¿Cuánto gana Núñez Feijóo?

La pregunta que encabeza estas líneas no es un capricho personal ni obedece al morbo ni invade la intimidad del presidente del PP y principal alternativa para la presidencia del Gobierno. De hecho no debería hacer falta ni formularla. Pero como el dato es desconocido, nuestro compañero Fernando Varela la ha trasladado a la sede de Génova, y la respuesta consiste en que no hay respuesta (ver aquí). Considera la dirección del Partido Popular que no tiene obligación de hacer público el sueldo que paga a su presidente, al menos hasta que Feijóo se vea obligado a incluir el dato en su próxima declaración de ingresos como senador.

No debería hacer falta tampoco recordar que más del 80% de los ingresos del PP (como del resto de los principales partidos) proceden de las subvenciones públicas, es decir, del dinero de los contribuyentes. En las últimas cuentas publicadas por el propio PP, correspondientes a 2021 (ver aquí, pág. 14), se recoge que recibió más de 30 millones de euros de las arcas públicas y algo más de 6 millones de origen privado. Las cuotas de afiliados suman sólo 3,3 millones.

No debería por tanto hacer ninguna falta explicar que la ciudadanía tiene todo el derecho a saber a qué se destina hasta el último euro de su dinero, lo cual incluye conocer el sueldo que un partido paga a su líder, un ingreso complementario al que percibe por sus funciones parlamentarias, en este caso como senador. Nunca hemos caído en infoLibre en la demagogia antipolítica de quienes demonizan y califican de derroche cualquier gasto de las instituciones del Estado y de los políticos que las representan. Son precisamente las formaciones más reaccionarias y ultraliberales las que abonan permanentemente el mantra de que hay que adelgazar todo lo público: “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes”, claman un día sí y otro también dirigentes del PP, de Vox o de Ciudadanos cuando argumentan bajadas de impuestos con o sin inflación, con o sin crisis energética, con o sin dificultades de endeudamiento. Un discurso muy peligroso para el sostenimiento del Estado del bienestar y de una democracia sólida. 

Hemos defendido reiteradamente que el ejercicio de la política, o si se quiere del servicio público temporal, debe estar mejor remunerado de lo que en España está. Eso sí, quien se dedique a él debe asumir una obligación de transparencia total en lo que se refiere a la gestión del dinero de todos, empezando por su propio sueldo o sus intereses empresariales o de inversión.

Así que no, no debería hacer falta explicar que cuando desde infoLibre preguntamos quién y cuánto paga por el alquiler del chalé en el que Núñez Feijóo ha decidido vivir en una de las zonas más caras de Madrid y de España no es por deporte ni por ganas de enredar. Es que los contribuyentes tienen/tenemos todo el derecho a saberlo. ¿Vivir en El Viso impide a Feijóo proclamar que defiende los intereses de “las clases medias”? Pues no, del mismo modo que resulta patético el discurso de las derechas políticas y mediáticas que consideran incompatible defender la igualdad o ser progresista si uno no vive debajo de un puente o duerme en un colchón a las puertas de una sucursal bancaria. 

Se empieza por bloquear la renovación de los órganos constitucionales y se termina ignorando el código de circulación, convencido de que uno sigue viviendo en el país del “¡usted no sabe con quién está hablando!”

Pero es una de esas rarezas que hay que seguir soportando en España. ¿Cómo no va a ser importante conocer los intereses accionariales de un político respecto a la banca o las grandes empresas energéticas o eléctricas? En cualquier democracia avanzada se trataría de una clamorosa obviedad: si usted plantea una estrategia política que defiende las ganancias de un determinado sector económico, tendrá que explicar si está o no condicionado por sus propios intereses personales. Aparte de las incompatibilidades reguladas de forma legal, serán los ciudadanos quienes podrán valorar, a la vista de todos los datos, si confían o no en que un político tenga como prioridad la defensa de la comunidad, de un colectivo concreto o de su patrimonio o cuenta bancaria.

Algún día, ojalá no sea demasiado tarde, habrá una conciencia colectiva sobre el daño que hacen a la democracia quienes demuestran un profundo desprecio por los controles de calidad de la misma, por la transparencia obligada en la gestión de la caja común o por la función vigilante de una prensa independiente. Pero claro: se empieza por bloquear la renovación de los órganos constitucionales y se termina ignorando hasta el código de circulación, convencido de que uno sigue viviendo en el país del “¡usted no sabe con quién está hablando!”.