En el auto que suspende la moratoria de multas de Madrid Central puede leerse: "… corresponde a las Corporaciones Locales el control de las actividades susceptibles de afectar al valor del medio ambiente, y adoptar de forma eficaz las medidas necesarias y suficientes para impedir la persistencia de aquella contaminación y facilite el disfrute por las personas del derecho a un medio ambiente adecuado para desarrollo de estas, posibilitando la protección de otros valores, igualmente protegidos e interrelacionados con aquél, como son el derecho a la salud".
Es imposible evitar la pregunta: ¿Han olvidado los responsables del Ayuntamiento de Madrid que están allí fundamentalmente para proteger a los madrileños y posibilitar que vivan en las mejores condiciones posibles? El tribunal así lo ha entendido y no ha dudado en dejar en suspenso la moratoria al considerar que, de no hacerlo, se podrían producir daños irreparables.
Existen ya signos de que situaciones como esta pueden darse en los próximos cuatro años. Cuando terminó el ciclo electoral el pasado 26 de mayo se generó el espejismo de que España entraba en un periodo de estabilidad política con cuatro años por delante para gestionar los asuntos públicos. Con buena parte de los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, el gobierno de España y los representantes europeos recién elegidos, se iniciaba un periodo sin convulsiones electorales –más allá de Cataluña, por supuesto–, que permitiría dejar atrás las políticas de gestos, la búsqueda del efectismo o los enfrentamientos simulados. Cuatro años para buscar puntos de encuentro y empezar a hacer política. Hoy tenemos ya buenos indicios de que estamos ante justo lo contrario.
Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid con este ridículo episodio que ha escandalizado a la opinión pública dentro y fuera de la península, como muestra este reportaje de New York Times, y que devuelve a España una imagen reaccionaria anclada en un pasado gris. Mucho me temo que no será el único episodio de estas características que veamos.
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Esta situación de inestabilidad y política hiperbólica es fruto de, al menos, tres factores: por un lado, de la incapacidad de llegar a acuerdos concretos para gobernar las instituciones desde el bien común; por otro, de esa falta de cultura democrática que insiste en hacer tabula rasa de todo aquello que se herede de otros; y finalmente, de un fenómeno propio de situaciones en las que aparecen formaciones políticas en el extremo del tablero, y que automáticamente arrastran al resto de posiciones hacia sí.
Las dificultades que hoy vemos para formar gobierno en Murcia con la espantada de Vox, en la Comunidad de Madrid con esa convocatoria de investidura sin propuesta de a quién investir, las turbulencias en La Rioja con IU rompiendo con Podemos y negociando con el PSOE, la incertidumbre de lo que acabe pasando en Aragón, y todo lo que rodea las maniobras para la elección de presidente del Gobierno de España no van a quedarse en eso. En pocas semanas muchas de estas incógnitas se habrán despejado y los gobiernos autonómicos e incluso –ojalá– el español habrán echado a andar.
Sin embargo, dado que la construcción de estos acuerdos, a izquierda y derecha, se está haciendo desde planteamientos de mínimos que en muchos casos sólo contemplan la investidura, y que la gran mayoría están basados en la desconfianza bajo un peculiar "Quiero gobernar contigo porque no me fio de ti" o "Fíate de mí pero no gobiernes conmigo", parece razonable pensar que la inestabilidad de estas semanas será sólo una seña de por dónde van a discurrir los próximos cuatros años: un tortuoso camino por el que el conjunto de administraciones públicas pueden encontrarse con rupturas de acuerdos y formación de nuevas mayorías, o tomas de decisiones de gran impacto imposibles de llevar a cabo. Mientras tanto, como nos decía el CIS hace unos días, más del 32% de los españoles sitúan a los políticos como su principal problema, cifra récord desde 1985. Otro daño irreparable, pero este es difícil que un juzgado pueda dejarlo sin efecto.
En el auto que suspende la moratoria de multas de Madrid Central puede leerse: "… corresponde a las Corporaciones Locales el control de las actividades susceptibles de afectar al valor del medio ambiente, y adoptar de forma eficaz las medidas necesarias y suficientes para impedir la persistencia de aquella contaminación y facilite el disfrute por las personas del derecho a un medio ambiente adecuado para desarrollo de estas, posibilitando la protección de otros valores, igualmente protegidos e interrelacionados con aquél, como son el derecho a la salud".