Se van a cumplir tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. Con ella se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.
Su objetivo era garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por las Administraciones. La reforma se produjo en un mes, por una vía rápida, con un acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta ciudadana. Entonces, la economía española vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI, de Merkel y de la Comisión Europea.
De ahí que el Gobierno del Partido Socialista decidiera pactar con el PP un nuevo texto para el artículo 135, pensando que era la solución a las amenazas de la crisis, que serviría al objetivo de la estabilidad presupuestaria y que contribuiría a mejorar la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones de pago de la deuda pública y del control del déficit.
El 26 de agosto de 2011, Sáenz de Santamaría y Montoro dijeron que "la reforma constitucional del 135 pone a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales". Pero lo cierto es que la incorporación de aquellos compromisos al texto constitucional ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes e involución social. Además, la decisión provocó, y aún arrastra, fuertes críticas al PSOE que mermaron la credibilidad de su compromiso con un reparto justo de las consecuencias de la crisis.
El 135 fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española –con la prima de riesgo superando los 300 puntos– que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público. No olvidemos que el Banco Central Europeo daba la espalda a las dificultades que atravesaban los Estados del sur de la zona euro y no tenía disposición a utilizar mecanismos para la adquisición de bonos en los países más endeudados, con una alta tasa de paro y con graves crisis de gobernabilidad.
Tras la polémica reforma constitucional se aprobaron varias normas complementarias. Así, en marzo de 2012, el Tratado de Estabilidad Fiscal, Coordinación y Gobernanza incluyó: a) la regla del equilibrio presupuestario para garantizar que el déficit público para cada Estado no exceda del 3% de su PIB y la deuda no sea superior al 60% de su PIB; b) un mecanismo de supervisión económica y presupuestaria; c) una atribución de competencias y sanciones a los órganos de la Unión Europea para reforzar sus poderes ejecutivos sobre los Estados que tengan un déficit excesivo.
Por su parte, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, el Congreso aprobó en abril de 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contó con el voto en contra del PSOE al considerar Rubalcaba que "nos llevaría a más recesión" y por las razones expuestas por el portavoz socialista, Pedro Saura, en el debate plenario del 12 de abril. La Ley del Gobierno Rajoy desarrolló los principios y concretó los mecanismos citados en el artículo 135 pero, como era previsible, se aprovechó de aquel paraguas para justificar la oleada de recortes sociales, sacrificios y privatizaciones.
El Gobierno del PP, en su política económica y fiscal, no ha querido hacer compatible una razonable austeridad con la preservación del gasto social y con la recuperación del crecimiento económico para combatir el paro. La crudeza de la crisis, la recesión y las consecuencias de las medidas acordadas por la política neoliberal de Rajoy están siendo soportadas por las clases medias y los sectores más humildes. Mientras, entre las élites se multiplican los casos de evasión y fraude fiscal amparados por un Gobierno que aprobó una amnistia fiscal o que se niega a publicar la lista de los grandes defraudadores tras haberlo prometido.
Podemos afirmar que la reforma constitucional de poco sirvió ya que un año más tarde, en 2012, la prima de riesgo alcanzó un nivel récord con 694 puntos básicos, lo que provocó un rescate –al que Rajoy llamó préstamo– por parte de la Troika para sanear el sistema financiero español y con consecuencias graves sobre el cómputo de la deuda pública.
Han transcurrido tres años, tiempo suficiente para sacar conclusiones de los efectos reales de unas medidas que no han sido útiles para el crecimiento y la generación de empleo, ni para bajar el volumen de la deuda o cumplir las previsiones de déficit. Hay datos sobrados para la reflexión que nos deben llevar, en un ejercicio de autocrítica, a la revisión de las reglas nacionales y europeas sobre la estabilidad presupuestaria. Y confío en que los diputados y diputadas del PSOE, en defensa del Estado social y democrático recogido en el artículo 1.1 de la Constitución, presentemos las iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía haciendo todo lo necesario para recuperar y garantizar en la propia Constitución sus derechos y prestaciones sociales.
La actual redacción del artículo 135 ha de ser revisada en el marco de un proceso constituyente que resulta urgente, de forma consensuada y en conjunción con la búsqueda de nuevas soluciones desde la Unión Europea (UE) para impulsar el crecimiento. O bien mediante una revisión puntual del maldito artículo. De lo contrario, no rectificar y mantener el texto del artículo 135 supone restar toda credibilidad al compromiso de reconstruir el Estado del bienestar.
Además, debemos instar al Gobierno español a negociar ante Bruselas, de la mano de otros gobiernos de la UE, las reformas en el Tratado o Pacto Fiscal y en la norma contable para flexibilizar las reglas europeas sobre la estabilidad presupuestaria y disciplina fiscal y defender que esas normas prevean un adecuado nivel de derechos sociales para la ciudadanía europea. Por tanto, hay que cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público, excluyendo el tanto por ciento de gasto en educación, sanidad, dependencia e investigación, que son elementos centrales del Estado del Bienestar y de una economía sostenible.
En definitiva, se trata de conseguir que la situación de equilibrio presupuestario se compute a lo largo del ciclo económico, la eliminación del déficit cero y fijar un déficit estructural a partir de 2020 que no supere el 0,5 % del PIB nominal, flexibilizar los objetivos en la senda de transición, eliminar la prioridad absoluta del pago de la deuda y garantizar un nivel suficiente de prestaciónes sociales que atiendan las necesidades ciudadanas.
Canción triste de todos los veranos
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Odón Elorza
es diputado del PSOE por Gipuzkoa en el Congreso
Se van a cumplir tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. Con ella se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.