombres, perfiles, biografías y “desprestigios”. Pero eso sería poner en práctica la técnica del ventilador que tanto daño viene haciendo a una democracia que no corre tanto peligro por el separatismo (constitucionalmente legítimo) como por la decisión de algunas élites de ejercer de salvapatrias al tiempo que protegen los intereses de ese selecto club del “reconocido prestigio”. Lo más grave es que no parezca importarles que siga creciendo la brecha de desconfianza entre ciudadanía e instituciones democráticas clave. Cualquier día alguien propondrá el fichaje de un “verificador”. (Lo sé, no tiene ninguna gracia).
Conceptos básicos: "jurista", "reconocido", "prestigio".