Supongamos, como parece verosímil, que la aplicación del artículo 155 sigue adelante, lo que en la práctica significa que se suspende la autonomía catalana durante un plazo máximo de seis meses. Más allá del debate constitucional sobre si las medidas del Gobierno suponen una extralimitación o son proporcionadas para el mal que se pretende evitar, hay también un debate político sobre las consecuencias que tendrá la intervención del Ejecutivo en las instituciones catalanas.
La incertidumbre es enorme, pues nunca en nuestra historia democrática la crisis territorial había llegado a un punto tan explosivo. Nadie puede anticipar con seguridad qué va a suceder a partir de ahora. Me gustaría exponer dos alternativas posibles para invitar a los lectores a que expongan sus puntos de vistas sobre cuál de ellas es más probable que acabe materializándose. Por supuesto, puede haber alternativas intermedias que también merezcan debatirse. Si me limito a las dos que presento a continuación, es porque creo que reflejan las dos posiciones más alejadas entre sí, la que cree que la aplicación del artículo 155 arreglará el problema y la que cree que lo agravará.
De acuerdo con la primera interpretación, las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo del 155 de la Constitución, aun siendo arriesgadas, no sólo están justificadas por la excepcionalidad de la situación, sino que serán decisivas para diluir el problema. Esto es así porque muchos catalanes agradecerán que se ponga punto final a la incertidumbre económica que estaba llevando a las empresas a abandonar Cataluña. Además, mostrará de forma muy clara las consecuencias que tiene para las instituciones catalanas la desobediencia constitucional. En el futuro, los políticos independentistas sabrán a qué atenerse. Es muy probable, por otra parte, que los nacionalistas moderados, aunque en público protesten, en la intimidad se sientan aliviados, ya que los independentistas se habían metido en un callejón sin salida y no han querido o no han sabido frenar. Alguien, pues, debía pararles los pies para evitar el mal mayor del choque que inevitablemente se iba a producir. Por esta mismas razones, no cabe descartar que el independentismo salga dividido de esta experiencia y, aun si las fuerzas nacionalistas catalanas obtienen una mayoría absoluta en las próximas elecciones, no lograrán poner de nuevo en marcha el proceso independentista. La situación se irá relajando, de la misma manera que se relajó en el País Vasco tras el fracaso del plan Ibarretxe. En suma, el artículo 155 servirá para que los catalanes entiendan que una ruptura unilateral es imposible o extremadamente costosa.
De acuerdo con la segunda interpretación, una medida tan extrema como la suspensión temporal de la autonomía catalana no puede sino agravar el problema. Se trata de un recurso legal de corte autoritario que confirma en la práctica el discurso independentista de que en España no hay espacio para la reforma y la negociación. El Estado central reacciona de malas maneras, sin reconocer la naturaleza política del problema subyacente: la existencia de una mayoría social abrumadora a favor de un referéndum y de un segmento muy importante de la sociedad catalana que no quiere permanecer en España. La solución represiva aumentará la desafección, persuadirá a muchos indecisos de que no hay forma de que Cataluña encaje en España y que, por tanto, la única salida es la independencia. La puesta en práctica del 155 puede producir situaciones de gran tensión social, con disturbios en la calle e incluso violencia. Cuando se celebren las próximas elecciones, habrá una mayoría aún más amplia a favor de la separación de Cataluña y se volverá a plantear el mismo conflicto, sólo que en versión agravada.
¿Qué cree usted que es más probable que suceda (y por qué motivos)? ¿Resolverá la crisis la suspensión de la autonomía o nos conducirá a un estadio superior de confrontación?
Supongamos, como parece verosímil, que la aplicación del artículo 155 sigue adelante, lo que en la práctica significa que se suspende la autonomía catalana durante un plazo máximo de seis meses. Más allá del debate constitucional sobre si las medidas del Gobierno suponen una extralimitación o son proporcionadas para el mal que se pretende evitar, hay también un debate político sobre las consecuencias que tendrá la intervención del Ejecutivo en las instituciones catalanas.