No sabemos cuánto aguantan las instituciones cuando se foguean de manera continua. Cuánto cala en la sociedad un señalamiento permanente que traslada la idea de que el sistema no funciona. Claro que hay jueces dejándose llevar por sus pulsiones políticas y vulneran a ojos de todos su obligatoria neutralidad. Los hay, los conocemos, y hemos traído algunos casos a esta columna. Son excepciones, graves, pero minoritarias. Pero una cosa es analizar decisiones e instrucciones cuestionables y otra linchar a las altas instituciones con el fin de invalidarlas. No hay mejor retrato de colonización institucional que los cinco años de bloqueo del Poder Judicial dejados atrás. Y no hay mayor daño infligido que los insultos teledirigidos a los que ha vuelto el PP.
El salto que ha hecho Alberto Núñez Feijóo pasando de reforzar su liderazgo con un gran pacto de Estado a echarse al monte contra el Constitucional ha ocurrido tan rápido que cuesta dar crédito. El presidente del PP, en su entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, dio el primer paso de una estrategia seguida por el coro de voces del partido esa misma mañana. De llamar "inmoral” a Cándido Conde-Pumpido a “borradores de la corrupción” y brazos ejecutores del Gobierno.
El acuerdo de la renovación del CGPJ tenía que servir para frenar este desvarío. Un ejemplo. El vocal del CGPJ José María Macías ha sido de los más activos contra Pedro Sánchez. Decenas de declaraciones servirían para apartarle de los recursos contra la ley de amnistía. Desde la firma del acuerdo, Félix Bolaños no ha entrado en descalificaciones y ha avalado el “excelente” perfil jurista de Macías hasta exagerar méritos. Con la nueva dinámica, si el PP vuelve al barro contra los jueces progresistas en pocos días estaremos de nuevo en el barro para todos.
El Estado de derecho funciona si lo controla el PP y el Constitucional solo emite fallos justos si le dan la razón. Es como lo que dijo Marta Ferrusola cuando Jordi Pujol salió del Gobierno y llegó José Montilla: “Es como si hubieran entrado a robar en casa
Cambiar el sistema de elección de los miembros del Constitucional o reforzar las garantías de sus funciones tiene un debate. Pero cerrar un pacto con la entrada de Macías y después negar la legitimidad del Constitucional es tan incongruente que no lleva más que a la tierra quemada de la que veníamos. El sistema actual ha sido utilizado para meter afines por el PP y el PSOE. La derecha ha utilizado su cuota para meter a jueces y cargos en el Constitucional. El presidente Francisco Pérez de los Cobos estaba afiliado al PP; Andrés Ollero fue diputado popular durante cinco legislaturas; y Enrique López entró en 2013. Y lo ha vuelto a hacer eligiendo a José María Macías (vocal sublevado contra el Gobierno desde el CGPJ). El PSOE ha hecho lo mismo antes y ahora con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo o la exmiembro del Gabinete de Presidencia Laura Díez.
El desempate viene cuando el Tribunal Constitucional es una “sucursal” y está “tomado” cuando pierde su mayoría conservadora. El Estado de derecho funciona si lo controla el PP y el Constitucional solo emite fallos justos si le dan la razón. De lo contrario, vuelta la dialéctica del golpe. Es un comportamiento similar a aquella frase atribuída a Marta Ferrusola cuando Pujol salió del gobierno y llegó José Montilla: “Es como si hubieran entrado a robar en casa”. Ni los gobiernos, ni los tribunales, ni sus mayorías, son de un solo signo.
El PP está actuando como Junts o Podemos cuando señalan a jueces desde la tribuna del Congreso y todos lo afeamos. Con la incongruencia de que los populares piden dimisiones y ahora hacen lo mismo. Sumado a otro agravante. El saliente grupo de vocales del CGPJ cargó contra Miriam Nogueras y Ione Belarra por criticar a Manuel Marchena o Manuel García Castellón, y mantiene el silencio cuando los ataques señalan a jueces y vocales progresistas.
Hasta ahora, el PSOE no ha calificado de inmoral al Tribunal Supremo a pesar del malestar con la interpretación de la ley de amnistía. Mientras, el PP llama “inmoral” al presidente del Constitucional porque en su día fue Fiscal General con José Luis Rodríguez Zapatero. Es antipolítico. Lo es cuando lo hace Miriam Nogueras y cuando lo hace Núñez Feijóo. ¿Qué diferencia hay entre La Toga Nostra de Puigdemont y el tribunal inmoral al que se refiere ahora el PP? Cargar contra los altos tribunales a discreción termina por desactivarlos como instituciones válidas para las mayorías. Las legislaturas pasan, el daño a las instituciones permanece.
No sabemos cuánto aguantan las instituciones cuando se foguean de manera continua. Cuánto cala en la sociedad un señalamiento permanente que traslada la idea de que el sistema no funciona. Claro que hay jueces dejándose llevar por sus pulsiones políticas y vulneran a ojos de todos su obligatoria neutralidad. Los hay, los conocemos, y hemos traído algunos casos a esta columna. Son excepciones, graves, pero minoritarias. Pero una cosa es analizar decisiones e instrucciones cuestionables y otra linchar a las altas instituciones con el fin de invalidarlas. No hay mejor retrato de colonización institucional que los cinco años de bloqueo del Poder Judicial dejados atrás. Y no hay mayor daño infligido que los insultos teledirigidos a los que ha vuelto el PP.