El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y su séquito de consejeros y guardaespaldas montaron en los coches oficiales tan pronto acabó una rueda de prensa en la que el líder de turno del PP aborigen justificó, con balbuceante inconsistencia, los motivos innegociables que imponían el cierre de la radiotelevisión pública. Era el penúltimo episodio de una decisión atropellada cuyo impacto, costes políticos y trascendencia social el PP no ha calibrado en toda su magnitud. Pero órdenes son órdenes, y la derecha indígena tiene bien interiorizado el primer verso del himno regional, que establece lo de “ofrendar nuevas glorias a España”.
RTVV es la penúltima ofrenda de las autoridades periféricas al altar mariano del sacrificio en aras de la austeridad, la recentralización del Estado, la voladura de servicios públicos y la imposibilidad de disponer de un aparato de propaganda en exclusiva para las excrecencias del régimen. El PP, digámoslo claro, nunca entendió la necesidad de los medios audiovisuales de titularidad pública, ni la propia estructura autonómica del Estado, salvo para hacer caja.
Dos días de infarto que comenzaron el martes por la mañana, cuando el Tribunal Superior de Justicia valenciano dictó una sentencia de nulidad contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que desde hace un año y hasta el 31 de agosto pasado, dejó en la calle a un millar de trabajadores de la radio y televisión públicas. Paralelamente, la mayoría absoluta del PP en las Cortes Valencianas había tejido una ley ex profeso, por la que se derogaba la que creó RTVV en 1984. La Generalitat asumía una deuda acumulada de unos 1.500 millones de euros y la nueva RTVV –rebautizada Nou por los nuevos directivos mediante una súbita campaña de marketing para intentar borrar el pasado- nacía libre de polvo y paja, sin acreedores y con expectativas de cerrar 2013 con beneficios tras haber consumado la privatización de buena parte de sus franjas horarias de programación.
Es decir, que Fabra cierra un servicio público sin déficit, no sin antes embestir contra el Estatuto de Autonomía vigente y contra la abogacía de la Generalitat que recientemente calificaba como “servicio público esencial” la RTVV. Para que nada falte en esta falla improvisada fuera de temporada, no han faltado dirigentes ni consejeros del PP que horas antes de consumar el golpe a la griega propagaban el mantenimiento “sí o sí” de los medios públicos.
En su camino de salvación trazado desde Moncloa, Fabra ha sacrificado en su telaraña de mentiras a su persona de confianza en RTVV: la directora general, Rosa Vidal. A diferencia de Rajoy, el presidente todavía no domina las bondades del monitor de plasma y el comunicado oficial colgado en la web de la institución, bien entrada la tarde del martes, prácticamente responsabilizaba a Vidal de la sentencia adversa que obligaba a echar la persiana.
Sin embargo, el tribunal de justicia, tras dos sesiones consagradas al ajuste de cuentas entre exdirectivos que participaron en el hundimiento de RTVV, determinaron que la chapuza estaba en el origen y ejecución, y no en el cierre del ajuste: una limpieza étnica que dejó en la casa a la parte sustancial de empleados afines al PP. Antes de su huida tras la fúnebre rueda de prensa, Fabra justificaba el entierro de la primera empresa audiovisual valenciana por mor de la salvación de las escuelas y los hospitales públicos: los mismos centros educativos que siguen sumidos en barracones de penuria y los hospitales cuya gestión anhela privatizar.
El presidente dijo carecer de fondos para readmitir, como dictaba la sentencia judicial, al millar de trabajadores arbitrariamente despedidos. Omitió, en cambio, que sí contaba con los millones necesarios para abonar las indemnizaciones en el caso de que la sentencia fuera improcedente y no de nulidad. Fabra, sumiso y sobrepasado, advierte que la decisión es innegociable. Con Rajoy, se entiende. Porque los sindicatos siguen esperando a negociar una racionalización de la casa con criterios objetivos y dentro de la legalidad.
La Audiencia Nacional declara justificado el despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana
Más de tres lustros con gobiernos de la derecha en la Generalitat explican el hundimiento de una RTVV saqueada, desprestigiada y manipulada, siempre al servicio del PP. Durante el mandato de Eduardo Zaplana, para ocultar el déficit oficial, se centrifugó a través de empresas públicas. Años después, ya con Francisco Camps en el Consell, la deuda en RTVV alcanzó una cifra multimillonaria. Atrás queda un jefe de recursos humanos implicado en acosos sexuales o el sumario valenciano de la trama Gürtel, donde el exdirector general de Canal 9, Pedro García, se apartó 500.000 euros del enorme montaje a propósito de la visita del Papa a Valencia. Entre otros excesos, como el constante suministro a los clubes de fútbol por contrapartidas insólitas.
La última página de RTVV está por escribir. Al PP le espera un Gólgota de impugnación social y movilizaciones. ¿Recuperará la radiotelevisión pública la izquierda, si vence en las urnas? El régimen ya no da para más.
Manuel S. Jardí es periodista de la Ràdio Televisió Valenciana desde su creación y en la actualidad es consejero de administración de RTVV a propuesta de Esquerra Unida del País Valencià.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y su séquito de consejeros y guardaespaldas montaron en los coches oficiales tan pronto acabó una rueda de prensa en la que el líder de turno del PP aborigen justificó, con balbuceante inconsistencia, los motivos innegociables que imponían el cierre de la radiotelevisión pública. Era el penúltimo episodio de una decisión atropellada cuyo impacto, costes políticos y trascendencia social el PP no ha calibrado en toda su magnitud. Pero órdenes son órdenes, y la derecha indígena tiene bien interiorizado el primer verso del himno regional, que establece lo de “ofrendar nuevas glorias a España”.