¿Cómo podemos reducir la desigualdad?

Ha costado unos cuantos años, pero al final todo el mundo ha acabado reconociendo que la desigualdad producida por la crisis económica y por las políticas que se han seguido durante la misma es un problema grave. En este sentido, la publicación del famoso libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, ha marcado un punto de inflexión: incluso el establishment ha empezado a hablar de desigualdad como un motivo de preocupación para el futuro.

Una vez admitido que la desigualdad ha aumentado escandalosamente en España, y que ha sucedido así en mayor medida que en otros países europeos, la cuestión es cómo reducirla. La forma clásica de combatir la desigualdad por parte de los gobiernos socialdemócratas europeos ha consistido en redistribuir hacia quienes menos tienen a través de las transferencias y servicios sociales del Estado de bienestar. El gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en ayudas a las familias, en subsidios de desempleo y en otras políticas sociales han sido los instrumentos tradicionales para corregir las desigualdades que el mercado genera.

Pero hemos visto cómo durante las últimas décadas el Estado de bienestar no consigue contener la desigualdad. Antes de la crisis, la desigualdad creció enormemente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los años de Clinton y de Blair no sirvieron no ya para reducir los índices de desigualdad, sino ni siquiera para frenar su crecimiento. Eso no quiere decir que sus políticas fueran inútiles. Por ejemplo, uno de los méritos que cabe atribuir al laborismo de la Tercera Vía fue una reducción importante de la pobreza infantil, que hasta mediados de los 1990s era tan elevada como en EEUU y luego bajó espectacularmente con los gobiernos de Blair y Brown.

Pero más allá de estos logros parciales, los gobiernos moderadamente progresistas de estos dos países no lograron evitar que sus sociedades continuaran volviéndose más desiguales. Algo similar ocurrió con la Alemania de Schroeder: hay mucho debate en aquel país sobre si las reformas de la Agenda 2010 han sido la causa del buen rendimiento económico en la etapa del euro, pero lo que no cabe duda es que dichas reformas coinciden con el inicio del considerable aumento de la desigualdad en Alemania. En otros países, la desigualdad se ha desbocado con la llegada de la crisis económica, siendo España el caso más sobresaliente (en un artículo anterior ofrecí algunos datos al respecto).

¿Cómo se puede luchar contra la desigualdad más allá de la redistribución clásica del Estado de bienestar? Anthony Atkison acaba de publicar Inequality. What Can Be Done? (Princeton University Press, 2015), un libro del que se hablará mucho en los próximos meses (Piketty lo ha reseñado entusiastamente en New York Review of Books). Atkinson es un economista fuera de serie: lleva décadas estudiando la desigualdad, cuando este era un tema despreciado por su profesión. Es un investigador serio y riguroso, sin estridencias, que en esta ocasión ha elaborado un trabajo en el que se permite hacer propuestas destiladas a partir de sus vastos conocimientos sobre la materia.

El libro contiene quince propuestas, unas factibles en el corto plazo, otras requerirán más tiempo para ser puestas en práctica. Algunas de ellas, que son las quiero comentar aquí, desbordan el marco redistributivo del Estado de bienestar y tratan de compensar el desequilibrio de poder que se ha producido entre capital y trabajo durante la revolución neoliberal de los últimos 35 años. La clave es que estas propuestas alteran las relaciones de poder económico mediante una intervención política, con el fin de que no llegue a surgir la desigualdad (en cuyo caso no será necesario luchar por reducirla). Es lo que a veces se llama predistribución, frente a la redistribución que se realiza a través de los programas de transferencias.

No puedo hacerme cargo en un artículo como este de todas las propuestas y razonamientos de Atkinson. Me gustaría señalar algunas de ellas que resultan especialmente rompedoras y que deberían servir para un debate en profundidad sobre las políticas que pueden ofrecer los anquilosados partidos socialdemócratas de los países desarrollados.

La primera de ellas consiste en convertir al Estado en empleador de última instancia. Esto significa que el Estado garantizará el pleno empleo ofreciendo empleo público con salario mínimo a todos aquellos que estén buscando trabajo. Estas personas podrán dedicarse a realizar funciones que el Estado tiene dificultades para cubrir: atención a niños pequeños, colegios, cuidado de ancianos, bibliotecas y otras actividades de servicio público. No sería entonces necesario seguir financiando el subsidio de desempleo, la gente en paro contribuiría a la comunidad, se reforzaría el sector público y el valor del trabajo se incrementaría. (En Luces Rojas de infoLibre Stuart Medina analizó esta propuesta con mayor detalle hace unas semanas).

La segunda propuesta sobre la que me gustaría llamar la atención es la de garantizar un acceso más igualitario al capital siguiendo las ideas sobre el igualitarismo de activos de Bruce Ackerman y Anne Alstott. Se parte del principio de que todo ciudadano tiene derecho a una participación en la riqueza colectiva creada por las generaciones anteriores. Puesto que la herencia familiar es un mecanismo que produce gran desigualdad, lo que Atkinson defiende es que todo ciudadano reciba al llegar a la edad adulta una “herencia social” que equivalga, aproximadamente, al doble del ingreso mediano anual de una familia (esto se financiaría mediante un impuesto del 2% sobre la riqueza personal). Con este capital, las personas tendrían más oportunidades para poner en práctica sus proyectos vitales.

La tercera propuesta busca la protección del pequeño ahorrador, sobre todo del pequeño ahorrador jubilado. En muchos países desarrollados, la tasa de interés del pequeño ahorro es negativa. Las personas jubiladas ven cómo el paso del tiempo va reduciendo el valor de sus ahorros. Para corregir esta situación, Atkinson sugiere que el Estado garantice mediante unos bonos especiales un tipo de interés positivo a los ahorros (hasta alcanzar un máximo por persona).

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La cuarta propuesta parte de la constatación de que durante la revolución neoliberal el valor del sector público ha ido reduciéndose como consecuencia de las privatizaciones y del creciente abandono de los programas de vivienda pública, así como del aumento de la deuda pública. Para paliar este problema y que el Estado no sea excesivamente débil con respecto a los poderes económicos, Atkinson apoya que el Estado cree un Fondo de Inversión Estructural para que el valor neto del Estado sea mayor.

Estas cuatro propuestas suponen un cambio en las relaciones de poder económico. Pretenden, en última instancia, que ciudadanos, trabajadores, ahorradores y sector público tengan mayores recursos frente a la presión de los grupos financieros. Sólo así será posible cambiar de políticas y abandonar de una vez las recetas neoliberales (privatización, desregulación, flexibilidad laboral, reducción del papel de Estado) que han generado tanta desigualdad en el pasado.

Es necesario, sin duda, seguir defendiendo, ampliando y corrigiendo el Estado de bienestar. Pero si aspiramos a sociedades más justas, será necesario ir más lejos, usando el poder político para poner límites al poder económico del capitalismo global. Según lo entiendo, la socialdemocracia, si no quiere quedarse fuera de juego, debe entrar cuanto antes en este debate y considerar seriamente el tipo de propuestas que ofrece Atkinson en su libro Inequality. What Can Be Done?