¿Cómo sería vivir en una España federal?

Si tenemos en cuenta que la Constitución española mantiene la mili, insulta a las personas con discapacidad, es explícitamente machista y perpetúa la desigualdad de los españoles a través de la financiación autonómica (ver aquí), pocos estarán en desacuerdo en la necesidad de su reforma.

Si, además, constatamos que en Cataluña tenemos un problema que no van a resolver Rajoy y Mas, que actúan ambos como dos zombies egoístas, entonces la reforma parece urgente. Tienen razón quienes dicen, como el propio Rajoy o el expresidente González, que no se puede ser equidistante con el Gobierno de España, que cumple la Ley, y con el president Mas, que ha decidido saltársela. Pero eso no quiere decir que todos pensemos que la única alternativa al separatismo es enviar los tanques a Cataluña. Muchos creemos que sería conveniente iniciar un proceso que reforme ese texto anticuadísimo, que protege, por ejemplo (art. 18), las comunicaciones por telégrafo, o que mantiene la pena de muerte para tiempos de guerra (art. 15).

El PSOE propuso hace ya mucho tiempo una reforma de la Constitución para convertir a España en un Estado verdaderamente federal. Al principio se despreció su propuesta. Ahora se cuestiona su concreción. ¿Cómo sería vivir en un Estado federal para una ciudadana o ciudadano cualquiera?

Una ciudadana en un Estado federal siente que los intereses de su territorio (región, comunidad autónoma, estado o como se llame...) están representados en una cámara específica con verdadera fuerza legislativa. En España, el Senado es una broma de mal gusto en ese sentido, porque mandan los partidos políticos y porque aquello se ha convertido en un asilo para políticos venidos a menos. Aquí no hay ningún sitio en el que Andalucía pueda debatir con Baleares sobre cuestiones de pesca. O que Cataluña defienda algo frente a Galicia.

Un ciudadano en un Estado federal sabe que hay ciertas cuestiones que no se pueden decidir individualmente: la defensa nacional, la política exterior, ciertos derechos básicos, los símbolos comunes que representan la identidad del conjunto, como la bandera o el himno... Eso no puede discutirse (o mejor, puede discutirse en la Cámara territorial correspondiente), pero tomadas las decisiones nadie debe contradecirlas.

Y, sin embargo, en un estado federal hay amplias competencias en muchas materias. Asesinar en un estado de los Estados Unidos puede suponer la silla eléctrica, mientras dos kilómetros más allá "sólo" se castiga con 20 años de cárcel. Los impuestos en Delaware son mucho más bajos que en California. Decidiendo sobre esas cuestiones, los estados, de algún modo, compiten entre sí por atraer para sí talento, gente o dinero.

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En un estado federal, la capital tiene cierta importancia, pero como lugar más o menos neutro de articulación de intereses políticos nacionales, como el DF mexicano, el Berlín alemán, o la ciudad de Washington. Y se les financia para que hagan ese papel. Pero las actividades del conjunto están distribuidas a lo largo del territorio. Nueva York es la capital financiera y por eso la Bolsa está allí. Silicon Valley está sin embargo en California, y hay ayudas federales para que el lugar siga siendo el paraíso de la innovación del mundo. Los mejores universidades están en Massachusets. Y no pasa nada. Al contrario. Por eso es razonable que si el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa están en Madrid, el Senado pueda estar en Barcelona y el Tribunal Constitucional en Cádiz... Nada impide que el Ministerio de Agricultura pueda estar en Valencia. Parece una tontería pero no lo es, poque la distribución de las instituciones por toda la nación logra a medio y largo plazo que la gente perciba, simple y llanamente, que no todo tiene que pasar por la capital.

Naturalmente, una concepción federal del estado respeta los derechos de los habitantes de cada territorio. Sí, todos los españoles somos iguales ante la Ley y tenemos los mismos derechos. Pero no se puede exigir competencias de mar para Extremadura, ni el bable asturiano puede pedir la misma protección que el catalán. En ese sentido, hay un derecho diferencial catalán, por supuesto, notablemente más amplio y ancestral que el hecho diferencial murciano o aragonés. Y deben ser las entidades federadas (los estados, o regiones, o comunidades autónomas), las que se entiendan entre sí para dimensionarlos y financiarlos, en función de su importancia. Y deben discutirlo entre sí, y no sólo con el Gobierno nacional.

Se dice que las competencias de las Comunidades Autónomas en España son superiores a las de muchos estados federados del mundo. Y es cierto. Pero hay una diferencia que no es para nada menor. Esas competencias son fruto de una negociación con un poder central, el Gobierno de España, que parece conceder o no según le viene en gana. No fruto de un debate sano y equilibrado y justo entre los territorios. Una España federal de verdad exige que sus diversos territorios, en proporción a su peso demográfico, histórico y cultural, se pongan de acuerdo en qué puede hacer cada cual y qué se paga entre todos, como si se tratara de los gastos de comunidad en un bloque de vecinos. Eso, por mucho que se empeñen algunos, en España no sucede hoy.