La obligación de todo gobierno

Hay muchas formas de entender la política y la acción de gobierno. Una de ellas es la del poder por el poder, desde el inicio de los tiempos. La otra consiste en marcar prioridades de transformación social y trabajar para hacerlas realidad. Dicho en forma poética, ensanchar el margen de lo posible para maximizar la felicidad de las personas, las que estamos y las que llegarán.

Hace unos días la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, me sorprendió con estas declaraciones: "La obligación de todo Gobierno es mantenerse y sacar su acción de Gobierno adelante, sobre todo cuando cree en ella". Pocas veces una conjunción es tan significativa: o es un error fruto del momento de confusión en que vivimos o un lapsus freudiano que dice cuanto esconde. Si la portavoz hubiera cambiado el "y" por un "para", la expresión hubiera sido irreprochable: una manifestación de que el Gobierno tiene un plan, unas propuestas que hacer realidad, y para ello debe seguir gobernando. Ahora bien, si mantenemos la conjunción copulativa la cosa cambia, porque sitúa en el mismo nivel de importancia mantenerse en el Gobierno que sacar su política adelante.

Más allá de las declaraciones, que bien pudieron ser fruto del acaloramiento al contestar por enésima vez sobre las intenciones del Gobierno de convocar elecciones o agotar la legislatura, el asunto reviste trascendental importancia en un momento como el que estamos viviendo. Lo que está en juego es el propio relato del Ejecutivo.

Con un parlamento fragmentado, un gobierno en minoría e intereses cruzados de los diferentes grupos políticos, el ciclo electoral que se ha iniciado con la convocatoria andaluza y que se extenderá, al menos hasta mayo, con autonómicas, municipales y europeas, a expensas de la convocatoria de elecciones generales, tiene unas reglas de juego poco exploradas en España, y que deberán ser aprendidas y ejercitadas por cada una de las fuerzas políticas.

Con mucha probabilidad vamos a asistir en el Congreso de los Diputados a eso que se llama la geometría variable. Es decir, un Gobierno en minoría que, para sacar adelante sus iniciativas, debe ser capaz de llegar a acuerdos con otros. Hasta aquí la cosa es sencilla, pero se empieza a complicar cuando se toman en consideración algunas reglas del juego:

En primer lugar, el acuerdo con los otros puede ser global o puntual. Es decir, el Gobierno de Sánchez puede mantener su línea de colaboración y pacto global con Unidos Podemos, o puede optar por acordar unas cuestiones con Podemos y otras con otros grupos.

En segundo lugar, estos acuerdos -tanto globales como puntuales- puede articularlos el Gobierno, pero también otros grupos de la oposición. Es cierto que en el panorama político español actual esto parece una posibilidad remota, pero hay asuntos clave como la reforma de la ley electoral que puede unir a grupos aparentemente incompatibles. No descubro nada nuevo si digo que la política hace extraños compañeros de cama.

Estas reglas implican tener siempre presentes los intereses propios y los de los demás. Y esto es aplicable tanto al Gobierno como al resto de grupos de la oposición. Sería complicado para Podemos, por ejemplo, desvincularse de las medidas ambientales recogidas en la propuesta de Ley de Cambio Climático. Podrán pedir más ambición y negociar requisitos para la Transición Justa, pero tendrían muy difícil justificar a sus electores la oposición a una norma así. De la misma manera que los grupos independentistas catalanes están teniendo más dificultades para argumentar sus desencuentros con un Gobierno que continuamente lanza emplazamientos para reforzar los escenarios de diálogo.

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Esta dinámica, aparentemente sencilla, cambia de forma radical la manera de hacer política en el Parlamento, y exige que cada grupo parlamentario disponga de los mejores equipos de negociación de que sea capaz.

Por otro lado, y aunque parezca lo contrario, el Gobierno puede obtener un margen amplio de acción si cambia el "y" por el "para". Es decir, si el Ejecutivo de Sánchez tiene claro el para qué de su acción de gobierno y es capaz de concretarlo en no más de cinco asuntos clave -con independencia de lo que ocurra con el nuevo presupuesto-, podrá negociar con unos y otros para hacerlo realidad. Si lo consigue, habrá alcanzado la acción de todo gobierno, formular los objetivos que identifican su propuesta y ensanchar el margen de lo posible, inmejorable carta de presentación para una campaña electoral.

Y si no, podrá convocar elecciones, cuando más le interese, con el argumento de que la aritmética parlamentaria no le ha permitido iniciar una reforma fiscal más justa, dignificar las pensiones, subir el salario mínimo, sacar adelante la Ley de Cambio Climático, incrementar las partidas sociales o echar abajo los aspectos más duros de la reforma laboral, por ejemplo. Todo un relato para un ciclo electoral si se abandona el "y" y se define de forma clara y pública el "para qué". Claro que esto, que vale para el Gobierno, también vale para el resto de grupos de la oposición. Es la hora de recuperar el parlamentarismo entendido como cámara de deliberación y negociación permanente.