Cuenta Elsa García de Blas en el diario El País que en el PP afirman que la cúpula del partido “no es la Gestapo”. Esa fuente se refiere así a la posibilidad de que algún cargo de los populares, sin control de la dirección del partido, se viera implicado en la chusca trama de intercambio de favores que afecta al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y quizá a algunos otros diputados socialistas.
En realidad, nadie pide a las cúpulas de los partidos políticos que actúen como la policía secreta nazi, pero sí que reaccionen con contundencia cuando detectan casos de corrupción entre sus filas.
Como si hubiera sido ayer, recuerdo la inmediata reacción del nuevo secretario general del Partido Socialista, el aún poco conocido Pedro Sánchez, cuando en 2014 se abrió investigación contra algunos de sus compañeros (Virgilio Zapatero o Ignacio Varela, entre otros) por el reparto de tarjetas black en Caja Madrid y Bankia. La nueva dirección socialista adoptó una línea de “tolerancia cero” con la corrupción en una época en la que el PP estaba ya implosionando y el propio PSOE tenía que afrontar el caso de los ERE en Andalucía.
Se puede estimar más o menos al presidente del Gobierno, pero sería injusto acusarle de connivencia con la corrupción. El caso Mediador ha constatado que aquella línea marcada hace casi una década sigue vigente. En ocho horas frenéticas desde que conocieron el asunto, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Isaura Leal, se fajaron para exigir la inmediata renuncia del diputado presuntamente corrupto. No hubo la más mínima contemplación, aunque el afectado se considera y se proclama aún hoy inocente.
En realidad, nadie pide a las cúpulas de los partidos políticos que actúen como la policía secreta nazi, pero sí que reaccionen con contundencia cuando detectan casos de corrupción entre sus filas
Es obvio que el caso no permitía veleidades, porque la historia de un diputado del montón venido de Canarias para recalar en uno de los restaurantes más pijigolfos de España, apto para futbolistas y millonarios latinos de edad madura, con visitas a prostíbulos y distribución de cocaína entre los asistentes, es rotundamente inevitable para los medios de comunicación y para el público en general. Se encuentra enseguida el apodo cómico –Tito Berni–, se disparan las bromas y los chascarrillos, que se viralizan de inmediato en las redes sociales, se generan conversaciones de sobremesa entre amigos y allegados y se fijan categorías simples y falaces: los socialistas todos como puteros y corruptos.
Hasta tal punto sucede así, que el PP se ha atrevido a cuestionar la legitimidad de la presencia de los socialistas en la celebración del Día de las Mujeres, la semana que viene, vistas las supuestas fechorías del diputado Fuentes Curbelo. Además, ha solicitado una comisión de investigación en el Congreso y ha implicado directamente al mismísimo presidente Sánchez. Hace tiempo que sabemos que al PP sólo le importa Sánchez, que su objetivo es derrotar al sanchismo y que, pase lo que pase, la culpa se le endosará al presidente del Gobierno.
El caso Mediador le viene mal al PSOE a dos meses de las elecciones locales y autonómicas, aunque es probable que el asunto no dure muchos días en la agenda pública, a menos que aparezcan nuevas fotos, nuevos implicados o nuevos desarrollos. A fin de cuentas, al PP tampoco le interesa demasiado que la vida política se embarre más ahora, porque en materia de corrupción, en este momento, sale perdiendo frente a su adversario político. Deberían medir bien Feijóo y los suyos hasta qué punto les interesa poner el foco en un caso tan atractivo como limitado como lo es el de Tito Berni, provocando la reacción de los socialistas –y de sus socios de investidura– para reavivar a los cuatro vientos el caso Kitchen, el sorprendente patrimonio de la alcaldesa de Marbella, las compañías peligrosas de Feijóo o las gestiones del hermano de Díaz Ayuso. Ellos sabrán si esa es la estrategia de campaña adecuada.
Cuenta Elsa García de Blas en el diario El País que en el PP afirman que la cúpula del partido “no es la Gestapo”. Esa fuente se refiere así a la posibilidad de que algún cargo de los populares, sin control de la dirección del partido, se viera implicado en la chusca trama de intercambio de favores que afecta al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y quizá a algunos otros diputados socialistas.