Estos días parece confirmarse lo que no pocos intelectuales, expertos y activistas europeos sostienen desde hace tiempo: la calle y los tribunales son las únicas trincheras que pueden frenar el gigantesco trasvase de recursos públicos a manos privadas que esconde la política de austeridad impuesta como única salida de la crisis. Este domingo, las principales ciudades españolas vuelven a escuchar el grito de la marea blanca en defensa de la sanidad pública, al tiempo que un juez pone en marcha (por fin) una investigación penal sobre los delitos que presuntamente se habrían cometido en el proceso de privatización de hospitales en Madrid.
Se estrenó infoLibre el pasado 7 de marzo con una investigación sobre los dueños de Capio, el grupo empresarial más beneficiado con la privatización sanitaria. La opacidad con la que funciona sólo había permitido hasta entonces conocer que el entramado de sociedades propietarias de Capio perdía su rastro en Luxemburgo. Sin embargo, aquellas pesquisas desvelaron que los verdaderos accionistas, personas físicas y jurídicas, protegían su identidad a través de sociedades ubicadas en las islas Caimán. Pese a reconocer que el 75% de sus ingresos procede del dinero público, la empresa considera su composición accionarial como "información reservada". Después de la investigación de infoLibre, el Grupo Capio Sanidad ha pasado a denominarse IDC Salud, por exigencias de la multinacional sueca originalmente propietaria del emporio.
La querella criminal
El 29 de mayo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) presentó una querella criminal en la que acusa a Capio /IDC Salud, entre otras empresas, así como a dos exconsejeros de Sanidad de la comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, de ocho delitos, entre ellos falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Todos relacionados con presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de lo que los Gobiernos de Esperanza Aguirre y su delfín y sucesor, Ignacio González, denominan "externalización sanitaria", eufemismo bajo el que se concedieron las primeras licencias para la explotación público-privada de hospitales en la comunidad madrileña. Este viernes, el juez Marcelino Sexmero, titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, ha admitido a trámite la querella de la AFEM. Llama a declarar como imputados, entre otros responsables, a los dos exconsejeros citados. Pero, además, ordena diligencias detalladas para intentar romper la opacidad de ese proceso de privatización. Por ejemplo, solicita al Registro Mercantil de Madrid la certificación de los domicilios de accionistas y socios de Capio, y dirige una Comisión Rogatoria Internacional para conocer la identidad de accionistas, socios, administradores y apoderados que se ocultan bajo las siglas de los fondos supuestamente propietarios de la compañía.
La decisión judicial pondrá además a examen los datos de facturación de los hospitales privatizados por Aguirre y los de las empresas gestoras, con el fin de aclarar si ese proceso ha supuesto un ahorro o un atraco a las arcas públicas. La llamada "externalización" ha permitido también el uso de esa "puerta giratoria" que facilita salidas profesionales muy bien retribuidas a los mismos políticos que desde su cargo público toman decisiones que benefician a empresas que posteriormente los contratan.
Gasolina a la hoguera
La reacción de la Comunidad de Madrid consiste en echar gasolina a la hoguera. Su actual consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, considera la querella "una maniobra política del PSOE y de su sindicato AFEM". Lleva tiempo lanzando infundios sobre una asociación profesional formada por médicos especialistas que han escotado para pagar tanto a abogados que preparasen esta querella como para ayudar al personal más perjudicado por las huelgas convocadas en defensa de la sanidad pública. Entre esos facultativos hay bastantes que se proclaman votantes del PP, espantados ahora con el desmantelamiento del sistema sanitario. Para Lasquetty, la investigación judicial es un "mero trámite".
La displicencia de Lasquetty responde a esa sensación de absoluta impunidad que ha caracterizado una forma de gobernar y un empeño en deteriorar la gestión pública para alentar negocios privados. El tiempo dirá si el juez se limita a ejecutar "un trámite" o si consigue poner luz sobre la sospechosa oscuridad de la privatización. Es la obligación de los tribunales, como debería ser la de cualquier medio que practique un periodismo independiente. Resulta llamativa la resistencia a citar en las informaciones sobre este asunto a empresas de la sanidad y a sus propietarios.
Los impulsores de la "externalización" venían confiando en que la marea blanca iría difuminándose con el tiempo, por cansancio y por resignación. Este domingo vuelve a las calles, quizás con la esperanza de que algún juez podría demostrar lo que las pancartas vienen denunciando.
Estos días parece confirmarse lo que no pocos intelectuales, expertos y activistas europeos sostienen desde hace tiempo: la calle y los tribunales son las únicas trincheras que pueden frenar el gigantesco trasvase de recursos públicos a manos privadas que esconde la política de austeridad impuesta como única salida de la crisis. Este domingo, las principales ciudades españolas vuelven a escuchar el grito de la marea blanca en defensa de la sanidad pública, al tiempo que un juez pone en marcha (por fin) una investigación penal sobre los delitos que presuntamente se habrían cometido en el proceso de privatización de hospitales en Madrid.