La ampliación del Prat, la primera gran apuesta de Illa, reabre el debate medioambiental y turístico

Salvador Illa, el nuevo president de la Generalitat catalana, ha abierto el curso político con una propuesta que amenaza con ser explosiva: la ampliación del aeropuerto del Prat. Fue el principal titular de su primera entrevista televisada como president, el pasado lunes, después de su investidura el 8 de agosto gracias a los votos del PSC, ERC y los Comunes. Illa manifestó su intención de “desbloquear” el proyecto de ampliación, parado desde 2021 por la falta de acuerdo entre administraciones y por las protestas ciudadanas. La ampliación prevista incrementaría un 33% las emisiones contaminantes del aeropuerto, según un estudio del instituto Barcelona Regional.

El aeropuerto amenaza con convertirse en la gran batalla del nuevo curso político y en una fuente de tensiones entre Illa y sus socios de investidura: los republicanos han situado el alargamiento de la tercera pista – la opción más debatida en los últimos años – como “línea roja”, ya que afectaría al espacio protegido de La Ricarda. Por su parte, los comunes han manifestado su rechazo a cualquier incremento de la capacidad del Prat. Los socialistas catalanes tienen de su parte al ejecutivo de Pedro Sánchez, que en 2021 se vio obligado a renunciar al proyecto por las divisiones en la Generalitat (entonces gobernada por la tormentosa coalición entre ERC y Junts).

Illa ha defendido la obra – para la que el gobierno central ofreció 1.700 millones de euros – como “esencial para Cataluña y la economía catalana” y ha prometido “máximo rigor ambiental”. Sin embargo, es difícil que estas palabras tranquilicen a los colectivos ecologistas, que en septiembre de 2021 sacaron a la calle a 10.000 personas bajo el lema “menos aviones, más vida”. Eva Vilaseca, bióloga y portavoz de la Asamblea Catalana por la Transición Ecosocial (ACTE), considera una “barbaridad” retomar la ampliación, especialmente por las emisiones extra que implicaría. “Tenemos un margen de actuación muy pequeño para no pasarnos de 1,5 grados de incremento de temperatura. El margen es hasta 2030 y esta legislatura es 2024-2028. Perder esta oportunidad es extremadamente preocupante”, afirma.

A los argumentos ambientales se une la preocupación por la masificación turística. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y julio de 2024 Cataluña recibió más de 11 millones de turistas, un 10,5% más que el año pasado, superando las cifras pre-covid. Una presión que afecta especialmente a Barcelona, donde las protestas se han multiplicado este verano. Barcelona Regional calculó que la ampliación del aeropuerto traería a 10 millones de turistas más al año a la capital catalana. “Implicaría una expulsión de los habitantes de nuestras casas, de nuestros espacios, pérdida de pequeño comercio…”, alerta Vilaseca.

Los defensores de la ampliación argumentan que El Prat se está acercando al límite de su capacidad estimada, de 55 millones de pasajeros (el año pasado se superaron los 49 millones). Además, la prolongación de la pista más cercana al mar permitiría el despegue de aviones con destinos transoceánicos, de mayor tamaño. Bet Cauhé, ingeniera aeronáutica e integrante del Consejo Asesor de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, defiende la necesidad de “encontrar espacio para aviones de largo radio”, pero evoca alternativas como una reorganización del uso de las pistas, que permitiría aumentar este tipo de vuelos sin grandes obras. La contrapartida sería “más ruido en Gavà y Castelldefels, poblaciones donde gobierna el PSC.” Una línea roja para el president Illa.

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Alargar la tercera pista es la propuesta de la patronal catalana Foment del Treball, principal defensora de la ampliación, que prevé la creación de “decenas de miles” de puestos de trabajo. Se cumplan o no estas previsiones, la obra supondría un beneficio inmediato para las empresas privadas que constituyen el 49% del capital de AENA. “Cuando se hace una inversión en infraestructura, se permite incrementar la tarifa que está incluida en los billetes de avión”, explica Cauhé. Una probable subida de tasas que beneficiaría a estas empresas y a ENAIRE, el gestor que controla la parte pública de AENA, en manos de los controladores aéreos.

Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical y Transiciones Justas de CCOO Catalunya, reconoce que una obra pública generaría mucha ocupación inmediata pero se pregunta qué pasaría en el largo plazo. “Tenemos que garantizar un trabajo digno, estable y de calidad”, demanda, “la política de externalización de AENA está precarizando a los trabajadores del aeropuerto”. El sindicato no tiene una postura clara a favor o en contra de la ampliación, pero Torre insiste en la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria del Prat con los demás aeropuertos de Cataluña y reclama “diálogo social” para encontrar una solución.

Ante el argumento del eventual beneficio económico de la ampliación, Eva Vilaseca propone una alternativa: “que el nuevo gobierno haga un plan de reconversión productiva de la economía catalana a 10 años vista, con un fondo de transición ecológica del 10% del PIB. Proponemos que inviertan en infraestructura ferroviaria, que también crearía puestos de trabajo y con sentido de futuro”. La activista confía en que la movilización ciudadana detendrá el proyecto, como sucedió con los Juegos Olímpicos de Invierno planeados por el anterior gobierno de ERC. “Sigo pensando que no se hará. Es una barbaridad como los Juegos Olímpicos de Invierno. No creo que la gente esté aquí”, sentencia Vilaseca.