El chantaje marroquí, algo más que una crisis diplomática

Las relaciones entre países siempre se establecen con una sonrisa en el rostro, un ábaco en la mano y un arma en la espalda. En un entorno capitalista la cuenta de resultados es el fin por el que se rigen las acciones, cualquier otra consideración resulta baldía. Que, en ocasiones, se imponga la sonrisa no es más que la habilidad para manejar el beneficio sin tener que recurrir a la fuerza, un método, la diplomacia, más que un fin en sí mismo. Suena desalentador para cualquiera que sitúe el humanismo como un principio irrenunciable, resulta tan peligroso como pueril situar los principios al margen de este contexto. Si queremos que el humanismo quede por encima de la cuenta de resultados no podemos pensarlo como una simple cuestión de principios.

La enésima crisis migratoria propiciada por Marruecos nos vuelve a mostrar lo peligroso de abandonar, también, la política internacional al libre mercado, como si el ansia por el beneficio fuera condición suficiente para que las relaciones fluyan amigablemente. Esta vez la excusa para que el régimen alauí desencadene un flujo masivo de inmigrantes a través de la frontera con Ceuta ha sido la decisión de prestar ayuda sanitaria en suelo español a un líder saharaui. Marruecos no sólo no se contenta con violar los derechos humanos y la soberanía en el Sahara, no sólo falta al respeto a la soberanía española sino que además utiliza a sus propios ciudadanos, y a otros inmigrantes africanos, como ariete para provocar una situación de caos directo en Ceuta e indirecto en la política española.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un país aumenta su agresividad frente al considerado rival cuando percibe debilidad interna. Si la política migratoria no es una cuestión de Estado es susceptible de percibirse como un flanco desprotegido al que atacar y así conseguir sus objetivos. Marruecos utiliza el chantaje migratorio para evitar que España tenga una posición definida y favorable hacia la República Saharaui, para consolidar su papel de liderazgo en el Magreb poniendo en dificultades a un Estado europeo fronterizo y, en el plano largo, para afirmar su expansionismo con Ceuta, Melilla y las Canarias. En el ámbito económico, por otro lado, Marruecos presiona para obtener réditos directos, ejerciendo de guardabarreras subcontratado y en el indirecto esperando obtener beneficios comerciales para calmar la situación. Así ha resultado en las últimas décadas.

No se exige que la oposición no pueda ejercer su labor parlamentaria de control de esta situación como de cualquier otra. Sí parece conveniente que Pablo Casado no utilice de manera mezquina, como ya ha hecho, el chantaje marroquí como un elemento de desgaste: las primeras declaraciones del líder popular deberían haber sido un mensaje al régimen marroquí, no una andanada contra Sánchez, algo poco esperable teniendo en cuenta que Casado se estrenó electoralmente en 2018 copiando el discurso migratorio a los ultras. Tener un jefe de la oposición que piensa más en su futuro político que en el país, que cambia de rumbo dependiendo de los éxitos del ala trumpista de su partido, no pasa desapercibido fuera de nuestras fronteras. Mención aparte, como siempre, merece Santiago Abascal, que no ha perdido ocasión para montar un numerito tan oportunista como traidor e incendiario: el patriotismo también calculador.

El Ejecutivo de Sánchez ha tenido que desplegar al ejército para mantener la situación en Ceuta bajo control, lo que demuestra que el intento de calmar las aguas desde Exteriores ha sido del todo menos eficaz. La Casa Real presume de tener excelentes relaciones de amistad con Mohamed VI, lo cual, visto lo visto, ha resultado poco útil para un asunto como este. La comparecencia de Sánchez ha sido más dura de lo previsto, trasladándose a la ciudad autónoma y declarando la defensa de las fronteras como derecho irrenunciable. Aun así, el haber llegado a este extremo contrasta con la actuación en otros ámbitos de la política internacional española, especialmente la referida a países como Venezuela, los cuales no ejercen una política nociva para España pero que sin embargo son tratados con displicencia, paternalismo e injerencia.

La política migratoria, una que tenga como principio rector los derechos humanos, pero que se base en una capacidad real de absorción laboral de un país que atraviesa una crisis económica notable, no puede dejarse al azar. Da la sensación de que el miedo en el cortoplacismo electoral a decepcionar al electorado propio hace que nadie se atreva a plantear un gran acuerdo de Estado al respecto: estas son nuestras líneas, independientemente del partido en el Gobierno, y no las vamos a variar por un chantaje. Por desgracia, este planteamiento suena cada vez más a ciencia ficción en nuestro escenario político, agitado cada vez más por el populismo derechista.

La UE, que ha sido humillada por el turco Erdogan en ya unas cuantas ocasiones, se ha limitado a recordar a Marruecos que las fronteras españolas son fronteras europeas. El problema es que, en ocasiones anteriores, como en el caso italiano o el canario, da la sensación que la UE no da el valor debido a Frontex, que acude más como un bombero ante la catástrofe antes que como un organizador que se anticipe a ella y la evite: están en juego vidas. Contrasta, de nuevo, el lenguaje empleado por Josep Borrell, alto representante de la UE para Exteriores y Seguridad, en conflictos como el Ruso y el Bielorruso y su silencio cuando el conflicto ocurre en las fronteras españolas o, por qué no decirlo, en un país como Colombia. Haríamos bien en tener en cuenta que Bruselas, que parece un apéndice de Washington más que un socio, perjudica constantemente sus intereses cuando sólo se adapta al contexto internacional teniendo en cuenta los intereses ajenos norteamericanos.

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Esos intereses, los de Estados Unidos, se concretan en que Marruecos es su principal comprador de armamento por varios miles de millones de euros apalabrados en esta próxima década: una de las últimas medidas internacionales de Trump fue reconocer las pretensiones del régimen alauí sobre el Sahara. España no puede responsabilizarse de la política marroquí que mantiene sumida a su población en la pobreza mientras que Mohamed firma la adquisición de los F-35, el más moderno avión de combate existente en el espacio OTAN. La solidaridad no puede ser el desahogo humanitario del expansionismo militar marroquí: costear con dinero público la ineficiencia en su control de fronteras mientras que se compra material militar no parece de recibo.

Por último, la izquierda adopta un cómodo pero ineficiente papel apelando a los derechos humanos. Como en otros muchos casos, los principios, incluso los irrenunciables, no pueden quedarse sólo en materia discursiva, sobre todo si queremos que se cumplan. No podemos olvidarnos que las monedas en este chantaje son personas, pero en este caso la izquierda no puede situarse equidistante en un conflicto “entre dos Estados”, cuando es una de las partes, la marroquí, la que azuza el problema.

Las apelaciones a la solidaridad tienen que tener en cuenta el contexto, uno donde quien emigra no siempre lo hace por propia voluntad, uno donde importaría más el desarrollo en las zonas de origen que los llamamientos a la acogida, uno donde se denuncian las catástrofes pero nunca se habla de las mafias de tráfico de seres humanos que las provocan, y uno donde pesa demasiado la desigualdad internacional pero donde, algunos Gobiernos, en connivencia con los europeos y norteamericanos, desprecian el bienestar de su población. Y ahí, por antipático que resulte de leer, la izquierda, tanto social como política, flaquea de propuestas concretas. Es hora de hacerlas, sobre todo si no queremos que los ultras rentabilicen la situación.