La reciente publicación del avance de resultados del Barómetro de noviembre’2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas aporta información valiosa sobre los índices y prácticas de participación social y política de la población española (confianza interpersonal, asociacionismo, voluntariado, etc.) que, sin embargo, ha sido utilizada con una notable tendenciosidad y falta de rigor por diferentes medios conservadores para dar una nueva vuelta de tuerca a la campaña antisindical.
La encuesta del CIS se basa en un total de 2.472 entrevistas realizadas a una muestra representativa de la población española mayor de edad, por lo que el universo de referencia son los 38.356.539 ciudadanos mayores de 18 años registrados por INE en 2013, casi el triple de los 13.747.700 trabajadores que, según la última EPA, integran la población asalariada española, sujeto potencial de la actividad sindical.
Así pues, hasta que el CIS no facilite el acceso al fichero de microdatos y puedan efectuarse las segmentaciones y cruces correspondientes, la más elemental cautela metodológica obliga a analizar la información disponible con la necesaria ponderación.
Sobre el conjunto de la población española mayor de 18 años el CIS fija una afiliación sindical del 7,4%, lo que equivale a un total de 2.838.400 afiliados que respecto del universo de referencia, la población asalariada, representa una tasa de afiliación del 20%, apenas tres puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria, que según datos oficiales de la Comisión Europea (Industrial Relations in Europe, 2010) se sitúa en el 23,4 por cien sobre el total de la población asalariada de la UE
La proyección efectuada ahora por el CIS coincide prácticamente con la derivada de la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT), realizada por el Ministerio de Empleo, sobre una muestra ampliamente representativa de la población ocupada (9.240 entrevistas), y que en 2010 situaba la afiliación sindical en 2.824.000 trabajadores asalariados (19% del total).
A este respecto hay que lamentar que en los últimos años se haya interrumpido la serie de ECVTs que, desde 1999, aportaba numerosos datos sobre las condiciones de trabajo, relaciones laborales y participación de los trabajadores, incluidos los relacionados con la afiliación y representatividad sindical, hurtando con ello a los investigadores, agentes sociales y opinión pública la información necesaria para evaluar el impacto de la crisis económica y la desregulación laboral.
Aún sin disponer, por el momento, del correspondiente fichero de datos que permitirá análisis más desagregados, los datos globales facilitados por el CIS no hacen sino confirmar las principales tendencias identificadas por la última ECVT, atendiendo a la distribución de la afiliación según variables demográficas y socioeconómicas. En el primer caso, la tasa de afiliación es mayor en los hombres que en las mujeres, aumentado según la edad y el nivel de estudios, con una antigüedad media de 11 años.
En cuanto a la condición socioeconómica, la afiliación sindical está muy vinculada a la actividad productiva, de manera que se reduce casi a la mitad entre los parados y resulta prácticamente irrelevante entre los jubilados, que representan más de la mitad del total de bajas registradas., registrándose los mayores niveles entre de técnicos y al de trabajadores cualificados.
Se trata, por lo demás, de pautas muy similares a las vigentes en los principales países de la Unión Europea, como acreditan los más recientes estudios comparados.
Prácticas asociativas y de participación social
El Barómetro del CIS aporta, asimismo, información relevante sobre las prácticas asociativas y de participación social de la población española, cuyo análisis puede contribuir a contextualizar adecuadamente la intervención sindical, su alcance real, potencialidades y límites.
Con carácter previo a las cuestiones relativas a la participación social, la encuesta del CIS inquiere sobre el grado de confianza interpersonal de la gente, alcanzándose un resultado medio del 4,67 en una escala de 0 a 10, registrándose los valores más altos de nuevo entre los profesionales y trabajadores cualificados y los más bajos entre jubilados y parados.
La cuestión no es baladí, pues se trata de un factor clave para entender el comportamiento social de los individuos, contribuyendo asimismo a explicar uno de los dilemas clásicos de la acción colectiva, el conocido como “paradoja del free rider”
Se trata de un tópico clásico de la teoría de la elección racional, analizado por Mancur Olson en su obra La lógica de la acción colectiva, para quien la decisión de afiliarse a una asociación se explica en término de maximización de la utilidad y relación coste/beneficio, lo que plantea la paradoja del “gorrón” u oportunista (free rider), según la cual en un colectivo que comparte intereses, siempre existe una fracción considerable de individuos para quienes el esfuerzo (coste) de la acción a realizar para proteger dichos intereses o generar los bienes correspondientes es mayor que la esperanza de obtener resultados significativos de dicha acción (beneficios), puesto que estos son públicos (accesibles también a quienes no participan en la acción para su consecución) y aquellos son siempre individuales. Este dilema sólo desaparece en la medida en que el individuo confíe en que los demás tienen unos intereses similares a los suyos, de manera que la confianza interpersonal constituye un factor determinante de la mayor o menor participación social y asociacionismo voluntario.
La Encuesta Social Europea fija en un 54% la tasa de participación asociativa en la UE, siendo la española considerablemente más baja (36%), como resultado de factores históricos, socioeconómicos, institucionales y culturales asociados a nuestra entrecortada trayectoria democrática, tardía industrialización, fragmentada estructura productiva e influencia del tradicionalismo católico.
Además de las propias características nacionales, dicha debilidad asociativa es común a los países del área mediterránea que comparten similares rasgos socioculturales, entre los que cabe destacar el peso de la institución familiar como elemento vertebrador de las relaciones interpersonales, lo que confiere una fuerte dimensión “comunitarista” a las formas más frecuentes de participación (caritativas, deportivas y festivas), superior a la del asociacionismo civil (políticas, sindicales, feministas…)
Existe, asimismo, una estrecha conexión entre las relaciones horizontales de confianza interpersonal y participación asociativa de los ciudadanos y su nivel de confianza vertical con las instituciones, siendo también esta última considerablemente baja en nuestro país, como acreditan recientes encuestas del propio CIS y estudios comparados de la OCDE.
Ambos índices mantienen una correlación inversa con la desigualdad de ingresos de la población, expresada por el coeficiente de Gini. Se trataría de una relación biunívoca, de forma que los mayores niveles de igualdad (países escandinavos y algunos centroeuropeos) potenciarían la confianza interpersonal, institucional y asociativa que, a su vez, contribuiría al desarrollo económico, lo que operaría asimismo en sentido contrario: a más desigualdad (países latinos, anglosajones y orientales) menos confianza y participación asociativa, según demuestra el citado estudio de la OCDE sobre indicadores sociales.
Si atendemos a sus objetivos constitutivos se puede distinguir entre asociaciones que persiguen bienes privados (deportivas, juveniles, culturales) y las que se dedican a la generación y promoción de bienes públicos (sindicales, de consumidores, feministas, de defensa de derechos humanos, etc.)
Mientras que las asociaciones productoras de bienes privados (accesibles sólo a los miembros de la asociación que los creo o gestiona) sólo requieren de un compromiso débil y una coordinación básica, las orientadas a la generación de bienes públicos (que pueden ser disfrutados por todos los miembros de la comunidad, independientemente de que participen o no en la asociación que los proporciona) entrañan mayor grado de compromiso y cooperación para superar el impacto desincentivador del efecto free rider.
La anterior clasificación se completa con la derivada de los diferentes ámbitos potenciales de intervención que en unos casos (partidos políticos, asociaciones deportivas, festivas, culturales, etc.) se corresponden con el conjunto de la población y en otros (sindicatos, patronales, asociaciones profesionales, estudiantiles, etc.) con colectivos específicos de la misma.
La encuesta del CIS aporta datos sobre 11 tipos de asociaciones sin distinguir entre sus objetivos constitutivos (provisión de bienes públicos o privados) ni ámbito de referencia (general o específico). Si bien la información resulta relevante, por cuanto permite identificar diferentes pautas asociativas vinculadas a la situación socioeconómica de los individuos, puede provocar –de no explicarse adecuadamente- comparaciones equívocas cuando no distorsiones interesadas.
Contrariamente a la información sesgada difundida por los medios conservadores, según los cuales las mayores tasas de afiliación corresponderían a las asociaciones caritativas o deportivas y las más bajas a, entre otras, los sindicatos, una adecuada ponderación conforme a los respectivos universos de referencia (el conjunto de la población en el primer caso y los trabajadores asalariados en el segundo) invierte claramente la relación, con una tasa de afiliación sindical en torno al 20% para los sindicatos (ratificada, además, por encuestas oficiales anteriores como la ECVT) y del 11% para las agrupaciones caritativas y deportivas.
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Rodolfo Benito Valenciano es secretario confederal de Estudios de CCOO y presidente de la Fundación 1º de MayoPere J. Beneyto Calatayud es profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Valencia
La reciente publicación del avance de resultados del Barómetro de noviembre’2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas aporta información valiosa sobre los índices y prácticas de participación social y política de la población española (confianza interpersonal, asociacionismo, voluntariado, etc.) que, sin embargo, ha sido utilizada con una notable tendenciosidad y falta de rigor por diferentes medios conservadores para dar una nueva vuelta de tuerca a la campaña antisindical.