El verdadero máster

En la (improbable) hipótesis de que finalmente se produzca la reunión que Cristina Cifuentes exige con Mariano Rajoy en persona antes de renunciar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, uno daría lo que no tiene por escuchar detrás de una cortina, o bien por la vía de micro y florero con la que tanto disfrutaba el exministro Fernández Díaz. Cabe imaginar más o menos un escueto diálogo:

–M. Rajoy: Cristina, ya sabes que te he apoyado todo lo que he podido, y que me he negado a actuar con la cabeza caliente, pero… ya sabes que lo primero es el partido, y no podemos perder Madrid… y el lenguaraz este de Rivera es capaz… En fin, yo creo que deberías plantearte dar un paso…

–C. Cifuentes: Pero Mariano, tú mismo has dicho que ya he dado todas las explicaciones, y que es la Universidad la que… y además, si Maíllo no anduviera… ¿O es que no te acuerdas de lo que yo he hecho para cargarnos a Espe y a toda la tropa…?

–M. R.:  Ya, Cristina, pero entiende la presión… Has quedado muy tocada… al decir que tenías el máster y después que no aparezca… yo creo que es oportuno y conveniente…

–C. C.: ¿Me estás diciendo que tengo que irme por haber mentido? ¿De verdad? Espera un momento, que me descojono…

(Perdón por el vocabulario, pero cualquiera que conozca a Cifuentes sabe que no ahorra tacos, como tampoco lo hace su predecesora e íntima adversaria Aguirre, tan aficionada a justificar cualquier patinazo con su célebre sentencia: “A cojón visto, macho seguro”).

A estas alturas del escándalo del máster desvelado por eldiario.es todo el mundo se pregunta cómo es posible que el asunto haya llegado hasta aquí, por qué no dimitió la afectada al día siguiente del estallido, incluso por qué no optó por asumir el disparate, renunciar al falso título, pedir disculpas a la ciudadanía y ponerse en manos del partido y de su socio de gobierno. Habría sido menos ofensivo aparecer como culpable y arrepentida en lugar de mentirosa y reincidente.

Todo lo cual no quitaría razón a Cristina Cifuentes para colocarse en jarras ante Rajoy con el sólido argumento citado: "¿Tú me vas a decir a mí que debo retirarme de la política por mentir?" Por la vía más insospechada, la de esa obsesión por la apariencia y la titulitis, ha estallado en el PP esa bomba de efecto retardado que significa tener al frente del partido y del Gobierno a alguien que jamás ha asumido su responsabilidad por mentir sobre la Gürtel, los sobresueldos, su relación con Luis Bárcenas, etcétera, etcétera. Al final alguien le soltará el mismo refrán que el propio Rajoy dedicó en la tarde del viernes a los grupos de la oposición: “consejos vendo que para mí no tengo”.

Lo que asoma detrás y al fondo del caso Cifuentes tiene mucho más calado que el ya de por sí indecente conchabeo entre un catedrático de universidad y una dirigente política a la que regala un título que no merece. El verdadero máster es el que desde hace décadas ha cursado el Partido Popular en el ejercicio del poder, como si todo lo público le perteneciera por derechos adquiridos, lo mismo da que se trate de una caja de ahorros que de una televisión, un gran hospital o una universidad. Lo aprendido y practicado por muchos dirigentes ‘populares’ es ese concepto patrimonialista de lo público, reconvertido en coto particular, en una especie de cortijo en el que funcionan como señoritos que, una vez elegidos por las urnas, no sólo mandan sino que disponen de haciendas, títulos y personas. Siempre, por supuesto, priorizando el interés de amigos, parientes, compañeros de pupitre, sagaces empresarios… sin excluir los favores a algún falso izquierdista que ocupe la cuota suficiente para aparentar pluralidad. Es la fórmula de Cajamadrid bajo el mandato del difunto Miguel Blesa, aplicada de forma clónica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Los tribunales establecerán la verdad judicial, en la que deberán aparecer, como mínimo, los responsables de delitos de falsedad documental, y más le vale a la propia URJC ser ella la que limpie de sus campus todas aquellas “manzanas podridas” que han causado un daño irreparable a la imagen de la universidad. Me temo que se pueden llenar varios cestos, y que si de verdad hubiera disposición a levantar las alfombras habría que revisar a fondo los rectorados de Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Tribunal Constitucional propuesto y venerado por el PP) y de su sucesor Fernando Suárez, especialista en plagios al por mayor, sin disimulos ni intertextualidades.

Que nadie se despiste en el puro morbo de avergonzar a quienes han engordado su currículum con títulos que no tenían. Esa vanidosa trampa no es exclusiva de la política (también hay periodistas e ilustres analistas e intelectuales que comparten el pecado). Porque el verdadero motor de ese Instituto de Derecho Público (IDP) dirigido por el ínclito Enrique Álvarez Conde era el habitual en esa “charca de ranas” en la que convirtieron la comunidad de Madrid desde el Tamayazo hasta anteayer: los negocios particulares al amparo o a costa de los recursos públicos. ¡Estas sí que son élites extractivas! No hay más que pinchar en este enlace y comprobar que a ese mismo máster fantasma de Cifuentes envió el Gobierno de Aguirre a unos cuantos funcionarios pagándoles 1.500 de los 1.800 euros que costaba la matrícula. O pinchar en este otro para observar que durante años ese instituto de la URJC fue el beneficiario exclusivo de todos los contratos de la Comunidad con universidades públicas (hay seis en Madrid).

Ojalá el caso Cifuentes sea un nuevo empujón regenerador que sirva para que a ningún político se le ocurra ya inventarse un título ni a ningún catedrático (estatus no incompatible con el de presunto delincuente) hacer negocio con un máster bajo el paraguas de una universidad pública. Pero sobre todo debería servir para tomar conciencia del verdadero postgrado en el que parecen haberse especializado quienes presumen de liberales y se dedican desde el poder a facilitar el desprestigio y el desmantelamiento de lo público, sin desperdiciar, eso sí, los recursos de todos a la hora de llenar bolsillos privados o maquear biografías.

Si además resulta que en España empieza a pasar factura inmediata la mentira de un político, significará que pese a toda la regresión a la que asistimos en derechos y libertades hay una corriente de cambio, de exigencia ética en la sociedad civil, que no tiene marcha atrás.