Nadie tiene un plan B

En algunos asuntos, la crisis ha generado una distancia creciente entre lo que opina la sociedad española y lo que opinan sus élites políticas, económicas e intelectuales. Quizá en ningún otro tema se aprecie mejor esa distancia que en el del apoyo a la Unión Europea. Mientras que la mayoría de la población ha adoptado una posición crítica con las instituciones y políticas de la Unión Europea (UE), las élites en España continúan con sus odas a Europa.

El Eurobarómetro, la encuesta que semestralmente realiza la Comisión Europea en todos los Estados miembros, muestra que una mayoría de españoles desconfía de la UE. Por ejemplo, en estos momentos menos del 20% de los españoles confía en el Parlamento Europeo, una cifra por debajo incluso del país más euroescéptico de todos, Reino Unido. La misma pauta se observa con respecto a la confianza en la propia Comisión, también por debajo del 20%. Asimismo, ha caído mucho el porcentaje de gente que afirma que sea bueno para España pertenecer a la UE.

El recelo de la sociedad española es comprensible. Al fin y al cabo, la UE, con la Comisión y el Banco Central Europeo a la cabeza, han impuesto las políticas de austeridad que tan dañinas están resultando para el crecimiento y la igualdad. A pesar de todos los recortes, ajustes y reformas estructurales, España sigue estancada, la deuda pública no deja de crecer (de hecho, lo hace cada vez más deprisa) y la desigualdad social se ha disparado. Un fracaso en toda regla.

Aunque, por supuesto, no toda la culpa es de la UE y del euro, fuera de nuestro país es común reconocer que la burbuja crediticia e inmobiliaria que generó la crisis es en buena medida consecuencia de los incentivos perversos que se crearon dentro del área euro, que llevaron a los países del Sur a endeudarse demasiado y a los países del Norte a prestar excesivamente, así como que gran parte de la responsabilidad en la crisis de la deuda y las políticas de austeridad recae en el dogmatismo y rigidez del Banco Central Europeo.

Ni siquiera esto se admite siempre en España. Muchos de nuestros economistas liberales siguen convencidos de que lo mejor para el país es que nos impongan desde la UE políticas de ajuste draconiano. Algunos, sin embargo, llegan a coincidir en el diagnóstico que acabo de describir, pero en lugar de adoptar una posición crítica, redoblan la apuesta, una reacción típica del jugador desesperado que ve cómo se esfuma su fortuna y decide jugárselo todo a una última carta. Redoblar la apuesta consiste en fiar la salida de la crisis a una transformación federal de Europa, lo que supone, entre otras cosas, la mutualización de las deudas (eurobonos), la armonización fiscal, la unión bancaria y un papel más activo del Banco Central como prestamista de última instancia.

Todos podemos estar de acuerdo en que a España le iría mejor que en la actualidad si esa transformación tuviera lugar. Pero ¿qué pasa si esta no llega, o si tarda demasiado en llegar, mientras el país se desangra con tasas de paro intolerables, empobrecimiento de la población y resquebrajamiento del Estado de bienestar? ¿Qué pasa si Alemania veta los cambios?

Con otras palabras, ¿cuál es el plan B si el ideal de más Europa no se lleva a término? Es muy loable que nuestras élites conserven sus esperanzas en el futuro de una Europa más unida. Sin embargo, si estas esperanzas no se materializan, ¿qué le toca a España? ¿Resignarse a vivir en una unión monetaria que se ha vuelto para nosotros una ratonera?

En realidad, si España de verdad quiere contribuir a la federalización de Europa y al perfeccionamiento de la unión monetaria, debería dejar claro que si no se produce el cambio en la dirección deseada, lo mejor que podemos hacer es marcharnos del área euro. Así no vale la pena seguir: el statu quo nos condena al fracasostatu quo.

Una amenaza de retirada pondría a Alemana en una posición menos confortable de la que disfruta en la actualidad. Alemania no sólo es el país refugio de todos aquellos que tienen su capital en euros, sino que impone sus puntos de vista y su política a todo el resto de la UE. Está germanizando a todos los estados miembro en materia de política económica. En esas condiciones, ¿qué razones tiene para moverse y tomarse en serio la demanda de federalización económica?

Supongamos que España o, aún mejor, una coalición de países afectados por las irracionales y dañinas políticas de austeridad, anuncia que su objetivo es una reforma de la UE y el euro, basada en una mayor integración, pero que si esta no se produce de forma efectiva y rápida, no tendrá más remedio que salirse del área euro. Ante un anuncio así, Alemania tendría que reconsiderar su posición. La marcha de España sería un golpe muy fuerte para el euro (aunque solo sea por el tamaño de nuestra economía) y tendría un efecto contagio sobre países más pequeños, como Grecia, Irlanda y Portugal. Significaría probablemente la quiebra definitiva de la unión monetaria.

Una amenaza de este tipo podría ser el revulsivo necesario para provocar una reforma que es indispensable para el futuro de España. Lo que no parece que nos vaya a llevar muy lejos es la actual proliferación de declaraciones, tribunas y debates que concluyen con cantos líricos a la integración europea. Hay pocos signos de que Alemania vaya a cambiar así su postura.

A mi juicio, la posición de España ante la UE debería ser condicional: sí a una Europa más integrada y menos alemana, pero no a la continuación del statu quo. Si la Europa que necesitamos no es factible, porque Alemania se ha vuelto demasiado poderosa, o porque se ha abierto una brecha demasiado profunda entre países acreedores del Norte y países deudores del Sur, entonces hay que plantearse abiertamente la salida del euro: dentro del mismo, si todo sigue igual, no tenemos futuro.